Resolución conjunta 190/2026

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar" Resolución firma conjunta Número: Referencia: EX-2026-30860309-GDEBA-SEOCEBA - Sumario EDEA VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley N ° 11769 (T.O. Decreto Nº 1868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA, lo actuado en el EX-2026-30860309-GDEBA-SEOCEBA, y CONSIDERANDO: Que, por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita la instrucción de un procedimiento sumario administrativo iniciado a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A) sucursal SANTA TERESITA, con motivo de los incumplimientos detectados en el marco de la Auditoría de Seguridad en la Vía Pública realizada por OCEBA, a través de la Gerencia de Control de Concesiones, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2026 en las localidades de Las Toninas, Mar del Tuyú y Costa del Este, dentro de su área de concesión; Que en órdenes 3/8 lucen agregadas el Acta de la Auditoría realizada a la Distribuidora con relación a Las Toninas (ACTA-2026-30782801-GDEBA-GCCOCEBA), a Mar del Tuyú (ACTA-2026-30864743-GDEBA- GCCOCEBA) y Costa del Este (ACTA-2026-30865073-GDEBA-GCCOCEBA), el detalle de las anomalías detectadas y los registros fotográficos obrantes en NO-2026-30865649-GDEBA-GCCOCEBA, NO-2026- 30866136-GDEBA-GCCOCEBA y NO-2026-30866427-GDEBA-GCCOCEBA, respectivamente; Que el Área de Control de Calidad Técnica de la Gerencia de Control de Concesiones elaboró un informe expresando que “... sobre un total de 58 anomalías detectadas por el personal de OCEBA, no consta que la Distribuidora haya comunicado ningún caso normalizado, dando como resultado un grado de incumplimiento del 100%, razón por la cual y en opinión de este Área, estarían dados los supuestos para iniciar actuaciones tendientes a la aplicación de sanciones por el incumplimiento detectado respecto de las obligaciones establecidas en el numeral 7.6 del Sub Anexo “D” del contrato de concesión...” (orden 9); Que este Directorio, en su reunión del 26 de febrero de 2026 (Acta N° 4/2026) “... decidió instruir a esa Gerencia de Control de Concesiones a fin que, en lo sucesivo, en caso de incumplimientos detectados y no regularizados en el marco de Auditorías de Seguridad en la Vía Pública, independientemente del porcentaje de su regularización o normalización, se giren las actuaciones sin más trámite a la Gerencia de Procesos Regulatorios, para que, sin dilaciones, inicie sumario administrativo y eleve el pertinente proyecto de resolución a este Directorio...” (orden 14); Que, analizados los hallazgos de la auditoría de Seguridad en la Vía Pública y compartiendo el criterio del Área de Calidad Técnica, la Gerencia de Control de Concesiones remitió estos actuados a la Gerencia de Procesos Regulatorios, conforme la instrucción impartida por el Directorio a través del ME-2026-06754088-GDEBA- SEOCEBA; Que, llamada a intervenir la Gerencia de Procesos Regulatorios, expresó que conforme lo informado por la Gerencia de Control de Concesiones, lo decidido por el Directorio y los antecedentes obrantes en el expediente, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A) sucursal SANTA TERESITA habría incumplido con las obligaciones relativas a la seguridad en la vía pública establecidas en el Marco Regulatorio Eléctrico (orden 16); Que el artículo 15 de la Ley N° 11.769, prescribe que los agentes de la actividad eléctrica están obligados a mantener y operar sus instalaciones y equipos de manera tal que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública y a cumplir con los reglamentos que dicte la Autoridad de Aplicación y el Organismo de Control, en el marco de sus respectivas competencias; Que, en tal sentido, el artículo 62 inciso n) de la Ley N° 11.769, establece entre las funciones del Directorio del Organismo de Control, la de velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad; Que, la obligación primaria de mantener y operar las instalaciones de manera tal que no constituya un peligro para la seguridad pública se encuentra a cargo de los Concesionarios; Que el artículo 23 del Contrato de Concesión Provincial dispone que “...La instalación, en la vía pública o en lugares de dominio público, de cables y demás elementos o equipos necesarios para la prestación del SERVICIO PÚBLICO por parte de LA CONCESIONARIA, deberá realizarse en un todo de acuerdo a la normativa vigente. LA CONCESIONARIA será responsable de todos los gastos incurridos en la realización de tales trabajos, como asimismo, de los daños que los mismos puedan ocasionar a terceros o a los bienes de dominio público...”, y asimismo, el artículo 28 del mismo cuerpo normativo determina que “... la CONCESIONARIA deberá cumplimentar las siguientes obligaciones... a) Prestar el Servicio Público dentro del Área, conforme a los niveles de calidad detallados en el Subanexo “D”..., f) Efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos en el Subanexo “D”..., l) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la materia...”; Que el Marco Regulatorio impone a los Concesionarios la obligación de revisar y mantener que sus instalaciones en la vía pública resguarden la seguridad de la vida, integridad corporal, bienes de la persona y el medio ambiente en la prestación del servicio público de electricidad, con el fin de evitar accidentes o incidentes; Que esa obligación de revisar y mantener los equipos y/o instalaciones eléctricas, es de exclusiva responsabilidad de la Distribuidora y el ejercicio de dicha vigilancia, representa un compromiso constante y permanente del concesionario de obtener ese necesario y concreto resultado, como modo no solo de facilitar el más adecuado suministro de electricidad, sino, también de evitar que de su incumplimiento se deriven riesgos y/o daños a las personas y/o animales y/o los bienes de quienes se sirven de la energía, toman contacto o transitan por debajo de las instalaciones portadoras; Que, en materia de seguridad pública, la diligencia y premura que debe observarse resulta palmaria para los distribuidores de energía eléctrica atento a la índole de los intereses involucrados, la existencia de una situación irregular debería ser advertida mediante las revisiones periódicas que la distribuidora debe realizar sobre las instalaciones teniendo, además, la obligación de instruir a su personal para que informe cualquier anormalidad que las mismas pudieran presentar; Que la responsabilidad de la concesionaria emana no solo del carácter de propietaria de las instalaciones sino también de su carácter de guardián, en virtud del cual usa y se sirve de las mismas para prestar el servicio público, que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta a fin de evitar consecuencias dañosas (CSJN, (Fallos 315.689, 1992); Que los deberes de supervisión y vigilancia de una concesionaria, que tiene a su cargo un servicio público, sobre sus instalaciones deben ser más estrictos tratándose de distribución de energía eléctrica, atento la naturaleza especialmente peligrosa de dicho fluido; Que a EDEA S.A., en cuanto prestadora de un servicio público, se le han delegado ciertas prerrogativas de poder público, resultando una obligación propia de la prestación encomendada, prestar un servicio en las condiciones de continuidad, calidad y seguridad pactadas; Que la obligación de seguridad es un deber que parte del Artículo 42 de la Constitución Nacional, en cuanto establece el resguardo de la salud y la seguridad, como así también en cuanto determina que los servicios públicos deben ser prestados en condiciones de calidad y eficiencia; Que, asimismo, la Ley Nº 24.240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios, determina la obligación de seguridad en los Artículos 5 y 6; Que se trata en definitiva de una obligación de resultado que conlleva la armonización de la legislación específica de los servicios públicos domiciliarios con la norma protectora de raigambre constitucional (Art. 42 C.N. y 38 C. Pcial.); Que conforme al punto 5.1 del Subanexo D “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, del Contrato de Concesión, “...El Organismo de Control dispondrá la aplicación de sanciones... cuando el Distribuidor no cumpla con las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, Licencias Técnicas, sus anexos, los actos administrativos dictados por el Organismo de Control, la Ley Provincial N° 11.769 y toda normativa que resulte aplicable...”; Que, por su parte, el citado Contrato y Subanexo en el punto 7.6 “Peligro para la Seguridad Pública” determina que, por incumplimiento de lo establecido en el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, referido a las obligaciones del Distribuidor, en cuanto al peligro para la seguridad pública derivada de su accionar, el Organismo de Control aplicará una sanción que será determinada conforme a los criterios y tope establecidos en el punto 7.1; Que, asimismo, el artículo 39 del citado contrato, determina que “...En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Concesionaria, el Organismo de Control podrá aplicar las sanciones previstas en el Subanexo D, sin perjuicio de las restantes previstas en el presente contrato...”; Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia de Procesos Regulatorios consideró hallarse acreditado “prima facie” el incumplimiento a las obligaciones relativas a la seguridad en la vía pública por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A) SUCURSAL SANTA TERESITA y, en consecuencia, estimó pertinente la instrucción de un sumario administrativo a efectos de ponderar las causales que motivaron los incumplimientos detectados, conforme los artículos 15, 62 inc. n) de la Ley N° 11.769, artículos 23, 28 incisos a), f), l) y 39 del Contrato de Concesión Provincial y punto 7.6 del Subanexo D del Contrato de Concesión suscripto; Que a los efectos de meritar la posible aplicación de las sanciones que resultaren pertinentes por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, el Organismo de Control, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 62 inciso p), de la Ley N° 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), reglamentó el procedimiento para su aplicación a través de la RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA; Que el Artículo 1º del Anexo I de la citada Resolución expresa que: “...Cuando se tome conocimiento, de oficio o por denuncia, de acciones u omisiones, por parte de los agentes de la actividad eléctrica, que presuntamente pudieran constituir violaciones o incumplimientos de la ley 11.769, su Decreto Reglamentario N° 2479/04, las resoluciones dictadas por el ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, los contratos de concesión, las licencias técnicas, la normativa consumerista vigente (Ley N° 24.240, Ley N° 13.133) y toda normativa aplicable (MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES), se dispondrá la instrucción de sumario y la designación de instructor, la cual recaerá en un/a abogado/a de la Gerencia de Procesos Regulatorios...”; Que el objetivo del sumario consiste en indagar sobre las causales del incumplimiento, para luego evaluar la imposición o no de las sanciones pertinentes; Que, conforme a lo expuesto corresponde, a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, la sustanciación del debido proceso sumarial y elaboración del pertinente Acto de Imputación, a través del cuerpo de abogados y abogadas que la conforman; Que, en consecuencia, estas actuaciones deben tramitar de acuerdo al Reglamento para la Aplicación de Sanciones indicado; Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.769 (Texto Ordenado Decreto Nº 1868/04), su Decreto Reglamentario Nº 2479/04 y la RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA; Por ello, EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE ARTÍCULO 1°. Instruir, de oficio, sumario a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A) sucursal SANTA TERESITA, a fin de ponderar las causales que motivaron los incumplimientos detectados en el marco de la Auditoría de Seguridad en la Vía Pública realizada por OCEBA, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2026 en las localidades de Las Toninas, Mar del Tuyú y Costa del Este, dentro de su área de concesión. ARTÍCULO 2º. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios sustanciar el debido proceso sumarial, realizando el pertinente Acto de Imputación, a través del cuerpo de abogados/as que la conforman. ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A) sucursal SANTA TERESITA. Pasar a conocimiento de la Gerencia de Procesos Regulatorios. Cumplido, archivar. ACTA Nº 21/2026