UNIDAD POLICIAL DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS CONTRAVENCIONALES — La Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, Unidad Policial de Instru

UNIDAD POLICIAL DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS CONTRAVENCIONALES POR 5 DÍAS- La Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, Unidad Policial de Instrucción de Sumarios Contravencionales, notifica a SEG-COM SA del contenido de la resolución RESO-2026-1099-GDEBA-SSGRYSPMSGP de fecha 21 de septiembre de 2026, la cual se transcribe a continuación: “Visto el expediente N° EX-2022-21922907-GDEBA- DPRYMGEMSGMP correspondiente a la causa contravencional N° 9.920, en la que resulta imputada la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA y la firma IPH SAICF, y Considerando: Que mediante el acta labrada el 23 de junio de 2022, personal policial constituido en un objetivo denominado IPH SAICF Fábrica de Cables de Acero sito en calle Arturo Umberto Illia N° 4001, de la lcoalidad y partido de San Miguel, se constató la presencia del señor Juan Pedro Viale, DNI N° 17.420.476, quien manifestó desempeñarse como vigilador privado de la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA El identificado cumplía tareas de vigilancia, protegiendo y custodiando los bienes y las personas del lugar; Que el Área de Informes certificó que al momento de la inspección la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA y el objetivo identificado, no se encuentran declarados; Que debidamente emplazada, la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA no compareció a ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma; Que debidamente emplazada, la firma IPH SAICF compareció a ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma, a través del señor Ignacio María Caceres, DNI N° 27.727.986, en su carácter de apoderado de la firma, quien amparado en el derecho que le asiste no prestó declaración, presentando a posterior escrito defensivo del que no se desprenden elementos que permitan desvirtuar la falta endilgada; Que el acta de inicio de estas actuaciones, reúne los extremos exigidos por el artículo 60 incisos 6) y 7) del Decreto N° 1.897/02 y, como tal, participa de las características de los instrumentos públicos, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de los hechos cumplidos por los funcionarios intervinientes o pasados ante su presencia; Que del análisis de los elementos de cargo obrantes en la presente, ha quedado debidamente acreditado que la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA, ha prestado un servicio de seguridad privada dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires sin estar habilitada para ello por la Autoridad de Aplicación, en contravención a lo dispuesto en el artículo 46 inciso a) de la Ley N° 12.297, y que la firma IPH SAICF ha contratado un servicio de seguridad privada desarrollado en sus instalaciones por una empresa que no se encontraba habilitada como prestadora de servicios de seguridad privada, infringiendo lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 12.297; Que respecto de la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA, es dable hacer notar, que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 58 de la ley 12.297 cuyo texto dice: “en caso de verificarse la prestación de actividades en infracción a lo dispuesto en la presente por personas físicas o jurídicas no habilitadas, la Autoridad de Aplicación dispondrá el cese del servicio o la clausura de la empresa. Asimismo, serán pasibles de multa e inhabilitación por cinco años y el decomiso de los efectos”; Que en igual sentido se expidió la Dirección de Modernización y Planificación de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada en su condición de Órgano Asesor; Que el Área Contable de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, certificó el valor actual del Vigía, a los fines de la aplicación de la sanción correspondiente, en la suma de pesos cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis con 02/100 ($4.887.846,02); Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° RESO-2024-2827-GDEBA-MSGP, Ley N° 15.477, Ley N° 12.297 y las propias del cargo; Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución N° RESO-2024-2827-GDEBA-MSGP El Subsecretario de Gestión de Registros y Seguridad Privada Resuelve Artículo 1°. Sancionar a la prestadora de servicios de seguridad privada Seg-Com SA, CUIT N° 30-65150869-6, con domicilio en calle Castilla entre Olazábal y Lemos, de la localidad y partido de Gral. Rodríguez, provincia de Buenos Aires; con inhabilitación por el término de veinte (20) años para desarrollar las actividades reguladas por la Ley N° 12.297, y multa de pesos cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con 20/100 ($48.878.460,20), por haberse acreditado en autos que ha prestado un servicio de seguridad privada dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, sin estar habilitada para ello por la Autoridad de Aplicación (artículo 46 inciso a) y 58 de la Ley N° 12.297). Artículo 2°. Disponer el cese del servicio y el decomiso de los efectos utilizados para la infracción, una vez firme que se encuentre la presente, en orden a lo dispuesto en los artículos 58 y 62 de la Ley N° 12.297. Artículo 3°. Sancionar a la firma IPH SAICF, CUIT N° 30-51674203-4, con domicilio en calle Arturo Illia N° 4001 de la localidad de Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con multa de pesos cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis con 02/100 ($ 4.887.846,02), equivalente a un (1) vigía, por haberse acreditado en autos que ha contratado y usufructuado el servicio de una prestadora de servicios de seguridad privada no habilitada por la Autoridad de Aplicación (artículo 20 de la Ley N° 12.297). Artículo 4°. Hacer saber a los imputados que les asiste el derecho de impugnar la presente resolución, mediante los recursos de revocatoria con jerárquico en subsidio o de apelación, a presentarse dentro de los diez (10) o cinco (5) días respectivamente, conforme lo establecido en el artículo 60, punto 19, incisos a) y b) del Decreto N° 1.897/02. Artículo 5°. El pago de la multa impuesta deberá hacerse efectivo dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la presente, mediante depósito en la Cuenta Corriente Fiscal N° 50.479/3 sucursal 2000 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de perseguirse el cobro de la misma por el procedimiento de apremio. Artículo 6°. Registrar, comunicar, notificar, pasar a la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, dar al SINDMA y publicar en el Boletín Informativo del Ministerio de Seguridad. Cumplido, archivar”. Fdo. Franco Wenzel, Oficial Ayudante (Adm.). oct. 7 v. oct. 13