Resolución conjunta 194/2026

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar" Resolución firma conjunta Número: Referencia: EX-2026-14829123-GDEBA-SEOCEBA - Sumario Coop. San Pedro VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires conformado por la Ley N ° 11.769 (T.O. Decreto N° 1868/04), su Decreto Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA, la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA, lo actuado en el EX-2026-14829123-GDEBA-SEOCEBA, y CONSIDERANDO Que, por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita la instrucción de un sumario administrativo iniciado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA, por el incumplimiento a lo ordenado en la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA en el marco del EX- 2020-01703313-GDEBA-GCCOCEBA, y al Deber de Información para con este Organismo de Control; Que, a través de la citada Resolución, este Directorio, mediante su Artículo 1°, ordenó: “...Establecer el monto de la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA por apartamientos a los parámetros de calidad comercial, en el periodo comprendido entre los meses de diciembre 2018 y mayo 2019, en la suma de de Pesos sesenta mil cuarenta y nueve con 45/100 ($60.049,45), conforme lo informado por dicho Concesionario a través del Sistema implementado por la Resolución OCEBA Nº 251/2011” (orden 4); Que, asimismo, en el Artículo 2°, se dispuso: “...Ordenar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA a que, en el plazo de diez (10) días, acredite el cumplimiento de la devolución de los importes aprobados mediante la presente Resolución, a los usuarios afectados, conforme a los criterios regulatorios vigentes.”; Que la Gerencia de Control de Concesiones informó que “...Conforme a lo instruido en el art. 2 de la RESOC- 2022-12-GDEBA-OCEBA, habiéndose intimado a esa Cooperativa, sin que se haya enviado constancia de cumplimiento a lo requerido, en el marco de verificación de acreditación de penalizaciones cuyo pago no ha sido postergado por la RESO-2025-921-GDEBA-MIYSPGP se solicitó mediante NO- 2026-04604233-GDEBA- GCCOCEBA que acredite la devolución a los usuarios adjuntando los comprobantes necesarios que permitan su verificación, bajo apercibimiento de dar intervención a la Gerencia de Procesos Regulatorios...” (orden 8); Que, asimismo, agregó que “...Cooperativa en la intimación referida, sin que haya ingresado la respuesta a la Gerencia de Control de Concesiones. En tal sentido, se advierte que la conducta de la distribuidora resulta prima facie un incumplimiento a la obligación encuadrada en el artículo 31 inciso u) del Contrato de Concesión, en tanto y en cuanto establece el deber de “poner a disposición del ORGANISMO DE CONTROL todos los documentos e información necesarias, o que éste le requiera, para verificar el cumplimiento del CONTRATO, la Ley Provincial Nº 11.769 y toda norma aplicable, sometiéndose a los requerimientos que a tal efecto el mismo realice”; Que, por ello, elevó a este Directorio el informe relativo al Semestre de Control N° 36, a efectos de que, de considerarlo pertinente, se remitieran las presentes actuaciones a la Gerencia de Procesos Regulatorios para instruir un sumario por incumplimiento al deber de información para con este Organismo; Que, atento ello y habiendo tomado conocimiento este Directorio de lo informado por la Gerencia de Control de Concesiones, instruyó a la Gerencia de Procesos Regulatorios para que analice lo recomendado por el Área Técnica y, en caso de corresponder, dé inicio a las actuaciones sumariales pertinentes (orden 9); Que llamada a intervenir la Gerencia de Procesos Regulatorios consideró, en virtud de lo informado precedentemente por la Gerencia de Control de Concesiones y lo decidido por este Directorio, hallarse acreditado “prima facie” el incumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 2° de la RESOC-2022-12-GDEBA- OCEBA, incurrido por la Distribuidora y al deber de información para con este Organismo de Control y, en consecuencia, estimó pertinente la instrucción de un sumario administrativo a efectos de ponderar las causales que motivaran los incumplimientos detectados (orden 11); Que la conducta observada configura prima facie un incumplimiento a las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión y del marco regulatorio vigente, tanto en lo referido al acatamiento de las decisiones emanadas de este Organismo de Control como respecto del deber de suministrar la información y documentación requerida para verificar el cumplimiento de sus obligaciones; Que las potestades de fiscalización y control atribuidas a este Organismo por la Ley N° 11.769 comprenden la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión y de los actos administrativos dictados en ejercicio de la función regulatoria; Que el ARTÍCULO 2° de la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA exige a la Distribuidora acreditar fehacientemente ante este Organismo de Control la efectiva devolución de los importes reconocidos a los usuarios afectados, constituyendo dicha acreditación un requisito indispensable para verificar el efectivo cumplimiento de la finalidad resarcitoria perseguida por el régimen de calidad de servicio comercial previsto en el Subanexo D del Contrato de Concesión; Que el sistema de penalizaciones por apartamientos a los parámetros de calidad comercial se encuentra estructurado sobre la premisa de la devolución directa a los usuarios afectados, conforme expresamente lo dispone el punto 5.3 del Subanexo D, del Contrato de Concesión, el cual establece que las multas deberán ser restituidas como un crédito en la próxima factura emitida, o en caso de que exceda dicha facturación, en las próximas facturas debiendo notificar al Organismo de Control en los informes semestrales correspondientes sobre los usuarios afectados, montos involucrados, y devoluciones efectuadas; Que, en consecuencia, la obligación de acreditar dichas devoluciones no constituye una mera formalidad administrativa sino una carga esencial destinada a garantizar la efectiva percepción por parte de los usuarios de las compensaciones reconocidas en virtud de los incumplimientos detectados; Que la ausencia de acreditación documental respecto de las devoluciones ordenadas impide a este Organismo verificar si las sumas correspondientes fueron efectivamente trasladadas a los usuarios alcanzados, comprometiendo los principios de transparencia, trazabilidad y tutela efectiva de los derechos de los usuarios que informan el régimen regulatorio eléctrico provincial; Que la conducta observada por la Distribuidora resulta particularmente relevante en atención a que el mecanismo de devolución de penalizaciones integra el sistema de protección de los usuarios del servicio público de electricidad, cuya observancia constituye una obligación esencial emergente del Contrato de Concesión; Que el incumplimiento a lo ordenado por el ARTÍCULO 2° de la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA importa asimismo un apartamiento al deber de colaboración que pesa sobre las concesionarias del servicio público respecto de las funciones de control y fiscalización atribuidas legalmente a este Organismo; Que no puede soslayarse que los actos administrativos dictados por este Organismo de Control gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, resultando obligatorios para las Concesionarias mientras no sean revocados o suspendidos por autoridad competente, circunstancia que no se verifica en el presente caso; Que la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA constituye un acto administrativo firme y obligatorio, cuya observancia resultaba exigible a la Distribuidora desde su debida notificación, sin que surja de las actuaciones constancia alguna de impugnación, suspensión o dispensa que relevara a la Concesionaria de su cumplimiento; Que, en tal sentido, la falta de acreditación del cumplimiento de lo ordenado mediante acto administrativo firme configura prima facie un incumplimiento susceptible de reproche administrativo en los términos del Marco Regulatorio aplicable; Que, asimismo, el silencio mantenido por la Distribuidora frente a las reiteradas intimaciones cursadas por las áreas técnicas competentes evidencia, prima facie, una conducta omisiva incompatible con el estándar de diligencia, cooperación y buena fe que debe regir la actuación de las Concesionarias de servicios públicos regulados; Que la omisión de informar y de acompañar la documentación respaldatoria requerida impide corroborar el destino dado a los importes correspondientes a las penalizaciones aprobadas, afectando las potestades de auditoría y verificación atribuidas a este Organismo de Control; Que la gravedad de la conducta analizada radica no sólo en el eventual incumplimiento material de las devoluciones ordenadas, sino también en la imposibilidad de verificar su efectivo cumplimiento como consecuencia de la falta de acreditación exigida por este Organismo; Que corresponde ponderar que el régimen sancionatorio previsto en el Contrato de Concesión persigue no sólo una finalidad correctiva respecto de la prestadora, sino también una finalidad protectoria y compensatoria respecto de los usuarios afectados por desvíos en la calidad del servicio; Que el deber de información impuesto a las Distribuidoras reviste carácter esencial dentro del sistema regulatorio eléctrico, en tanto constituye una herramienta indispensable para el ejercicio de las facultades de supervisión, control y fiscalización atribuidas legalmente a este Organismo; Que el incumplimiento de los requerimientos efectuados importa una conducta obstructiva de las funciones regulatorias, impidiendo verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas a la concesionaria y afectando consecuentemente la tutela de los derechos de los usuarios del servicio público de electricidad; Que, el Artículo 31 inciso u) del Contrato de Concesión Municipal establece como obligación de la Concesionaria la de “...Poner a disposición del ORGANISMO DE CONTROL todos los documentos e información necesarias, o que éste le requiera, para verificar el cumplimiento del CONTRATO, la Ley Provincial Nº 11.769 y toda norma aplicable, sometiéndose a los requerimientos que a tal efecto el mismo realice...”, mientras que el inciso x) dispone “...Cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN en virtud de sus atribuciones legales...” y, por su parte, el inciso y) establece “...Cumplir con todas las leyes y regulaciones que por cualquier concepto le sean aplicables, entre ellas, las de orden laboral y de seguridad social...”; Que sobre estas directrices emanan las diferentes Resoluciones de este Organismo de Control que, en cuanto a su acatamiento, son tan vinculantes y exigibles para los agentes del mercado eléctrico bonaerense como lo es la ley o el mismo Contrato de Concesión; Que sobre esta temática es dable subrayar que las Resoluciones de OCEBA tienen la eficacia obligatoria que nace de su propia ejecutividad, posibilitando a la autoridad que las dicta, ejercer una acción directa coactiva como medio necesario y extremo para asegurar su cumplimiento (Artículo 110° de la Decreto-Ley N° 7647/70); Que el Contrato de Concesión pone en cabeza de la Concesionaria la obligación de cumplir las Resoluciones dictadas por el OCEBA, estableciendo para el caso de incumplimiento la aplicación de sanciones de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley 11.769, 31 incisos x) e y), 42 y Puntos 7.5 y 7.5.8 y 7.9 del Subanexo D del Contrato de Concesión; Que el artículo 42 del Contrato de Concesión, expresa: “...En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CONCESIONARIA, el ORGANISMO DE CONTROL, podrá aplicar las sanciones previstas...”; Que el punto 7.5 del Subanexo D del Contrato de Concesión, referido a la “Prestación del Servicio”, expresa que “...Por incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, Licencias Técnicas, sus anexos, los actos administrativos dictados por el Organismo de Control, la ley provincial Nº 11.769, la normativa consumerista vigente (ley Nº 24.240, ley Nº 13.133) y toda normativa aplicable (MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES), en cuanto a la prestación del servicio, el Organismo de Control aplicará las sanciones correspondientes que serán destinadas a fortalecer la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y serán abonadas al Organismo de Control. El monto de estas sanciones las definirá el Organismo de Control en función de los criterios y el tope establecido en el punto 7.1. del presente...”, quedando comprendido en esa causal el incumplimiento de actos administrativos dictados por OCEBA (7.5.8); Que el punto 7.9 Preparación y Acceso a los Documentos y la Información, del Subanexo “D” del Contrato de Concesión, expresa que “...Por incumplimiento de lo establecido en el MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, referido a las obligaciones de EL DISTRIBUIDOR, en cuanto a la preparación y acceso a los documentos y a la información, y en particular, por no llevar los registros exigidos en el Contrato de Concesión, no tenerlos debidamente actualizados, o no brindar la información debida o requerida por el Organismo de Control a efectos de realizar las auditorías a cargo del mismo, éste le aplicará una sanción que será determinada conforme a los criterios y tope establecidos en el punto 7.1. del presente. Las sanciones serán abonadas al Organismo de Control, quien las destinará a fortalecer la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica...”; Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia de Procesos Regulatorios consideró hallarse acreditado “prima facie” el incumplimiento a lo establecido en la RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA y al deber de información para con este Organismo de Control por parte de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA, conforme lo disponen la Resolución RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA, los Artículos 31 incisos u), x) e y), 42 y los Puntos 7.5, 7.5.8 y 7.9 del Subanexo D del Contrato de Concesión y, en consecuencia, estimó pertinente la instrucción de un sumario administrativo a efectos de ponderar las causales que motivaran los incumplimientos detectados; Que a los efectos de meritar la posible aplicación de las sanciones que resultaren pertinentes por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales el Organismo de Control, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 62 inciso p), de la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), reglamentó el procedimiento para su aplicación a través del dictado de la RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA; Que el Artículo 1º del Anexo I de la citada Resolución expresa que: “...Cuando se tome conocimiento, de oficio o por denuncia, de acciones u omisiones, por parte de los agentes de la actividad eléctrica, que presuntamente pudieran constituir violaciones o incumplimientos de la ley 11.769, su Decreto Reglamentario N° 2479/04, las resoluciones dictadas por el ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, los contratos de concesión, las licencias técnicas, la normativa consumerista vigente (ley N° 24.240, ley N° 13.133) y toda normativa aplicable (MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES), se dispondrá la instrucción de sumario y la designación de instructor, la cual recaerá en un/a abogado/a de la Gerencia de Procesos Regulatorios...”; Que el objetivo del sumario consiste en indagar sobre las causales del incumplimiento, para luego evaluar la imposición o no de las sanciones pertinentes; Que, conforme a lo expuesto corresponde, a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, la sustanciación del debido proceso sumarial y elaboración del pertinente Acto de Imputación, a través del cuerpo de abogados y abogadas que la conforman; Que, en consecuencia, estas actuaciones deben tramitar de acuerdo al Reglamento para la Aplicación de Sanciones indicado; Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 11.769 (Texto Ordenado Decreto Nº 1868/04) y su Decreto Reglamentario Nº 2479/04 y la RESOC-2024-64-GDEBA-OCEBA; Por ello, EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE ARTÍCULO 1°. Instruir, de oficio, sumario a COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA, a fin de ponderar las causales que motivaron el incumplimiento a lo ordenado mediante la Resolución RESOC-2022-12-GDEBA-OCEBA y el incumplimiento al deber de información para con este Organismo de Control, conforme lo disponen los Artículos 31 incisos u), x) e y), 42 y los Puntos 7.5, 7.5.8 y 7.9 del Subanexo D del Contrato de Concesión. ARTÍCULO 2º. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios sustanciar el debido proceso sumarial, realizando el pertinente Acto de Imputación, a través del cuerpo de abogados y abogadas que la conforman. ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA. Pasar a conocimiento de la Gerencia de Procesos Regulatorios. Cumplido, archivar. ACTA Nº 21/2026