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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Ley N° 6779 Boletín Oficial N° 7035 - 10/01/2025 – Pág. 23 Link a publicación Buenos Aires, 12 de diciembre de 2024 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley: Artículo 1°.- Se sustituye el texto del artículo 3° del Decreto Ordenanza 19.184/1962 (texto conso- lidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 3° - En los Hoteles, Hoteles Residenciales y Casas de Pensión, serán causales de clau- sura las que se encuadren en el incumplimiento de obligaciones determinadas en el Código de la Edificación.”. Art. 2°.- Se sustituye el texto del artículo 7° de la Ordenanza 25.060 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 7° - El personal mencionado en el artículo 6° deberá estar perfectamente identificado con brazaletes de colores vivos y chapas con su nombre bien legible.”. Art. 3°.- Se sustituye el texto del artículo 6.1.6 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “6.1.6 Se revocará la habilitación de la agencia que no reúna los requisitos exigidos en la presente norma.”. Art. 4°.- Se sustituye el texto del artículo 6.1.16 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “6.1.16 La tramitación del permiso para desarrollar actividades de radio-remise deberá efectuarla el titular de la agencia, ante la Secretaría de Transporte o el organismo que en el futuro la reem- place, debiendo presentar la documentación que determine, y aquella que, específicamente, a continuación, se detalla: a) Autorización de actividad económica de la agencia; b) Título de propiedad de los vehículos afectados al servicio. En los mismos deberán ser titulares las personas humanas y/o jurídicas que solicitaren el permiso.”. Art. 5°.- Se sustituye el texto del artículo 7.1.2 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto consoli- dado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 55 ~ “ 7.1 . 2 CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO: Los establecimientos que soliciten la habilitación o se encuentren habilitados como “Casa de Cui- dados Paliativos” deberán conformar una unidad de uso independiente, estar destinados en forma única y exclusiva a esos efectos, no pudiendo tener comunicación con otros usos, con excepción de la vivienda del personal que intervenga directamente en la atención del mismo. Ello no obsta a que el uso pueda coexistir en la misma parcela con otros usos.”. Art. 6°.- Se sustituye el texto del artículo 7.1.6.2 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto con- solidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “7.1.6.2 Documentación obligatoria. El establecimiento habilitado como “Casa de Cuidados Paliati- vos” deberá tener en forma actualizada, permanente y accesible la siguiente documentación, para ser presentada cuando las autoridades competentes la soliciten: a. Legajo del personal que trabaja en la institución, que deberá incluir la acreditación de los títulos habilitantes y/o certificaciones de experiencia laboral de cada uno de ellos. b. Historia Clínica de los pacientes alojados en la institución, la que podrá ser electrónica o en for- mato papel que deberá encontrarse debidamente foliada en orden cronológico. La misma contará al menos con: I. Datos personales II. Documentación personal de tenerla. III. Ficha de seguimiento de su historia de vida en los aspectos médicos, educativos, vinculares y sociales IV. Nota de derivación del médico de cabecera ya sea de organismos oficiales o privados, en caso de que exista. c. Acreditación del cumplimiento de la normativa laboral. d. Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia para el Director y los profesionales médicos. e. Certificado de desinfección mensual del inmueble, extendido por empresa autorizada. Además, debe presentarse ante la autoridad de aplicación: f. Constancia de contratación de un servicio médico de emergencia y traslado. g. Contar con Chapa mural. En el frente del edificio y en lugar visible se debe colocar una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 mts como mínimo, que especifique el rubro y la denominación institucional.”. Art. 7°.- Se sustituye el texto del artículo 7.1.6.6 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto con- solidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “7.1.6.6 Condiciones específicas y equipamiento de los locales. Las “Casas de cuidados paliativos” deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes disposiciones: a. Habitaciones destinadas para alojamiento. Además de las prescripciones de edificación particulares que le sean de aplicación, las habitaciones destinadas para alojamiento deben cumplir con lo siguiente: Deben llevar numeración correlativa y exhibir en su interior en lugar visible un cartel de 0,15 x 0,10 mts., en el que se consigne la capacidad reglamentaria de ocupación. Si tienen varios pisos, las habitaciones pueden numerarse por la centena que coincida con la ubicación del piso. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 56 ~ El mobiliario mínimo incluye: cama, guardarropa adecuado, mesa de luz por alojado y timbre de llamada individual. La ropa de cama y tocador deben ser cambiadas cada vez que sea necesario, según el estado de salud del alojado. El establecimiento debe contar como mínimo con la siguiente dotación fija por alojado: sábanas seis (6), fundas cinco (5), colchas dos (2), frazadas tres (3), toallas tres (3), toallas baño una (1), impermeable uno (1), zaleas cinco (5).”. Art. 8°.- Se sustituye el texto del Capítulo 8.2 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto consoli- dado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Capítulo 8.2 LOCAL DE BAILE CLASE C 8.2.1. El ingreso a los locales de baile Clase C queda prohibido en el horario comprendido entre las 4:00 y las 16:00 horas, cuando la actividad a desarrollar sea la de baile. El acceso y permanencia de menores entre quince (15) y dieciocho (18) años en dichos locales, cuando la actividad sea de baile, se permitirá únicamente dentro de las 16:00 y las 24:00 horas y de manera exclusiva para personas de dicho grupo etario. 8.2.2. Los locales de baile clase C, cuando la actividad sea de baile, podrán funcionar hasta las 7:00 horas. Vencido ese horario tendrán una tolerancia de treinta (30) minutos para cesar dicha actividad. Después de ello solo se permitirá la presencia del personal de servicio. 8.2.3. Las actividades gastronómicas anexas, consistentes en la expedición de bebidas o servicios de comidas, las instalaciones y recintos en que las mismas se realicen, se ajustarán a las deter- minaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no requi- riendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas tales manifestaciones dentro de la definición de este tipo de locales. 8.2.4. Los locales de baile Clase C se ajustarán a los siguientes requisitos especiales: a. No podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otor- gamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley 19.587. La certificación deberá ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que puedan afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Re- partición habilitada para ello. b. Tendrán medio de salida propio e independiente a la vía pública, excepto aquellos que se en- cuentren emplazados en galerías de comercio. c. No contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales. d. No tendrán recintos ni compartimientos reservados y en caso de existir mamparas, divisiones o pal- cos, los mismos no podrán ser mayores de un (1) metro de altura, medido desde el respectivo solado. e. No se permitirán colgantes, rejas u otros elementos decorativos que pudieran obstruir la libre visibilidad de cualquier sector. f. Estará prohibido el acceso a estos locales de menores de dieciocho (18) años, con la excepción prevista en el art. 8.2.1. g. Los artistas, músicos, vocalistas y/o animadores que actúen en estos locales no podrán alternar ni bailar con el público. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 57 ~ h. Al frente de los edificios ocupados por estos establecimientos deberá colocarse una chapa o letrero, en la que se determine que se trata de un “local de baile”. i. En la puerta de entrada deberán contar con un detector de metales que deberá utilizarse obli- gatoriamente a los efectos de prohibir el ingreso a toda persona que porte algún elemento que pueda ser utilizado para agredir a otro. j. No se autorizarán locales de esta naturaleza emplazados a menos de cien (100) metros de esta- blecimientos de enseñanza primaria o secundaria, locales de culto, y centros asistenciales de salud con internación, distancia para la que servirán de punto de referencia las puertas más próximas de ambos locales, medidas en la línea directa más corta. k. No se autorizará el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda 8.2.5. Los locales de baile pueden funcionar, en carácter de actividad complementaria, en los si- guientes casos especiales: a. Como anexos a “hoteles”; y b. Como anexos a “restaurantes”, “casas de lunch”, “bares” o “confiterías”, siempre que éstos no tengan menos de cien (100) metros cuadrados de superficie de piso, excluida el área destinada a actividad complementaria. En ambos supuestos, no regirán respecto de tales locales las exigencias de los incisos b) y c) del artículo 8.2.4 con respecto al rubro principal” 8.2.6. En los locales de baile clase “C” que cuenten con servicios de comidas calientes como actividad gastronómica principal, emplazados en el radio comprendido entre las calles Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza, la repartición competente, a pedido de los interesados, podrá autorizar; a. La realización de bailes accidentales entre mesas, de carácter esencialmente familiar, en los que solamente participen los comensales que ocupen las mesas del establecimiento; b. La presencia de menores de dieciocho (18) años, cuando fueren acompañados de personas mayores de su familia. Art. 9°.- Se sustituye el texto del artículo 8.3.1 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “8.3.1 En el supuesto del artículo 8.2.1, se prohíbe expresamente al expendio o el consumo por los menores concurrentes, de bebidas alcohólicas.”. Art. 10.- Se sustituye el texto del artículo 8.3.7 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 8.3.7.- Los números de variedades que se realicen en los locales de baile clase “C”, en el horario que se permita el ingreso de menores de edad, deberán ser apropiados para todo el públi- co. Este requisito será de aplicación también en los casos previstos en el artículo. 8.2.6”. Art. 11.- Se sustituye el texto del artículo 8.5.15 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “8.5.15 Primeros Auxilios. El local debe contar con un botiquín para primeros auxilios.”. Art. 12.- Se sustituye el texto del artículo 8.6.3 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 58 ~ “8.6.3 Cálculo de la capacidad. El cálculo de la capacidad máxima admitida será de hasta dos (2) personas por metro cuadrado, exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.”. Art. 13.- Se sustituye el texto del artículo 9.1.4 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “9.1.4 En todos los casos los permisos de uso se otorgan con carácter precario, personal e intrans- ferible y por un plazo máximo de dos (2) años, pudiendo ser renovados por un único período igual al originalmente otorgado. Vencido éste, quien hubiera sido permisionario/a tendrá prioridad para el otorgamiento de un nuevo permiso de uso. La Autoridad de Aplicación puede disponer la revocación de los permisos otorgados o la reubica- ción de los/as permisionarios/as por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de éstos/as.”. Art. 14.- Se sustituye el texto del artículo 9.2.12 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “9.2.12 Son obligaciones a cargo del/la permisionario/a: - Realizar y aprobar el curso de Mani- puladores de Alimentos a dictarse en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria u organismo que en el futuro lo reemplace. - Mantener en perfectas condiciones de higiene la zona y adyacencias donde se encuentre instalado el puesto.”. Art. 15.- Se sustituye el texto del artículo 9.14.3.10 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “9.14.3.10 Debe además presentarse ante la Autoridad de Aplicación al momento de la fiscalización la siguiente documentación: a. Los natatorios dispondrán de un encargado responsable del cumplimiento de las presentes dis- posiciones, quien deberá llevar un registro digital. En dicho registro, constarán los datos que se establezcan por la reglamentación. b. Registro digital de novedades de uso de los Guardavidas.”. Art. 16.- Se sustituye el texto del artículo 9.15.8 del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto conso- lidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “9.15.8 El requirente que solicite la expedición de un permiso de uso en los términos del presente capítulo debe cumplir con los siguientes requisitos: a) ser argentino nativo o naturalizado y en caso de ser extranjero, contar con residencia perma- nente o temporaria vigente extendida por autoridad competente según Ley Nacional 25.871, con sus complementarias y las que en el futuro las reemplacen. Tales condiciones deberán ser acredi- tadas mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad; b) ser mayor de edad o estar emancipado; c) constituir domicilio especial y electrónico a todos los efectos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denunciar el domicilio real; d) acompañar certificado y/o informe de inscripción o no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 59 ~ Art. 17.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ordenanza 48.455 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 4°.- Todos los usuarios deberán presentar un consentimiento informado cuyo contenido será fijado por el Ministerio de Salud u organismo que en el futuro lo reemplace. El consentimiento informado deberá ser leído y firmado por el usuario. La reglamentación podrá incluir la exigencia de certificados médicos obligatorios ante la presencia de patologías o condiciones de la persona.”. Art. 18.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ley 52 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 4°.- La denuncia de herencias vacantes podrá realizarse por escrito de manera presen- cial a través de la Mesa de Entradas de la Procuración General o a través de los medios digitales dispuestos para ese fin. La misma deberá ser firmada ológrafa o electrónicamente por quien la efectúe y contener: a. nombre y apellido, profesión, domicilio real, legal y electrónico del o de la denunciante; b. nombre, apellido, estado civil, último domicilio real del o de la fallecido/a, fecha y lugar del de- ceso; y, c. naturaleza de los bienes, circunstancias que acrediten y su ubicación y monto y demás ele- mentos que permitan formar criterio acerca de la eficacia de la acción que pudiera iniciarse. La Sede Electrónica será el medio para la gestión de los trámites, avisos, comunicaciones y notifi- caciones de las actuaciones. La Procuración General de la Ciudad se expedirá respecto de la denuncia, mediante acto adminis- trativo que se notificará al o a la denunciante, quien puede interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”. Art. 19.- Se sustituye el texto del artículo 5° de la Ley 52 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 5°.- Al escrito de denuncia se le asignará fecha y hora en base a la presentación digital o de recepción del escrito en la Mesa de Entradas de la Procuración General. La recepción de todas las denuncias se asentará en registros que la autoridad de aplicación implementará al efecto. La Procuración General dejará constancia de si se ha recibido otra denuncia respecto del mismo caso e indicará el número de orden que corresponda. En dicho supuesto, la primera denuncia excluirá a las siguientes, por lo que éstas permanecerán reservadas a resultas de la resolución que recaiga sobre la primera.”. Art. 20.- Se sustituye el texto del artículo 6° de la Ley 52 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 6°.- Para acceder al beneficio que la ley prevé respecto de los y las denunciantes, éstos deben cumplir con las siguientes condiciones: a. acompañar, dentro de los quince (15) días de serle requerida, la partida de defunción del o de la causante o, en su defecto, dar indicación precisa de la jurisdicción a la que pertenece la oficina del Registro Civil que la hubiese expedido. El plazo podrá ampliarse en treinta (30) días si él o la causante hubiere fallecido en el extranjero; y, Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 60 ~ b. depositar o transferir en la cuenta de la Procuración General dentro de los quince (15) días de serle requerida, la suma necesaria para cubrir los gastos de publicación de edictos, la que se rein- tegrará al liquidarse la participación que le otorga la ley.” Art. 21.- Se sustituye el texto del artículo 16 de la Ley 600 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 16.- La autoridad de aplicación de la presente ley tiene la potestad de unificar cualquier categoría del Registro creado por el artículo 14° de la Ley 600, con cualquier otro registro o cate- goría que esté bajo su competencia, a fin de contar con sólo un registro.”. Art. 22.- Se sustituye el texto del artículo 21 de la Ley 757 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 21.- Publicación de la condena. - La resolución condenatoria dispondrá la publicación de su parte dispositiva, incluyendo el número y epígrafe del artículo infringido, a costa del infractor. Dicha publicación se hará efectiva en el cuerpo principal de los distintos diarios de circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales serán designados en forma rotativa por la Autoridad de Aplicación, y también por Internet. La Autoridad de Aplicación dispondrá la tipografía a utilizar- se, la cual no podrá ser inferior a 1,8 milímetros de altura. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de la multa aplicada hasta el 100% del valor de la misma, o efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor, o ambas.- La autoridad de aplicación conservará estadísticas actualizadas de resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios, debiendo divulgarlas pública y periódicamente en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distintos medios de comunicación. Las estadísticas y su publicación, comprenderán asimismo los casos de negativas a celebrar acuerdos conciliatorios y de incumplimientos de los celebrados.”. Art. 23.- Se sustituye el texto del artículo 5° de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 5°.- Registro de Guías de Turismo de Sitio - Creación.- Se crea el Registro de Guías de Turismo de Sitio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente del Organismo de Aplicación de la presente Ley.” Art. 24.- Se sustituye el texto del artículo 6° de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 6°.- Registro - Inscripción. - La inscripción en el Registro de Guías de Turismo de Sitio es condición obligatoria para el ejercicio de dicha actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”. Art. 25.- Se sustituye el texto del artículo 7° de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 7°.- Requisito- Es requisito para la inscripción en el Registro de Guías de Turismo de Sitio ser presentado y avalado por la institución donde cumple sus funciones.”. Art. 26.- Se sustituye el texto del artículo 11 de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6.588), por el siguiente: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 61 ~ “Artículo 11.- Guías de Turismo - Derechos Los museos, exposiciones, ferias, bibliotecas y otras instituciones de interés turístico dependien- tes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben facilitar el ingreso a los guías de turismo en forma gratuita con la presentación de credencial o, constancia de título habilitante de pregrado o grado en trámite o, el título habilitante de pregrado o grado.”. Art. 27.- Se sustituye el texto del artículo 12 de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 12.- Guías de Turismo - Obligaciones. a. La exhibición de la credencial en vigencia para los casos de Guías de Sitio; b. Suministrar información veraz sobre el patrimonio o atractivos turísticos, así como impedir ac- ciones que deterioren o destruyan los mismos; c. Evitar poner en riesgo la vida y la salud de los turistas a su cargo o abandono de los mismos; d. Facilitar el desarrollo de la actividad de otro guía. e. Comparecer ante el Organismo de Aplicación en los plazos que esta establezca, prestando su colaboración y asistencia con la premura y celeridad que exijan los procedimientos administrativos dirigidos a constatar la existencia de incumplimientos de las obligaciones a su cargo. f. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentaciones y disposiciones en vigencia relacionadas con el quehacer turístico, el tránsito y toda otra norma de carácter general. g. Comunicar en forma inmediata las deficiencias que advierta en los servicios turísticos, conser- vación y mantenimiento de atractivos y lugares de visita, sean de propiedad privada o del Estado, a las autoridades competentes. h. No desempeñarse simultáneamente como chofer del medio que transporta al grupo que guía. i. No inducir a los turistas a comprar artículos en determinados comercios. j. No solicitar a los viajeros retribuciones especiales, directa o indirectamente, fuera de las estable- cidas previamente a la contratación de sus servicios.”. Art. 28.- Se sustituye el texto del artículo 13 de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 13.- Empresas de Servicios Turísticos. - Obligación.- Las empresas que ofrecen servicios de visitas guiadas deben contratar para el ejercicio de dicha actividad, a los guías de turismo que cuenten con título habilitante o a aquellos que se encuentren inscriptos en el registro, según corres- ponda.”. Art. 29.- Se sustituye el texto del artículo 14 de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 14.- Derechos del Usuario. - Son derechos del usuario del servicio de guía de turismo: a) Recibir en todo momento información objetiva, amplia y veraz; b) Exigir a la persona humana que ejerce la actividad de guía o a la persona jurídica con la que contrate sus servicios, la entrega por escrito del programa detallado de la visita, el idioma en el que se desarrollará, su duración, su precio total y la categoría (conforme art.3° de la presente) que corresponda al guía, con anterioridad a la contratación del servicio, salvo, respecto de la informa- ción del precio total, cuando se tratara de los servicios prestados dentro de un paquete turístico.”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 62 ~ Art. 30.- Se sustituye el texto del artículo 15 de la Ley 1264 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 15.- Sanciones. - El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley para los profesionales y para las empresas de viajes y turismo, así como la infracción a los derechos del usuario, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: a) Amonestación o multa de entre 100 y 200 Unidades Fijas conforme el Código de Faltas, ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12, incs. a), b), d), e), f) y g). b) Multa de entre 200 y 400 Unidades Fijas conforme el Código de Faltas, ante el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12, inc. h). c) Multa entre 400 y 500 Unidades Fijas conforme el Código de Faltas, ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 12, incs. c), i) y j). d) Multa entre 500 y 700 Unidades Fijas conforme el Código de Faltas, ante el incumplimiento por parte de una empresa que ofrece servicios de visitas turísticas guiadas, de la obligación a su cargo establecida por el artículo 13. Cuando se tratare de excursiones y/o visitas turísticas organizadas y/o comercializadas por una agencia de viajes y se reprendiera el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 12, incs. a), b), c), f), g), h), i), y j), la sanción de multa se aplicará solidariamente a quien actúe como guía y a la agencia de viajes.”. Art. 31.- Se sustituye el texto del artículo 5° de la Ley 1897 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 5°.- Para solicitar su licencia, los tatuadores y perforadores deberán presentar los requi- sitos que establezca la Autoridad de Aplicación.”. Art. 32.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ley 2059 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 4°.- Calificación de abandono - Si las cosas perdidas no son retiradas dentro del plazo de dos (2) meses, se considerarán abandonadas por sus dueños y se venderán en pública subasta. Si fracasare la misma, las cosas podrán ser donadas en orden de preferencia a: 1) Comunas de la Ciudad; 2) Gobiernos Municipales; 3) Gobiernos Provinciales; 4) Organismos Nacionales; 5) Entidades de Bien Público. Si cumplido el plazo establecido por la Reglamentación, los bienes en cuestión no hubieren sido retirados, los mismos serán calificados como residuos. La autoridad de aplicación en cualquier instancia podrá calificar el bien abandonado como residuo, y éste será sometido de inmediato a la descontaminación, desguace, compactación o disposición final según corresponda conforme la normativa vigente sobre residuos sólidos urbanos.”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 63 ~ Art. 33.- Se sustituye el texto del artículo 10 de la Ley 2198 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 10 -Requisitos para la inscripción- Para obtener la pertinente habilitación para ejercer como guardavidas en la jurisdicción, los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes requisitos: a) Poseer certificado expedido por un establecimiento incorporado a la enseñanza oficial habilitado para expedir el título de guardavidas. b) Ser mayor de dieciocho (18) años de edad. c) Estado psicofísico acreditado mediante certificado expedido por autoridad competente. d) Aprobar una prueba de aptitud psico-física ante autoridad de aplicación. e) Poseer certificado de no reincidencia expedido por autoridad competente.”. Art. 34.- Se sustituye el texto del artículo 1° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6.588), por el siguiente: “Artículo 1°.- Obligatoriedad. En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenten con atención al público, en todos los locales y/o comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se preste servicio de atención al cliente o de post-venta y en los locales de espectáculos y diversiones públicas es obligatoria la existencia de un Libro de Que- jas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el que podrá estar en soporte digital.”. Art. 35.- Se sustituye el texto del artículo 2° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 2°.- El Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, deberá estar disponi- ble en el soporte que opten los sujetos enunciados en el artículo 1°. En caso de que los estable- cimientos cuenten con página web, deben incorporar un enlace que se denomine “libro de quejas on-line” para que los usuarios o clientes puedan canalizar sus eventuales reclamos, quejas, agra- decimientos y sugerencias.”. Art. 36.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 4°.- Funcionamiento - El funcionamiento del libro de quejas digital debe cumplir con las siguientes especificaciones: a. Se debe permitir que los usuarios puedan acceder a través de un código QR, el cual deberá re- mitir a un formulario que permita introducir los datos del interesado y la especificación del reclamo, queja, agradecimiento o sugerencia. En caso de contar con página web, el código QR debe remitir a un enlace que se denomine “libro de quejas on-line” incorporado a la página principal, página de inicio o “home page”. b. Una vez enviado el reclamo, la empresa deberá emitir una constancia de recepción en forma automática mediante correo electrónico en la cual se incluya una copia textual del reclamo, queja, agradecimiento o sugerencia. c. El plazo máximo para dar respuesta al reclamo es de quince (15) días hábiles, contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio.”. Art. 37.- Se sustituye el texto del artículo 6° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 64 ~ “Artículo 6°.- Cartel informativo. En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1° de la presente Ley, debe fijarse, en un lugar visible por el público, un cartel donde se informe acerca de la existencia del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos. En caso de ser digital, deberá indicarse el link de acceso o un código QR que conecte directamente con éste.”. Art. 38.- Se sustituye el texto del artículo 8° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 8°.- Sanciones. La falta de disponibilidad del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugeren- cias y Reclamos en las dependencias o locales a que refiere el artículo 1°, se considerará infracción a la presente ley. Verificada la falta de existencia u operatividad del Libro de Quejas, Agradeci- mientos, Sugerencias y Reclamos, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 274-PEN /19 de Lealtad Comercial, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario de la Ciudad Autó- noma de Buenos Aires, aprobado por la Ley 757.”. Art. 39.- Se sustituye el texto del artículo 9° de la Ley 2247 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 9°.- Inspecciones. La existencia y el correcto funcionamiento del Libro de Quejas, Agra- decimientos, Sugerencias y Reclamos de las dependencias y locales comprendidos por la presente Ley podrá ser objeto de las inspecciones realizadas por la Dirección General de Defensa y Protec- ción al Consumidor, o por el organismo que en el futuro la reemplace.”. Art. 40.- Se sustituye el texto del artículo 1° de la Ley 3320 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 1° - Objeto-. El expendio de preservativos en bares, confiterías, restaurantes, teatros, locales de baile, clubes de música en vivo y todo otro lugar habilitado para espectáculos públicos es optativo.”. Art. 41.- Se sustituye el texto del artículo 2° de la Ley 3320 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 2° - Provisión e información-. El responsable del local que opte por la provisión de preser- vativos, debe fijar un cartel, claramente visible en los servicios sanitarios, donde indique el lugar donde se venden los preservativos dentro del local junto a un instructivo sobre su uso, las medidas para evitar el contagio del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y los números de ayuda telefónica para más información.”. Art. 42.- Se sustituye el texto del artículo 8° de la Ley 4631 (texto consolidado por Ley 6588) por el siguiente: “Artículo 8°.- Obligaciones.- Son obligaciones de los sujetos definidos en el artículo 2° de la pre- sente: 1. Contar con la autorización otorgada por la autoridad de aplicación y encontrarse inscriptos en el registro correspondiente. 2. Exhibir en forma clara, visible y legible en el frente externo del establecimiento la denominación, clase y categorización que le corresponda, conforme el modelo estandarizado que establezca la autoridad de aplicación. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 65 ~ 3. Consignar en forma precisa y explícita la denominación, clase, categoría, y número de inscrip- ción en el registro correspondiente en toda publicidad o material de propaganda impresa, corres- pondencia, facturas, papelería comercial, publicidad y folletería. 4. Exhibir en lugar accesible y visible, las tarifas y prestaciones. 5. Informar al huésped antes de su admisión al alojamiento turístico, la tarifa a aplicar a su estadía. 6. Exhibir de manera clara, visible y legible, un cartel indicador de toda moneda extranjera que se acepte en los mismos como medio de pago, y su valor en moneda nacional. 7. Llevar registro manual, en un libro foliado y rubricado o electrónico, consignando entradas y salidas, donde deberá quedar asentada toda persona que ingrese al establecimiento, en calidad de pasajero, indicando: apellido y nombre, nacionalidad, procedencia, domicilio, estado civil, do- cumento de curso legal vigente que acredite su identidad, fecha y hora de ingreso y de egreso. 8. Dar cumplimiento a las normas dictadas por los órganos competentes en las siguientes mate- rias: construcción y edificación, instalaciones y funcionamiento de maquinaria, provisión de agua, disposición de residuos sólidos, accesibilidad, incendios y toda otra normativa ambiental, de segu- ridad e higiene y de preservación del patrimonio natural y cultural vigente. 9. Conservar en buenas condiciones de higiene y funcionamiento las instalaciones del estable- cimiento. 10. Disponer de facilidades para personas con discapacidad, conforme normativas vigentes. 11. Comunicar a la autoridad de aplicación toda modificación de la estructura edilicia, debidamente habilitada, de los servicios o de cualquiera de las condiciones en las que fue obtenida la autori- zación y registración correspondiente, así como también su cierre transitorio o definitivo, con al menos veinte (20) días de anticipación a la fecha en que se produzca. 12. Notificar la transferencia, venta o cesión del establecimiento dentro de los cinco (5) días de producida. 13. Propiciar la capacitación continua para los empleados del establecimiento, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del sector, las nuevas tecnologías aplicadas y el manejo de los dispositivos de protección contra incendios y demás medidas que deben adoptar los establecimientos en caso de siniestro. 14. Informar a los huéspedes, con la debida antelación, la política del establecimiento sobre tenen- cia de mascotas. 15. Informar a los huéspedes, con antelación, la política del establecimiento sobre áreas para fu- madores y no fumadores. 16. Asegurar que en todo momento los servicios prestados respeten los procedimientos previstos para alcanzar los niveles de calidad requeridos. 17. Brindar los servicios ofrecidos conforme a las fechas acordadas y las condiciones pactadas. 18. Disponer de servicio de asistencia médica de urgencias las veinticuatro (24) horas y un botiquín de primeros auxilios. 19. En las habitaciones se deberá exhibir en formato impreso, a través de un código QR, o en la modalidad que establezca la autoridad de aplicación que contenga las condiciones, políticas y dis- posiciones sobre: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 66 ~ a) Servicios ofrecidos, propios y/o tercerizados. b) Tarifas de teléfono y cualquier otro servicio de comunicación. c) Lavandería, limpieza en seco y planchado. d) Cartas de menús con precios. e) Otros servicios, tanto gratuitos como pagos, ofrecidos por el hotel. 20. En cada habitación habrá un ejemplar del Reglamento interno al que se podrá acceder median- te un código QR, en formato impreso, o en la modalidad que establezca la autoridad de aplicación. 21. Proporcionar el servicio de custodia de dinero y objetos de valor que entregan los huéspedes. 22. Cuidar de las habitaciones de modo que estén preparadas y limpias en el momento de ser ocupadas por los huéspedes. 23. Garantizar dentro del establecimiento la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias. 24. Respetar la capacidad máxima de plazas autorizadas para cada unidad de alojamiento.”. Art. 43.- Se sustituye el texto del artículo 15 de la Ley 4827 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 15.- En los garajes o playas de estacionamiento se debe efectuar la exhibición de precios mediante listas ubicadas en las entradas o lugares de acceso, en forma destacada y claramente visible desde el interior de los vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán constar las características y modalidades del servicio que se presta, especificando: el precio por día, hora o fracción, de acuerdo con el tipo de cada unidad a saber: Automóvil y/o SUV Camioneta Transporte (Camiones, Ómnibus, Microómnibus, Furgones) Bicicleta Motocicleta En los establecimientos que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modali- dad de estadía, por períodos no mayores de 24 horas, será obligatorio fijar una tarifa que corres- ponda al tiempo horario en que el usuario utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las pautas que establece el presente artículo. Los garajes o playas de estacionamiento deben entregar a los clientes obligatoriamente un comprobante que indique el horario de apertura y cierre, la dirección y el teléfono del establecimiento. Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tipo de vehículo. a. Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo con el horario de atención al público. Sobre el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará un precio para períodos menores u ocupa- ción que se computa por el tiempo horario y/o sus fracciones. b. La primera hora de ocupación se cobrará completa. Pasada la primera hora, se computarán las fracciones en lapsos no superiores a 5 minutos, cuya tarifa en ningún caso podrá superar la do- ceava parte del precio por hora de estacionamiento. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 67 ~ c. El período de tiempo a cobrar por el responsable del estacionamiento resultará de las impre- siones efectuadas mediante el uso de computadoras y/u otros sistemas similares, o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas de estacionamiento, constando el horario de ingreso y egreso del vehículo. Si el usuario así lo requiriese, se hará constar en el comprobante respectivo el número de dominio del vehículo. d. En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento por parte del usuario, el responsable del estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio a los efectos de hacer efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar una suma mayor. Ante el extravío del ticket, el responsable del establecimiento constatará la identidad del usuario y el dominio del vehículo. e. El usuario podrá pagar la tarifa conforme a lo establecido por la estadía completa, o al cómputo horario, no pudiendo en ningún caso exigírsele el pago por adelantado. f. En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere ese artículo, deberá exhibirse en un lugar visible por el conductor antes de su ingreso: 1. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por el tiempo, estadía diaria completa y tipo de vehículo. 2. El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad de aplicación de la presente Ley. 3. La leyenda “se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas (art. 4.17.6 de la Ordenanza N° 33.266 y Ordenanza N° 44.365)” y las tarifas correspondientes al estacionamiento de bicicletas. 4. El texto íntegro del presente artículo, precedido por la siguiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento.”. Art. 44.- Se sustituye el texto del artículo 5° de la Ley 5641 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 5°.- Inscripción: Toda persona humana o jurídica que efectúe la planificación, organi- zación y/o desarrollo de los eventos masivos definidos en el Artículo 2° de la presente, deberá solicitar su inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos a los fines de su realización y contar con su certificado de inscripción. Sin perjuicio de los requisitos que la autori- dad de aplicación pueda requerir el formulario de inscripción deberá contener la documentación detallada en el anexo A.”. Art. 45.- Se sustituye el texto del artículo 6° de la Ley 5641 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 6°.- Certificado De Inscripción: El registro expide el certificado de inscripción que tiene una vigencia de treinta y seis meses (36) desde la fecha de su notificación y se entrega a todas aquellas personas humanas o jurídicas que se encuentran inscriptas en el mismo, que cumplan con los requisitos que se establezcan en la reglamentación. El certificado es de carácter personal e intransferible.”. Art. 46.- Se sustituye el texto del artículo 10 de la Ley 5641 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 10.- Informe Descriptivo: La solicitud del permiso especial deberá contar con un informe descriptivo sobre las características del evento a realizarse con detalle de capacidad solicitada y la nómina de artistas que actuarán en el evento. Asimismo, se deberá acompañar: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 68 ~ a. Documentación que acredite el derecho de ocupación del predio donde se realizará el evento. b. Proyección gráfica del predio indicando ubicación de la totalidad de las estructuras transitorias, dependencias complementarias, capacidad propuesta por sector, medios de salida, servicios sani- tarios afectados y demás condiciones que la AGC establezca en la reglamentación. c. Disposición aprobatoria otorgada por la Dirección General de Defensa Civil del Sistema de Au- toprotección, firmado por profesional idóneo en la materia, conforme lo normado por la Ley 5920. d. Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil. e. Informe de Impacto Acústico. f. Constancia del cumplimiento de las cuestiones de seguridad, suscripto por profesional idóneo en la materia, respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o transitorias que exija la reglamen- tación. g. Constancia de contratación del servicio de limpieza dentro del predio. h. Constancia de pago del servicio de higiene de las inmediaciones del predio y la vía pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis. i. Certificado firmado por profesional responsable del tratamiento ignífugo sobre estructuras y/o decorados combustibles.”. Art. 47.- Se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 5641 (texto consolidado por Ley 6.588), con el siguiente texto: “Artículo 11 bis: Higienización: El requirente deberá abonar el valor correspondiente a las tareas de higiene que demandare la realización del evento en las inmediaciones del predio y la vía pública, por día o fracción de día que se destine a dichas tareas por parte de la Ciudad Autónoma de Bue- nos Aires. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana o la autoridad que lo reemplace en el futuro determinará los parámetros, escalas, y procedimiento aplicables a los fines de su determi- nación tomando en cuenta los servicios de limpieza que contrate la Ciudad.”. Art. 48.- Se sustituye el texto del artículo 7° de la Ley 5671 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 7°. - Dicha inscripción se deberá renovar: a) Anualmente, mediante la acreditación del cumplimiento de una actualización de conocimientos gerontológicos específicos, no menor a veinte (20) horas; b) Cada dos (2) años, mediante la aprobación de una orientación gerontológica específica no me- nor a treinta (30) horas; c) Por el término que determine la autoridad de aplicación, mediante la aprobación en formación gerontológica específica de nivel superior y/o acreditada por la autoridad de aplicación mayor a cien (100) horas.”. Art. 49.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ley 5707 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 4°. - Para poder funcionar, los postulantes deberán obtener la habilitación general del vehículo gastronómico y el permiso particular de uso precario.”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 69 ~ Art. 50.- Se sustituye el texto del artículo 12 de la Ley 5707 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 12.- La habilitación general de Vehículos Gastronómicos tendrá una vigencia de tres (3) años pudiéndose renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el plazo mencionado.”. Art. 51.- Se sustituye el texto del artículo 22 de la Ley 5707 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 22.- Constituyen causales de revocación del permiso particular de uso precario: a. Permanecer fuera de operación por más de treinta (30) días consecutivos sin haber notificado debidamente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana o el que en el futuro lo reemplace; b. Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones y/o de los horarios permitidos por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana o el que en el futuro lo reemplace; c. Falta de pago del canon por un periodo superior a tres (3) meses.”. Art. 52.- Se sustituye el texto del artículo 2° de la Ley 5920 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 2°.- El Sistema de Autoprotección alcanzará a edificios, establecimientos y/o predios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios, establecimientos y/o predios, con afluencia de público, adecuándolo a las características propias del edificio, su destino y de las personas que lo utilicen, siendo de aplicación voluntaria en los edificios cuyo destino sea solo de vivienda. También resulta de aplicación obligatoria en los eventos con concurrencia masiva de público. El Sistema de Autoprotección tendrá una validez de dos años. Vencido ese plazo, los estableci- mientos cuyas condiciones de otorgamiento no hubieran sido modificadas, deberán declarar bajo juramento tal circunstancia a efectos de mantener los términos de la disposición aprobatoria, con- forme lo establezca la Autoridad de Aplicación, caso contrario, deberán iniciar un nuevo sistema de autoprotección. Sin perjuicio de lo dispuesto, aquellos usos que a continuación se detallan deberán presentar, a su vencimiento, un nuevo Sistema de Autoprotección de acuerdo lo dispuesto en el artículo 4: Actividades Especiales; Depósitos en los cuales se acopien maquinarías, sustancias peligrosas, inflamables o altamente combustibles, alimentos y medicamentos; Escuelas e Instituciones Educa- tivas; Espectáculos y Diversiones; Estación de Servicios; Estadios de Fútbol; Eventos (no masivos); Galería Comercial/Shopping; Garage/Estacionamiento que sea parte de un edificio; Geriátricos y Asilos; Hogares - Residencias; Hogar de Niños; Industria; Jardín de Infantes - Escuela Infantil - Jar- dín Maternal; Locales Bailables; Penitenciaría y Lugares de Detención de Personas; Residencia para Personas que Requieren Asistencia; Refugios Nocturnos; Salas de Juego; Sanitario (hospitales / clínicas / sanatorios / centro médico, etc.); Televisión; Locales Comerciales en los cuales se acopien y/o expendan sustancias químicas o biológicas o radiactivas, explosivas (según Ley 20.429, Dcto. 302/83), inflamables, tóxicas, corrosivas u oxidantes.”. Art. 53.- Se incorpora el artículo 2° ter a la Ley 5920 (texto consolidado por Ley 6588), y sus mo- dificatorias, con el siguiente texto: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 70 ~ “Artículo 2 ter: El Sistema de Autoprotección se llevará a cabo con posterioridad al registro del Plano Conforme a Obra o del registro del Plano Conforme a Obra de Instalación contra Incendio, en caso de corresponder. A tal efecto, la autoridad de aplicación determinará el procedimiento más ágil posible para los trámites, bajo los principios de simplificación normativa, transparencia y unificación de requisitos a solicitar al administrado.”. Art. 54.- Se sustituye el texto del artículo 1° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 1°- OBJETO- El objeto de la presente Ley es regular los principios y pautas generales que han de regir las autorizaciones de actividades económicas, su ejercicio responsable y su fiscaliza- ción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”. Art. 55.- Se sustituye el texto del artículo 4° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 4°- ÁMBITO DE APLICACIÓN. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a todas las actividades económicas que se desarrollen en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autoridad de aplicación podrá determinar cuáles serán los procedimientos especiales aplicables fijados en normas reglamentarias que continuarán vigentes, los que en su interpretación deberán ajustarse a las pautas y principios de esta Ley. Las actividades económicas se deben ajustar a las normas de los Códigos Urbanístico, de la Edifi- cación, las condiciones ambientales previstas en la Ley 123, las cuestiones que resulten obligato- rias en virtud de norma nacional, de defensa del consumidor, de higiene y seguridad en el trabajo, y de toda otra normativa que resulte de aplicación para el normal desarrollo de una actividad económica. La presente Ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan.”. Art. 56.- Se sustituye el texto del artículo 5° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 5°- ACTIVIDADES EXCLUIDAS- Quedan excluidas de la presentación de las clases de au- torización descriptas en el artículo 8° de la presente norma, las siguientes actividades: a) El uso residencial, sus espacios comunes o lugares accesorios, incluidos los garajes para esta- cionamiento particular. b) Cualquier actividad desarrollada de manera directa por la administración pública, centralizada o descentralizada de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de las administraciones de las Pro- vincias o del Estado Nacional que se desarrollen en esta jurisdicción. c) Aquellas actividades realizadas por las personas jurídicas privadas cuando asumen la consecu- ción de finalidades de interés público y desarrollen actividades esenciales propias de la adminis- tración pública. d) El estudio del profesional independiente, debiendo cumplimentar la normativa vigente para el ejercicio de su profesión. Sin perjuicio de la exclusión prevista para dichas actividades, deberán dar cumplimiento al régimen jurídico vigente en materia de seguridad e higiene, según corresponda.”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 71 ~ Art. 57.- Se sustituye el texto del artículo 7° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 7°- PRINCIPIOS GENERALES DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Los principios generales a los que deben ajustarse las actividades económicas y su regulación son: 1. PRINCIPIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Las actividades económicas deben servir a un desa- rrollo de la persona que preserve la convivencia de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La regulación de la actividad económica debe fomentar su desarrollo y promover la iniciativa privada en un marco que asegure el bienestar general y la justicia social, así como el desarrollo sostenible y sustentable. 2. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y PROFESIONAL. Los ciudadanos que ejerzan actividades económicas, sus dependientes y los profesionales que participen en el trámite de autorización estarán obligados a obrar con la prudencia exigible y proporcionada de acuerdo a la criticidad que la actividad o las características establecidas represente, teniendo en cuenta la se- guridad de las personas, los bienes y la convivencia responsable. 3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Las actividades económicas deben ser practicadas sujetándose a los requisitos establecidos en esta Ley, su normativa reglamentaria y demás normativa aplicable. 4. PRINCIPIO DE EFICACIA. La gestión de actividades privadas se realizará en un marco de trans- parencia, seguridad, salubridad y protección del ambiente, en procura de una actuación que cum- pla con los requisitos de eficiencia, economía y eficacia. 5. PRINCIPIO DE BUENA FE. Buena fe en toda la actuación de los solicitantes y profesionales intervinientes, que evite las conductas contradictorias, falseamiento u ocultamiento de datos o cualquier otra opacidad que pudiera inducir a error a la administración pública o conducir a una de- claración responsable u otorgamiento de licencia ilegítima o inconveniente para el interés general. Las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deban acreditar- se ante los organismos públicos. 6. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La regulación de las actividades económicas se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difu- sión de las actuaciones, siempre que no se afecte el derecho a la privacidad y la normativa vigente relacionada con la protección de datos personales. 7. PRINCIPIO DE GOBIERNO DIGITAL. La regulación de actividades económicas deberá fomentar la implementación de tecnología informática que permita acercar a los ciudadanos herramientas eficaces para su interacción con la administración pública. El requerimiento de la autorización implica la aceptación del sistema de notificación electrónica y la posibilidad de consultas públicas sobre los trámites en curso. El Gobierno Digital debe permitir aumentar la eficiencia de los proce- sos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la regulación de las actividades económicas y en la participación real y efectiva de los ciudadanos. 8. PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD. Los procedimientos procurarán la plena accesibilidad de los ciuda- danos al conocimiento de los requisitos y a los trámites que se desarrollen salvo reserva declarada. 9. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El trámite deberá facilitar la intervención de los ciudadanos en la denuncia y control a través del acceso público a los procedimientos informáticos para su compulsa y la formulación de peticiones, sin perjuicio de la posibilidad de reserva de do- cumentos que pudieran contener datos sensibles a pedido de parte o de oficio. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 72 ~ 10. PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA. Las normas y regulaciones que se dicten debe- rán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. La autoridad de aplicación deberá confec- cionar textos actualizados de sus normas regulatorias y de las guías de los trámites a su cargo. Deberá evaluarse su inventario normativo elevando proyectos que eliminen las disposiciones que resulten una carga innecesaria. En el mismo sentido el dictado de nuevas regulaciones deberá a su vez reducir el inventario existente. 11. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN RESPONSABLE Y REGISTROS. Los registros existentes en el ám- bito de la autoridad de aplicación deberán unificarse digitalmente, facilitando el acceso por parte de los ciudadanos y estarán regidos por el principio de gratuidad. 12. PRINCIPIO DEL BUEN FUNCIONARIO. Los funcionarios públicos deberán observar una con- ducta acorde a las obligaciones previstas en la Ley de Régimen de Integridad Pública N° 6.357 en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los pro- cedimientos establecidos, aún en aquellos casos en los cuales los actos no produzcan perjuicio patrimonial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”. Art. 58.- Se sustituye el texto del artículo 8° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 8°- CLASES DE AUTORIZACIONES. No podrán ejercerse actividades económicas sin la clase de autorización correspondiente. La omisión de las obligaciones previstas en el presente artículo y/o el falseamiento de la información declarada, dará lugar a la responsabilidad solidaria, administrativa, civil y/o penal del titular de la actividad económica. Las autorizaciones de las activi- dades económicas se obtendrán -con carácter general- a través de declaración responsable salvo los casos establecidos expresamente para las licencias y los permisos en esta Ley o normativa específica. La autoridad de aplicación deberá verificar el contenido de la declaración responsable. Las autori- zaciones de las actividades económicas son: 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE La declaración responsable es el documento suscrito por un ciudadano interesado, y por el pro- fesional interviniente, en los casos que corresponda, en el que manifiesta, bajo su responsabili- dad, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio de una determinada actividad económica o varias en conjunto, y que dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de su duración acompañando la documentación que así lo acredita y que será determinada por la reglamentación. La tramitación de la declaración responsable podrá ser exprés. A tal efecto, la autoridad de apli- cación podrá determinar, conforme los principios aplicables, un procedimiento más ágil a tal fin. La presentación de la declaración responsable autoriza el funcionamiento de la actividad; sin per- juicio de ello, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente verificación. Para las actividades que se desarrollen en establecimientos cuya superficie supere los doscientos (200) metros cuadrados, y/o para aquellos rubros que por criterios objetivos requieran especial atención según lo defina la autoridad de aplicación, será exigible la presentación de la declaración responsable suscripta por el ciudadano conjuntamente con un profesional responsable. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 73 ~ 2. LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA La autorización de la actividad económica, es otorgada mediante acto administrativo, una vez pre- sentada la declaración responsable del ciudadano conjuntamente con un profesional responsable, previa comprobación por la autoridad de aplicación del cumplimiento de las condiciones estableci- das en la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación, podrá librar al uso la actividad en forma anticipada y condicional, siempre que mediante inspección previa, se verifique, el cumplimiento de las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento que correspondan. 3. PERMISO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA La autorización de la actividad económica es otorgada mediante permiso cuando se requiere para un evento o una actividad de carácter transitorio o limitada a un breve período de tiempo en los términos que fije la autoridad de aplicación.”. Art. 59.- Se sustituye el texto del artículo 9° de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 9°. - ALCANCE DE LAS AUTORIZACIONES: La declaración responsable, la licencia y el permiso para el ejercicio de las actividades económicas son revocables por acto fundado de la au- toridad de aplicación. Las autorizaciones pueden ser múltiples por espacio físico y ser declaradas u otorgadas a personas humanas o jurídicas, de modo individual o compartido, sin perjuicio del cumplimiento de los recaudos que exijan otras normas vigentes al efecto. Se podrán incorporar nuevos usos y/o redistribuir usos, y/o disminuir o aumentar la superficie originaria y/o disminuir o ampliar los usos originarios y transmitirlas mediante los trámites que a tales efectos prevea la autoridad de aplicación.”. Art. 60.- Se sustituye el texto del artículo 10 de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 10.- DECLARACIÓN RESPONSABLE Todas las actividades económicas que se desarrollen en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren la presentación de la declaración responsable para su ejercicio. Las activi- dades económicas que corresponden a las licencias requieren además el acto administrativo previo para su funcionamiento.”. Art. 61.- Se sustituye el texto del artículo 16 de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 16.- VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES Las autorizaciones mantendrán su vigencia siempre que se conserven las mismas condiciones exi- gidas por la normativa en vigor al momento de su otorgamiento.”. Art. 62.- Se sustituye el texto del artículo 17 de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 17.- REVALIDACIÓN DE DATOS DE LAS LICENCIAS Las autorizaciones correspondientes a las licencias de actividad económica, mantendrán su vigen- cia siempre que el titular realice la correspondiente revalidación de datos bajo los parámetros y requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, la que deberá realizarse cada quince (15) años contados a partir de su otorgamiento. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 74 ~ En caso de haber variado las condiciones originales de la licencia, deberá acompañar la documen- tación correspondiente, bajo apercibimiento de caducidad de la autorización. Al momento de realizar la revalidación de datos, el titular de la autorización deberá declarar si la misma se encuentra en igual situación que al momento de solicitar la licencia de actividad econó- mica original. El plazo para la revalidación de datos de las autorizaciones de actividad económica que correspon- dan a la clase de licencias, que fueran tramitadas conforme al régimen establecido por el Título 1 de las Actividades del Anexo B de la Ordenanza N° 34.421 Código de Habilitaciones y Verificacio- nes, comenzará a correr a partir del 6 de marzo de 2019, en los términos que disponga la autoridad de aplicación.”. Art. 63.- Se sustituye el texto del artículo 18 de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 18.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES El ciudadano deberá informar a la autoridad de aplicación, de la forma que ésta establezca, cual- quier modificación y/o variación de las condiciones en las que la autorización económica hubiese sido otorgada. La omisión de las obligaciones previstas en el presente artículo y/o el falseamiento de la información declarada, dará lugar a la responsabilidad solidaria, administrativa, civil y/o penal del titular de la actividad económica. En caso de tratarse de informar modificaciones en las condiciones de autorizaciones de activida- des económicas concedidas mediante licencia, el plazo previsto en el artículo 17 de la presente se reiniciará, siempre que las modificaciones se realicen de acuerdo a los parámetros y requisitos establecidos por la autoridad de aplicación.”. Art. 64.- Se sustituye el texto del artículo 32 de la Ley 6101 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 32.- AUTORIZACIONES OTORGADAS Y SOLICITUDES TRAMITADAS EN FECHA ANTE- RIOR AL 6 DE MARZO DE 2019: Las autorizaciones otorgadas y las solicitudes tramitadas con anterioridad al 6 de marzo de 2019, de conformidad al régimen establecido por el Título 1 de las Actividades del Anexo B de la Ordenanza N° 34.421 Código de Habilitaciones y Verificaciones, se rigen por las normas exigibles a la fecha de su otorgamiento o presentación, en cuanto a los re- quisitos de habilitación.”. Art. 65.- Se deroga la Ordenanza sin número sancionada el 21/05/1907 que prohíbe el juego de barrilete (texto consolidado por Ley 6588). Art. 66.- Se deroga la Ordenanza sin número sancionada el 28/04/1908 que establece que los ocu- pantes de locales cuyos sótanos tengan rejas exteriores desmontables, no podrán dejarlas abiertas (texto consolidado por Ley 6588). Art. 67.- Se deroga la Ordenanza sin número sancionada el 16/06/1914 que prohíbe la utilización de bombillas de paja no cubiertas con forro higiénico (texto consolidado por Ley 6588). Art. 68.- Se deroga la Ordenanza sin número sancionada el 30/12/1920 que prohíbe colocar mues- tras salientes y poner bandolas en la vía pública (texto consolidado por Ley 6588). Art. 69.- Se deroga la Ordenanza sin número sancionada el 27/04/1923 que reglamenta a los sana- torios para animales y laboratorios o consultorios veterinarios en los que se hospitalicen animales (texto consolidado por Ley 6588). Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 75 ~ Art. 70.- Se derogan las Ordenanzas 4.372, 12.437, 27.916, 31.700, 32.959, 33.082, 33.373, 39.206, 43.677, 43.772, 44.103, 46.625, 48.891, 49.816, 51.277 (textos consolidados por Ley 6588). Art. 71.- Se deroga el Decreto-Ordenanza 13.455/1962 (texto consolidado por Ley 6588). Art. 72.- Se derogan los artículos 2.6.1, 2.6.3, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.12, 3.3.3, 6.2.16, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6.1, 7.1.6.4, 7.1.6.8, 8.1.1, 8.5.1, 8.5.12, 8.5.13, 8.5.14, 8.5.19, 8.5.22, 8.5.23, 8.5.24, 8.6.1, 8.6.9, 8.6.10, 8.6.11, 8.6.14, 8.6.15, 8.6.19, 8.6.21, 8.6.22, 8.6.24, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6.5, 8.7.6.7, 9.15.1, del Anexo B de la Ordenanza 34.421 (texto consolidado por Ley 6588) y sus modificatorias; y el artículo 3° de la Ordenanza 48.455 (texto consolidado por Ley 6588); el artículo 3° de la Ordenanza 40.420 (texto consolidado por Ley 6588). Art. 73.- Se deroga el artículo 1° de la Ley 139, el artículo 17 de la Ley 1264, el artículo 7° de la Ley 1897, los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 2198, el artículo 23 de la Ley 2542, el artículo 3° de la Ley 3320 y el artículo 3° de la Ley 5707 (textos consolidados por Ley 6588). Art. 74.- Se deroga la Ley 246 (texto consolidado por Ley 6588) y la Ley 1493. Art. 75.- Comuníquese, etc. Muzzio – Schillagi Decreto N° 21/2025 Boletín Oficial N° 7035 - 10/01/2025 – Pág. 47. Link a publicación Buenos Aires, 8 de enero de 2025 En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se promulga la Ley N° 6779 (EX-2024-48052959-GCABA- DGCCN), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de diciembre de 2024. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de Salud, de Justicia, de Seguridad, de Espacio Público e Higiene Urbana, de Cultura, de Infraestructura, de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, girar copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General Coordinación y Consolidación Normativa y comunicar a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Salud, de Justicia, de Seguri- dad, de Espacio Público e Higiene Urbana, de Cultura, de Infraestructura, de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archivar. Macri - Arengo Piragine p/p - González Bernaldo De Quirós - Tapia - Wolff - Baistrocchi - Ricardes - Bereciartua - Arengo Piragine - Arengo Piragine p/p Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 76 ~ Ley N° 6790 Boletín Oficial N° 7039 - 16/01/2025 – Pág. 25. Link a publicación Buenos Aires, 12 de diciembre de 2024 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley CÓDIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Artículo 1°.- Se aprueba como Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el texto que como Anexo A integra la presente Ley. Art. 2°.- El Código aprobado por el artículo 1° de la presente Ley entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Ley. Art. 3°.- Se sustituye el texto del artículo 2° de la Ley 265 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 2° - La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objeto cumplir las siguientes funciones: a. fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo; b. garantizar la tutela de los menores en el trabajo y hacer aplicación estricta de las normas de prohibición del trabajo infantil. Cuando los/las inspectores/as de trabajo, en uso de sus facultades constaten la utilización de trabajo infantil, deberán comunicar de inmediato dicha circunstancia a la Secretaría de Promoción Social, a efectos de tomar intervención para la protección de los/las menores involucrados/as; c. intervención en los conflictos individuales de trabajo de conformidad con la competencia y los alcances determinados en el Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial. Esta facultad no podrá ser ejercida cuando los trabajadores involucrados sean dependientes del Gobier- no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d. intervención en los conflictos colectivos de trabajo, procurando la autocomposición de los mis- mos a través de los procedimientos de conciliación y arbitraje voluntario. A tal fin podrá dictar medidas previas, precautorias, resoluciones y disposiciones de carácter obligatorio en la materia, labrando las actuaciones correspondientes. Esta facultad no podrá ser ejercida cuando los traba- jadores involucrados sean dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e. registro de empleadores y rúbrica de documentación laboral; f. diseño e instrumentación de los programas y proyectos tendientes a dinamizar las relaciones laborales y promover la negociación colectiva; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 77 ~ g. elaborar políticas tendientes a la capacitación y recalificación de los trabajadores, como así tam- bién programas de incentivos y promoción de empleo; h. asesoramiento gratuito a los trabajadores en todo lo relativo al trabajo y la Seguridad Social y otorgamiento de patrocinio letrado gratuito para aquellos trabajadores que se sometan a la instan- cia administrativa prevista en el Artículo 36.”. Art. 4°.- Se sustituye el texto del artículo 36 de la Ley 265 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 36.- La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la encargada de homologar los acuerdos conciliatorios laborales sean voluntarios u obligatorios, según corresponda. La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervendrá ha- ciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de dirimir las diferencias u ho- mologar los acuerdos en cuanto corresponda. La concurrencia de las partes a la primera audiencia será obligatoria, y se efectuará bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. Será obligatorio el patrocinio letrado del trabajador en las actuaciones administrativas bajo pena de nulidad. El trabajador podrá hacerse representar por la asociación sindical a la que se encuentra afiliado o en cuyo ámbito esté comprendido, debiendo ratificar dicha representación en la primera audiencia. El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes. Quedan exceptuados del carácter obligatorio y previo de esta instancia: 1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares; 2. Las diligencias preliminares y prueba anticipada; 3. Cuando el reclamo individual o pluriindividual haya sido objeto de las acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis, o de conciliación obligatoria previstos en las leyes 24.013 y 14.786; 4. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados; 5. Las demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal; 6. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público.”. Art. 5°.- Se sustituye el texto del artículo 39 de la Ley 265 (texto consolidado por Ley 6588), por el siguiente: “Artículo 39.- La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pue- de delegar en uno o más funcionarios la investigación de los hechos y el trámite del expediente, salvo la resolución final. Asimismo podrá descentralizar sus funciones, y celebrar convenios con asociaciones sindicales y empresariales, que instrumenten servicios de conciliación laboral, en el marco de la negociación colectiva, quedando sujeto a reglamentación.” Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 78 ~ Cláusula Transitoria Primera: Las causas en trámite iniciadas en jurisdicción del fuero nacional con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por competencia material y territorial pudiesen corresponder a esta Justicia local, continuarán en aquel fuero nacional hasta su finalización y archivo, aplicándose la normativa procesal nacional vigente hasta ese momento. Art. 6°.- Comuníquese, etc. Muzzio - Schillagi ANEXO A CÓDIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TÍTULO I PARTE GENERAL CAPÍTULO I PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO LABORAL Y COMPETENCIA Artículo 1°.- Principios del procedimiento. El proceso ante la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rige por los principios oralidad, celeridad, gratuidad para el/ la trabajador/a y sus derechohabientes, concentración, congruencia, progresividad, digitalización y virtualidad de las actuaciones conforme lo disponen los reglamentos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diligenciamiento de pruebas, notificaciones y realización de audiencias y actos procesales en forma virtual conforme lo establezca la reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impulso de oficio con el alcan- ce previsto en este Código, conciliación de las partes cuando ello fuera posible en toda instancia procesal previa al dictado de la sentencia, inmediación, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales del/la trabajador/a. Art. 2°.- Improrrogabilidad de la competencia. La competencia atribuida a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso la territorial, es improrrogable. Art. 3°.- Prohibición de delegación de competencia. La competencia no podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los/las jueces/zas de otros ámbitos territoriales la realización de di- ligencias determinadas. Art. 4°.- Competencia por materia. La Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer: En primera instancia, en todas las cuestiones contenciosas de con- flictos individuales de derecho del trabajo, por demandas o reconvenciones fundadas en los contra- tos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo; y las causas entre trabajadores/ as y empleadores/as relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél. Asimismo tendrá competencia en los recursos contra lo dispuesto por la comisión médica con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Comisión Médica Central cuando haya interve- nido aquella previamente y toda otra causa derivada de la Ley 24.557 y su complementaria 27.348 y las que pudieren reemplazarlas o modificarlas en el futuro. La competencia también comprenderá a las causas que persigan sólo la declaración de un dere- cho. Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 79 ~ Quedan excluidas de la competencia de la Justicia del Trabajo las causas comprendidas en la Ley 189. Art. 5°.- Casos especiales de competencia. En especial, la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autó- noma de Buenos Aires será competente para conocer: 1) En las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales del derecho del trabajo. 2) En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de éstos ubicados en el ámbi- to de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concedidos a los/as trabajadores/as en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo. 3) En las demandas de tercerías derivadas de procesos tramitados ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4) En grado de apelación, de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo del Go- bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6) En el trámite para la regulación de honorarios judiciales y extrajudiciales, derivados de acciones promovidas ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7) En las acciones donde, según las leyes generales o especiales, el/la trabajador/a tenga expedita la vía judicial ante la Justicia del Trabajo local y se configuren los presupuestos contenidos en el inciso 1). 8) En la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley Nacional 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace. 9) A opción del/la trabajador/a, si alguna de las partes tuvieran domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ejecución de acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad admi- nistrativa del trabajo, que tramitarán por el procedimiento de ejecución de sentencias previsto en este Código. Art. 6°.- Competencia por conexidad. El/la juez/a que entiende en el proceso principal será com- petente para conocer en todos sus incidentes, en las medidas preparatorias, en la ejecución de sentencia y en el cobro de las costas. Entenderá también en las demandas por extensión de res- ponsabilidad en los supuestos que corresponda según las leyes de fondo. Igual criterio se aplicará en materia de medidas cautelares. Art. 7°.- Competencia exclusiva de la Cámara. La Cámara del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocerá: a. En los recursos que esta Ley autoriza; b. En las recusaciones y cuestiones planteadas por las excusaciones de sus propios miembros y de los/as Jueces/zas de primera instancia; c. En grado de apelación, en las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° tercer párrafo, de la Ley Nacional N° 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, o la que en el futuro las reemplace. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 80 ~ Art. 8°.- Competencia territorial. La Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para intervenir en los siguientes casos: 1. Cuando el lugar de trabajo se desarrolle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2. Cuando el lugar de celebración del contrato de trabajo se encuentre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3. Cuando intervenga la Comisión Médica Jurisdiccional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las contingencias de la Ley N° 24.557, conforme los artículos 1° y 2° de la Ley N° 27.348; 4. Cuando el/la trabajador/a tenga domicilio real en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 9°.- Juicios universales. En caso de muerte, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de los Juzgados del Trabajo se iniciarán o continuarán ante los mismos, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales o interesados que co- rrespondiere. Art. 10.- Competencia. Declinatoria. El/la juez/a ante el cual se hubiere promovido la demanda sea de oficio o a iniciativa del demandado al excepcionar, declinará su competencia material o territo- rial, si así lo estima procedente. Sin embargo, superadas estas etapas procesales, éstas quedarán firmes para el Juzgado y las partes. El Ministerio Público Fiscal podrá cuestionar la competencia en su primera intervención. Art. 11.- Inhibitoria. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponerse excepciones o de contestar la demanda, si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata. Si entablada la inhibitoria el/la juez/a se declarase competente, librará oficio o exhorto acompa- ñando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal compe- tente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente. Art. 12.- Trámite de la inhibitoria. Recibido el oficio o exhorto, el/la juez/a requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal compe- tente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para qué remita las suyas. Art. 13.- Trámite de la inhibitoria ante el Superior. Dentro de los cinco (5) días de recibidas las ac- tuaciones de ambos/as jueces/zas, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto. Si el/la juez/a que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de diez (10) a quince (15) días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 81 ~ Art. 14.- Sustanciación. Las cuestiones de competencia se sustanciarán por vía de incidente. No suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el/la juez/a que previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio. Art. 15.- Contienda negativa. En caso de contienda negativa o cuando dos (2) o más jueces/zas se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos/as podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en este Código. CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTO Art. 16.- Deberes de los/as Jueces/zas. Son deberes de los/as Jueces/zas: 1) Asistir personalmente a la audiencia preliminar y realizar en forma personal las diligencias que ésta u otras leyes pongan a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada. 2) Decidir las causas, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las prefe- rencias a las cuestiones urgentes. 3) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: a) Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes. b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez (10) días de quedar el expediente a despacho. c) Las sentencias definitivas, para los/as Jueces/zas de primera instancia dentro de los plazos esta- blecidos en el artículo 194; para los/as Jueces/zas de Cámara dentro del plazo de treinta (30) días desde que el expediente quede en condiciones de dictar sentencia. 4) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y los principios de congruencia y progresividad. 5) Dirigir el procedimiento dentro de los límites expresamente establecidos en esta Ley: a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que esta adolez- ca, ordenando su subsanación dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso. d) Prevenir y denunciar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. f) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias conforme lo dispuesto en el artículo 36. g) Declarar en oportunidad de dictar las sentencias definitivas y en caso de corresponder, la teme- ridad y/o malicia en que hubieren incurrido los/as litigantes y/o profesionales intervinientes. Art. 17.- Recusación. Los/as Jueces/zas del Trabajo, Secretarios/as, árbitros/as y peritos no podrán ser recusados sin expresión de causa. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 82 ~ Son causas legales de recusación: 1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios/as o letrados/as. 2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los/as litigantes, procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima. 3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante. 4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. 5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denun- ciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los/as litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes. 8. Tener el/la juez/a con alguno de los/as litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato. 9. Tener contra el/la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos co- nocidos. En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después que haya comenzado a conocer del asunto. Art. 18.- Oportunidad. La recusación puede ser deducida por cualquiera de las partes en las si- guientes oportunidades: El actor/a, al entablar la demanda o en su primera presentación; a) El/la demandado/a, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer ex- cepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el/la demandado/a no cumple esos actos, no puede ejercer en adelante la facultad que le con- fiere este artículo. Los/as jueces/zas de las Cámaras de apelaciones, pueden ser recusados/as dentro de los tres (3) días posteriores a la notificación de la primera providencia que se dicte. Si la causal fuere sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del/la recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia. Art. 19.- Tribunal competente para conocer de la recusación. Cuando se recuse uno o más miem- bros de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocen los que que- den hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma que corresponda. De la recusación de los/as jueces/zas de primera instancia conoce la Cámara de apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 20.- Forma de deducirla. La recusación se deduce ante el/la juez/a recusado/a y ante la Cá- mara de apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros. En el escrito correspondiente, existe la carga de expresar las causas de la recusación, y proponer- se y acompañar, en su caso, toda la prueba de que el/la recusante intentare valerse. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 83 ~ Art. 21.- Rechazo “In Limine”. Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 17 o la que se invoca es manifiesta- mente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en el artículo 18, la recusación es desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella. Art. 22.- Informe del magistrado recusado. Cuando el/la recusado/a es un/a juez/a de Cámara, se le comunica la recusación, a fin de que informe sobre las causas alegadas, en el término de tres (3) días. Cuando el/la recusado/a sea un juez/a de primera instancia, debe remitir a la Cámara de Apelacio- nes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los cinco (5) días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas. Art. 23.- Consecuencias del contenido del Informe. Si el/la recusado/a reconoce los hechos, se le tiene por separado/a de la causa. Si los negase, con lo que exponga se forma incidente que tramita por expediente separado. Art. 24.- Apertura a prueba. La Cámara de apelaciones, integrada al efecto si procede, recibe el incidente a prueba por cinco (5) días. Cada parte no puede ofrecer más de tres (3) testigos. Art. 25.- Resolución. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resuelve el inci- dente dentro de cinco (5) días. Art. 26.- Radicación temporaria del expediente. Cuando es recusado un/a juez/a de primera instan- cia, el expediente pasará al juez/a subrogante legal para que continúe su substanciación. Cuando el recusado fuese uno (1) de los/as jueces/zas de la Cámara de apelaciones sigue cono- ciendo en la causa el/la o los/as integrantes o sustitutos/as legales que deben resolver el incidente de recusación. Art. 27.- Efectos. Si la recusación fuese desechada, se hace saber la resolución al juez/a subrogan- te a fin de que devuelva los autos al/a la juez/a recusado/a. Si fuese admitida, el expediente queda radicado ante el/la juez/a subrogante con noticia al/a la juez/a recusado/a, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Art. 28.- Efectos en segunda instancia. Cuando la recusación a un/a juez/a de segunda instancia es denegada, vuelve a entender el recusado/a. Cuando es aceptada, siguen conociendo en la causa el/la o los/as integrantes o sustitutos/as lega- les que hubiesen resuelto el incidente de recusación. Art. 29.- Recusación Maliciosa. Desestimada una recusación con causa, podrá aplicarse una multa de hasta cincuenta (50) UMA por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la re- solución judicial. Art. 30.- Disposiciones aplicables a la excusación. Todo/a juez/a que se hallare comprendido/a en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el/la juez/a que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se forma incidente que es remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la substanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente queda radicado en el tribunal que corresponda, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 84 ~ Art. 31.- Causal de mal desempeño. Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los términos del artículo 122 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el/la juez/a a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto, y a sabiendas haya dictado en él resolu- ción que no sea de mero trámite. CAPÍTULO III DOMICILIO Art. 32.- Domicilio constituido electrónico. Las partes deberán denunciar su domicilio real y el electrónico del/de la abogado/a que las asista o represente, el cual tendrá carácter de domicilio procesal constituido. Ambos requisitos se cumplirán en la primera actividad procesal, ya sea pre- sentación escrita o en audiencia. En caso de intervención de varios letrados/as por una misma parte se deberá indicar cuál es el único domicilio electrónico constituido. Se diligenciarán en el domicilio electrónico constituido todas las notificaciones que no deban serlo en el real. Las notificaciones serán electrónicas y se realizarán de conformidad con la presente Ley y su re- glamentación, salvo las excepciones dispuestas en el presente Código. Art. 33.- Incomparecencia o inexistencia de domicilio. Si la persona citada, debidamente notificada, no compareciere o el domicilio real resultare inexistente, desapareciere el edificio, quedara des- habitado, se alterare o suprimiere su numeración, con el informe del notificador, las providencias que se deban notificar en dicho domicilio, se cumplirán en el domicilio electrónico constituido, y en defecto también de este, quedarán notificadas por ministerio de ley los días martes y viernes, o el siguiente hábil si este fuera feriado, con excepción de la sentencia definitiva. Art. 34.- Domicilio real. Si en la demanda el/la actor/a no denunciare su domicilio real y el de su contraria, no se dará curso a la demanda hasta que se subsane la omisión. Si el/la demandado/a no denunciare al contestar la demanda un domicilio real distinto o si fuere rebelde, se tendrá por válido el domicilio real que le haya asignado el/la actor/a. Cada una de las partes estará obligada a mantener actualizado en el proceso su propio domicilio real. Si éste se modificare y el/la interesado/a no cumpliere la obligación indicada, se considerará subsistente el domicilio real que figure en el expediente judicial electrónico hasta que se denuncie el cambio. Deberán notificarse en el domicilio real: a) la demanda; b) la citación para absolver posiciones; c) las citaciones a terceros; d) las citaciones a las partes para que comparezcan personalmente; e) la cesación del mandato del/la apoderado/a; f) la primera providencia que se dicte luego de sacar el expediente judicial electrónico del archivo, transcurridos los seis (6) meses desde el archivo del expediente judicial electrónico. g) La sentencia en caso de rebeldía. Art. 35.- Modificación y subsistencia del domicilio electrónico constituido. Para que el cambio de domicilio surta efecto bastará la simple constitución de uno nuevo en la causa y su notificación a la contraria. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 85 ~ El domicilio constituido subsistirá, para todos los efectos procesales, mientras no sea modificado por las partes. CAPÍTULO IV IMPULSO PROCESAL Art. 36.- El/la Juez/a deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso. Asimismo, deberá disponer que se realice cualquier diligencia que fuera necesaria para evitar la nulidad del procedimiento, con amplias facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime pertinentes, respetando los principios de congruencia, bilaterali- dad y defensa. No obstante, transcurrido en la etapa de conocimiento el plazo de seis (6) meses sin que se hu- biere instado el curso del proceso y siempre que no medie un deber específico del Juzgado de efectuar determinados actos procesales, el/la Juez/a deberá intimar a la parte reclamante para que en el término de diez (10) días produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretar la caducidad de la instancia. El curso del plazo de caducidad comprende también los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales. La resolución será apelable únicamente cuando se declare la caducidad. CAPÍTULO V NULIDADES Art. 37.- Nulidad. En los casos en que se hubieren violado las formas sustanciales del juicio, se decretará, a petición de parte o de oficio, la nulidad de lo actuado. Al promover el incidente, la parte deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que la llevare a pedir la declaración. Si no se cumpliere este requisito, la nulidad será rechazada sin sustanciación. Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en este artículo o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 38.- Consentimiento de actos viciados. No procederá la declaración de nulidad del procedimien- to cuando se hayan dejado pasar tres (3) días desde el momento en que se tuvo conocimiento del acto viciado sin haber hecho cuestión alguna. Artículo 39.- Oportunidad para el planteamiento de las nulidades. Las nulidades de procedimiento deberán ser planteadas y resueltas en la instancia en que se hubiere producido el vicio que las motivare. Art. 40.- Efectos de las nulidades. La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla. CAPÍTULO VI ACUMULACION DE PROCESOS Art. 41.- Procedencia de la acumulación de procesos. Procederá la acumulación de procesos, siem- pre que a) sean de la competencia material del/de la mismo/a Juez/a. b) no sean excluyentes entre sí, c) en caso de ser varios los demandantes o demandados, las acciones sean sustancialmente conexas por el objeto, los hechos o la causa. Cuando se acumularen procesos que deban sustanciarse por trámites distintos, el/la juez/a de- terminará, sin recurso alguno, qué procedimiento corresponderá imprimirle al expediente judicial electrónico resultante de la acumulación. El/la Juez/a podrá desacumular los procesos si cesaren las causas que hubieren motivado la acu- mulación. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 86 ~ Art. 42.- Prevención. La acumulación se hará sobre el expediente judicial electrónico en el que primero se hubiere interpuesto la demanda. Art. 43.- Modo y oportunidad de la acumulación. La acumulación podrá promoverse en cualquier estado de la causa antes de la sentencia de primera instancia, pero únicamente si la sentencia que se haya de dictar en uno de los juicios pudiere producir efectos de cosa juzgada en los otros. Art. 44.- Planteo y resolución del incidente. El pedido de acumulación deberá promoverse ante el/la Juez/a de la causa que se hubiere iniciado primero quien, previo traslado a la contraria, resolverá acerca de su viabilidad. La resolución que acuerde o deniegue la acumulación de procesos será inapelable. Art. 45.- Suspensión de plazos. La promoción del pedido de acumulación producirá la suspensión del curso de los procesos involucrados, hasta que dicte resolución admitiendo o rechazando el pedido, excepto las medidas o diligencias que no admitan demora. Art. 46.- Litisconsorcio facultativo. Podrán más de una persona demandar en forma conjunta cuan- do las pretensiones se sustenten en los mismos hechos y tengan idéntico objeto. No podrán litigar en conjunto más de diez (10) actores/as por vez salvo expresa autorización del/de la juez/a de la causa. Asimismo, en todos los casos, el/la juez/a podrá ordenar la separación de los procesos si, a su juicio, la acumulación fuere inconveniente; en este caso podrá disponer que parte o la totalidad de la prueba se produzca en una sola de las causas y dictar una sentencia única. La resolución que se adopte será inapelable. Art. 47.- Litisconsorcio necesario. En los supuestos en que la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que en relación con varios intervinientes, o cuando razones de economía procesal aconsejaran la actuación conjunta de otros sujetos en iguales condiciones a las previstas en el artículo anterior, el/la juez/a de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes ordenará an- tes de dictar la providencia de apertura a prueba la integración del litigio dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso, mientras se cite al/los/as litigante/s o venza el plazo para hacerlo. CAPÍTULO VII OFICIOS Y EXHORTOS Art. 48.- Comunicaciones a autoridades judiciales nacionales o entidades públicas y privadas. Toda comunicación dirigida a jueces o entidades públicas o privadas se practicará mediante oficio o exhorto electrónico, en la medida que sea posible, salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados. Se debe incorporar al expediente judicial electrónico una copia de todo oficio o exhorto electrónico que se libre. Los oficios judiciales serán generados de forma electrónica y suscriptos con firma electrónica o digital. Si el/la destinatario/a tuviera un domicilio electrónico inscripto en el Régimen de Domicilios Electrónicos se utilizará dicho domicilio para la remisión del oficio. En los demás supuestos, serán de aplicación las siguientes reglas: 1) Los documentos electrónicos respectivos se confeccionarán y confrontarán adicionándose la firma digital/electrónica del/de la funcionario/a y/o del/de la juez/a cuando fuera necesario. Si se requiriera incorporar copias digitales a los oficios, deberán insertarse como archivos adjuntos al momento de generarse el documento electrónico respectivo. En el caso de no ser observados, los oficios judiciales se diligenciarán en el domicilio electrónico registrado de sus destinatarios. La parte oferente deberá remitir el oficio al Juzgado con el domi- cilio electrónico registrado, cargado para su firma y notificación al oficiado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 87 ~ 2) Si el destinatario del oficio judicial no tuviere domicilio electrónico registrado, el documento, una vez confrontado y en su caso firmado por el/la funcionario/a y/o magistrado/a, será enviado al domicilio electrónico de la parte interesada para que éste lo diligencie por mail o soporte pa- pel. En ambos supuestos el impulso de la prueba de oficios estará a cargo de la parte interesada. Dispondrá de 30 (treinta) días desde la notificación del auto de apertura para el envío electrónico del oficio al juzgado para su compulsa y, de corresponder, para acreditar su diligenciamiento, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de pleno derecho de la prueba. En caso de falta de con- testación del oficio, la parte interesada dispondrá de 5 (cinco) días desde el vencimiento del plazo para contestar, para pedir su reiteración bajo pena de caducidad. Art. 49.- Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras. Las comunicaciones dirigidas a au- toridades judiciales extranjeras se practicarán mediante exhorto. Se debe dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura. CAPÍTULO VIII NOTIFICACIONES Art. 50.- Principio general. Salvo los casos en que procede la notificación personal o por cédula, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si este fuera feriado, por su publicación en la Mesa de Entradas Virtual sin necesidad de nota digital u otra diligencia. No se producirá el efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente judicial electrónico no estuviere disponible para la consulta en línea. Se exceptúa de este principio a los supuestos mencionados en el artículo 52 y 53 del presente Código. Art. 51.- Resoluciones autonotificables. Sistema general. Fuera de los supuestos de excepción previstos en este Código, las notificaciones de las providencias, resoluciones y sentencias pronun- ciadas en los procesos se realizarán a los domicilios electrónicos de manera automatizada. Art. 52.- Excepciones a la automaticidad. Quedan exceptuados de la automaticidad los siguientes supuestos: a) Cuando el sujeto destinatario no haya constituido domicilio electrónico en el proceso. b) En los casos de falta de constitución y denuncia de domicilio electrónico y en los que haya sido decretada la rebeldía del destinatario. En estos casos, las resoluciones judiciales se tendrán por no- tificadas los días martes y viernes, o el siguiente hábil si este fuera feriado, mediante su publicación en la Mesa de Entradas Virtual. En la notificación de la providencia que declara la rebeldía se hará saber al destinatario que lo dispuesto en este inciso será de aplicación a las sucesivas resoluciones que se dicten en el proceso, excepto la sentencia definitiva, la que se notificará por cédula y/o telegrama electrónico y/o cualquier otro medio determinado por la reglamentación; c) La resolución que, de acuerdo a la legislación vigente, deba ser notificada por edictos o por los medios de radiodifusión y televisión y/o cualquier otro medio determinado por la reglamentación y/o el Juez; d) La resolución que disponga el traslado de la demanda, la intimación de pago o la citación de terceros; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 88 ~ e) Las resoluciones dictadas en aquellos casos en los que el órgano judicial disponga la excepción por la índole o el contenido de la medida adoptada, el estado del proceso o por otra razón grave debidamente justificada. Artículo 53.- Notificación de resoluciones al domicilio electrónico. 1. Procederá la notificación al domicilio electrónico de las siguientes resoluciones: a) Las que ordenan intimaciones o apercibimientos, medidas cautelares, su modificación o levan- tamiento; b) La primera providencia que se dicte después de que un expediente judicial electrónico haya vuelto del archivo, o haya estado paralizado o fuera de Secretaría más de tres (3) meses; c) Cuando se reanuden plazos suspendidos por tiempo indeterminado, o se apliquen sanciones disciplinarias; d) La que dispone el traslado de una liquidación o de su impugnación; e) La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería; f) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento; g) Las sentencias definitivas, las interlocutorias y sus aclaratorias excepto las que se dicten en audiencia; h) La que deniega el recurso extraordinario, el recurso de inaplicabilidad de ley o el recurso de inconstitucionalidad; i) La providencia que hace saber el/la juez/a o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación y la que resuelvan excepciones; j) La que dispone el traslado del pedido de caducidad de instancia; k) Las dirigidas a los representantes del Fisco y a los demás funcionarios/as judiciales; l) Las demás resoluciones mencionadas en la ley o las que determine el/la juez/a por resolución fundada; m) La que dispone el traslado de pericias, ampliaciones o aclaraciones. Quedan exceptuadas de esta notificación las decisiones dictadas en el marco de una audiencia para quienes estuvieron presentes; 2. Se notificarán por cédula papel y/o de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 y/o 59 del presente Código por resolución fundada las siguientes resoluciones: a) El traslado de la demanda; b) La citación a terceros. Art. 54.- Contenido de la cédula. La cédula de notificación en soporte papel o digital, según co- rresponda, contendrá: 1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; 2. Juicio en que se libra; 3. El Juzgado y Secretaría en que tramita el juicio; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 89 ~ 4. Transcripción de la parte pertinente de la resolución; 5. Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta; 6. En el caso de acompañarse copias digitales de escritos o documentos, la cédula debe contener detalle preciso de aquéllas. Art. 55.- Elaboración y firma de la cédula. Las cédulas serán confeccionadas con apoyo del sistema informático firmadas por el/la letrado/a apoderado/a o patrocinante que tenga interés en la notifi- cación y/o funcionario/a judicial. El/la juez/a puede ordenar que el/la secretario/a suscriba la cédula cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia. Artículo 56.- Diligenciamiento. Las cédulas electrónicas se remitirán a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura. Art. 57.- Notificación por telegrama o carta documentada. En virtud del principio de celeridad procesal las resoluciones que se dirijan al domicilio real a solicitud de parte y resolución fundada, pueden ser notificadas por telegrama colacionado o recomendado, o por carta documentada. El/la Juez/a deberá garantizar el principio de defensa de las partes verificando el resultado fehaciente de la notificación. Los gastos que demande la notificación por estos medios quedan incluidos en la condena en cos- tas. Art. 58.- Régimen de la notificación por telegrama o carta documentada. La notificación que se practique conforme al artículo anterior debe contener las enunciaciones de la cédula. El telegrama colacionado o recomendado o la carta documentada se emiten en doble ejemplar, uno de los cuales, bajo atestación, entrega el/la secretario/a para su envío y el otro, con su firma, se agrega al expediente judicial electrónico. La fecha de notificación es la de la constancia de la entrega al destinatario del telegrama o carta documentada. El Consejo de la Magistratura podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de estos medios de notificación. Art. 59.- Notificación por edictos. Además de los casos determinados por este código, procede la notificación por edictos cuando se tratare de personas cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte tiene la carga de manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo em- pleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad y podrá ser condenada a pagar una multa de una (1) UMA. Art. 60.- Publicación de los edictos. En los casos en que corresponda publicar edictos, se reali- zará por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin cargo para el/la trabajador/a. Cuando en los edictos se cite a comparecer al juicio, si vencido el plazo de la citación el emplazado no compareciere, el/la juez/a dará intervención al defensor oficial. El edicto se fijará, además, en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. Cuando los gastos que demande la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio, la publicación se realizará exclusivamente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 90 ~ Art. 61.- Formas de los edictos. Los edictos contienen, en forma sintética, las mismas enunciacio- nes de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución. El número de publicaciones es el que en cada caso determine este código. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última publicación. El Consejo de la Magistratura puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de los edictos. Art. 62.- Notificación por radiodifusión. En todos los casos en que este código autoriza la publica- ción de edictos, a pedido del/la interesado, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Deberán transmitirse por una emisora oficial y en el modo que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agre- gando al expediente judicial electrónico la certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 123. Art. 63.- Nulidad de la notificación. Es nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dis- puesto en los artículos anteriores, siempre que impida al interesado haber tomado conocimiento del acto viciado. Cuando del expediente judicial electrónico resultare que la parte hubiera tenido conocimiento de la resolución, la notificación surte sus efectos desde entonces. CAPÍTULO IX VISTAS Y TRASLADOS Art. 64.- Plazo y carácter. Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo dispo- sición en contrario de la ley, será de tres (3) días. El Ministerio Público deberá expedirse en el plazo de tres (3) días en primera instancia y en el de cinco (5) días en segunda. Si el recargo de tareas u otras razones atendibles lo justificaren, se podrá pedir al tribunal ampliación de aquél; en caso de considerarse atendible la causa invocada, se fijará un nuevo plazo. El vencimiento del plazo sin expedirse se considerará falta grave; el tribu- nal requerirá el expediente judicial electrónico y lo pasará al reemplazante con comunicación a la autoridad de superintendencia. CAPÍTULO X EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES Art. 65.- Días y horas hábiles. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las di- ligencias que los/as jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias, el Consejo de la Magistratura podrá declarar horas hábiles, con respecto a juzgados bajo su dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, fuera del horario establecido para el funcionamiento de los tribunales. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser presentado, el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos (2) primeras horas hábiles judiciales. Art. 66.- Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, se habilitarán días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 91 ~ La resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audien- cias dentro del plazo legal. Art. 67.- Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiem- po inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 68.- Carácter. Todos los plazos legales se computarán por días hábiles y serán perentorios e im- prorrogables. El vencimiento del plazo producirá la pérdida del derecho que se hubiere dejado de usar, sin necesidad de petición de parte ni declaración alguna. Si esta ley no fijare expresamente el plazo para la realización de un acto, lo señalará el/la juez/a de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. CAPÍTULO XI MEDIDAS CAUTELARES Art. 69.- Oportunidad. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos de que de la ley resultara que ésta deba entablarse previamente. El escrito en el que se solicitan medidas cautelares deberá expresar el derecho que se pretende asegu- rar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que se corresponden, en particular, con la medida requerida. Art. 70.- Medidas decretadas por Juez/a incompetente. Los/as jueces/zas deberán abstenerse de de- cretar medidas precautorias, cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un Juez/a incompetente, será válida siempre que haya sido dis- puesta por las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. Una vez decretada la medida, el Juez/a remitirá inmediatamente las actuaciones a quien sea compe- tente. Art. 71.- Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cum- plimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los tres (3) días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá con efecto devolutivo. Art. 72.- Contracautela. Sólo en casos excepcionales, y mediante resolución fundada, el/la Juez/a podrá exigir contracautela. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida: 1) fuera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o una de sus reparticiones; 2) actuare con beneficio de litigar sin gastos. En cualquier estado del proceso la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar, podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. El/la Juez/a resolve- rá previo traslado a la otra parte. Art. 73.- Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 92 ~ Art. 74.- Modificación. El/la acreedor/a podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Podrá, asi- mismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de tres (3) días, que el/la juez/a podrá abreviar según las circunstancias. Art. 75.- Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, imprescindibles para su funcionamiento, el/la juez/a podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 76.- Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda o no se iniciare el procedimiento de conciliación prejudicial, según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. La conciliación suspenderá el plazo de caducidad que se reanudará automáticamente ex- pedida por el conciliador la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que la conciliación no puedo efectuarse por alguna de las causales autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del/de la juez/a que entendió en el proceso. Art. 77.- Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtener- la, la resolución la condenará al pago de los daños y perjuicios, si la otra parte la hubiere solicitado. La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible. Art. 78.- Embargo preventivo sobre bienes del/la deudor/a. Se podrá decretar a petición del/la acreedor/a, antes o después de deducida la demandada, embargo preventivo sobre bienes del/la deudor/a: 1. Si se justificare sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que, por cualquier causa, se haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del/la acreedor/a y siempre que el derecho del/la solicitante surja verosí- milmente de los extremos probados; 2. En caso de falta de contestación de la demanda. 3. El/la demandado/a no tenga domicilio en la República, acreditado sumariamente. 4. La existencia del crédito esté demostrada con instrumentos públicos o privados. 5. Por confesión expresa o ficta, resultare verosímil el derecho alegado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 93 ~ Art. 79.- Embargo preventivo a pedido del/la acreedor/a. A pedido del/la acreedor/a el embargo preventivo podrá hacerse efectivo en especie y/o sobre fondos líquidos, recaudaciones, cuentas bancarias: corrientes, cajas de ahorro o de cualquier otro tipo, actuales o futuras, en moneda na- cional o extranjera, así como también sobre billeteras virtuales y/o cuentas remuneradas y/o simila- res. Siempre que la modalidad dispuesta conlleve la inmovilización de dinero, el/la Juez/a adoptará, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas pertinentes para evitar su desvalorización. El embargo preventivo se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas y podrá ser pasible de sustitución a través de otros bienes suficientes y/o seguro de caución. Art. 80.- Traba de las medidas cautelares. Cuando el/la acreedor/a que ha trabado una o más medidas cautelares requiriese otras complementarias o independientes, el/la Juez/a las podrá or- denar si se acredita la insuficiencia o inconveniencia de las primeras que sólo podrán levantarse, si correspondiere, una vez trabadas las nuevas cautelares. Art. 81.- Mandamiento. En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los/as fun- cionarios/as encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contendrá, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 82.- Suspensión. Los/as funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo po- drán suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 83.- Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judi- cial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 84.- Obligación del depositario. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asi- mismo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a ac tuar. Art. 85.- Prioridad del primer embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 86.- Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo: 1) En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su mujer e hijos/as, en las ropas y muebles de su indis- pensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o su- ministro de materiales. 3) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Ningún otro bien quedará exceptuado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 94 ~ Art. 87.- Levantamiento del embargo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bie- nes enumerados en el artículo anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 88.- Secuestro. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del jui- cio, cuando el embargo no asegurare por el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El/la juez/a designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable. Art. 89.- Intervención judicial. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrá disponerse la que se regula en los artículos siguientes. Art. 90.- Interventor recaudador. A pedido de acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse a un/a (1) interventor/a recaudador/a, si aquélla debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limitará exclusi- vamente a la recaudación de la parte embargada, sin ingerencia alguna en la administración. El/la juez/a determinará el monto de la recaudación, que no podrá exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe deberá ser depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine. Art. 91.- Disposiciones comunes a toda intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la interven- ción judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1) El/la juez/a apreciará su procedencia con criterio restrictivo; la resolución será dictada mediante sentencia interlocutoria. 2) La designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá; será, en su caso, per- sona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3) La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración, que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada. 4) Los gastos extraordinarios serán autorizados por el/la juez/a previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el interventor deberá informar al juzgado dentro del tercer día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del juzgado. Art. 92.- Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el/la juez/a. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno (1) final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan pro- ducirles daño o menoscabo. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 95 ~ El/la interventor/a que no cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido de oficio; si me- diare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al/la interventor/a. Art. 93.- Honorarios. El/la interventor/a sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del/de la juez/a justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atenderá a la naturaleza y modalidades de la inter- vención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la res- ponsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abu- sivo; si la remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la proporción que co- rresponda será determinada por el/la juez/a. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo. Art. 94.- Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del/de la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el domi- nio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 95.- Prohibición de innovar. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que: 1) El derecho fuere verosímil. 2) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria. Art. 96.- Normas subsidiarias. Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 97.- Medidas autosatisfactivas. A pedido de parte, y siempre que se acredite por prueba su- maria suficiente una alta probabilidad de certeza del derecho invocado y que sea impostergable prestar tutela inmediata, los/as Jueces/zas previo traslado a la contraria por tres (3) días, podrán ordenar excepcionalmente medidas autosatisfactivas. Contestado el traslado, con el cual podrá acompañarse la prueba respectiva, o vencido el plazo para hacerlo, los/as Jueces/zas se pronuncia- rán dentro del tercer (3) día, concediendo o denegando la medida, excepto que el/la demandado/a ofreciese prueba, cuya producción no podrá superar el plazo de cinco (5) días. Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el/la Juez/a, éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente. Los/as Jueces/zas podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfac- tivas que despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de éstas. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 96 ~ Art. 98.- Impugnación. La resolución que decrete o deniegue una medida autosatisfactiva será susceptible de recurso de apelación, de manera directa o en subsidio al de revocatoria, dentro del plazo y en la forma prevista en el artículo 202 del presente. El/la Juez/a lo sustanciará en un plazo máximo de tres (3) días. Art. 99.- Medidas Cautelares Genéricas. Quien tuviere fundado motivo para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. No obstará a la viabilidad de la medida, la circunstancia que su objeto coincida total o parcialmente con el de la acción principal y aunque produjera efectos irreversibles, siempre que el/la actor/a cuente con una calificada verosimilitud del derecho y el perjuicio no fuese susceptible de repara- ción ulterior. El/la legitimado/a para contradecir una medida dispuesta en el marco de lo previsto en el artículo anterior, podrá optar por impugnar por vía de reposición o por la interposición directa del recurso de apelación que será concedido en su caso, con efecto inmediato y al solo efecto devolutivo. Solo se podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida que lo afectare, en el supuesto de que acredite prima facie la existencia de la posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o de imposible reparación, previa prestación de contracautela suficiente, valorada y admitida por el/la Juez/a de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Art. 100.- Responsabilidad por medidas cautelares. Se entenderán dictadas bajo la responsabilidad del/la solicitante. CAPITULO XII DILIGENCIAS PRELIMINARES Art. 101.- Medidas preparatorias. Supuestos de procedencia. Todo aquél que se proponga deman- dar o quien con fundamento prevea que será demandado podrá pedir: 1. Exhibición de la documentación laboral suscripta por el/la peticionante que se encontrare en poder de aquél a quien se pretende demandar. 2. Constatación judicial al solo efecto de determinar quién es el/la propietario/a del establecimiento en el que manifiesta el/la actor/a haber prestado servicios. 3. Que se nombre tutor/a o curador/a para el juicio de que se trate. 4. Que el/la eventual demandado/a tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco (5) días de notificado/a, bajo apercibimiento de tenerlo por notificado/a por Ministerio de la Ley. Art. 102.- Prueba anticipada. Los que sean o vayan a ser partes en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos fundados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar muy dificultosa o de imposible cumplimiento en el período de prueba, podrán solicitar que se produzca anticipadamente: 1. Que se tome declaración a algún/a testigo de avanzada edad, o que se halle gravemente enfermo/a o próximo/a a ausentarse del país. 2. Dictamen pericial o reconocimiento judicial sobre la existencia de documentos, o el estado, ca- lidad o condición de cosas o lugares, sin cuyo conocimiento no puede demandarse o que puedan alterarse o desaparecer por el transcurso del tiempo u otra causa, incluidos medios digitales o virtuales a los efectos de no frustrar su incorporación al proceso. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 97 ~ 3. Pedido de informes. 4. La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión. En el escrito en que se soliciten medidas preliminares, existe la carga de indicar el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición. El tribunal accederá a las pretensiones cuando estime justas las causas en que se fundan, o las rechazará de oficio, en caso contrario. El diligenciamiento se hace en la forma establecida en éste código para cada clase de prueba, excepto en el caso de la pericial, que está a cargo de un/a perito único/a nombrado/a de oficio. Art. 103.- Apelación por denegación. La resolución sólo será apelable cuando se denegare la dili- gencia preparatoria o la medida de prueba anticipada. CAPÍTULO XIII ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN PROCESAL Art. 104.- Actuación procesal. Las partes podrán actuar personalmente con asistencia letrada o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El/la trabajador/a también podrá actuar representado por la asociación sindical habilitada legal- mente para hacerlo. En casos urgentes el/la Juez/a o Tribunal podrá admitir la comparecencia en juicio sin los instru- mentos que acrediten el mandato representativo. El/la juez/a establecerá por resolución fundada si la urgencia, por sus características, requiere acreditación, en cuyo caso fijará el plazo correspon- diente para hacerlo. Los actos de representación se entenderán convalidados mediante la ratificación personal por el representado o el otorgamiento del poder, en el plazo de diez (10) días. En caso de incumplimiento, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la res- ponsabilidad por los daños que hubiere ocasionado. Art. 105.- Acta poder. Las actas poderes se realizan digitalmente con la sola constancia en la memo- ria del sistema informático. La autoridad de cada oficina podrá dar fe de su existencia en el sistema. Podrán otorgarse en soporte papel ante la Secretaría del Juzgado si ya estuviere radicada la causa. Art. 106.- Justificación de la personería-. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren. Art. 107.- Presentación de poderes-. Los/as abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acre- ditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el/la letrado/a patrocinante o por el/la apoderado/a de oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 98 ~ Art. 108.- Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería. Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare. Art. 109.- Obligaciones del/la apoderado/a. El/la apoderado/a estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Se exceptúan los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte. Art. 110.- Alcance del poder. El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad es- pecial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder. Art. 111.- Responsabilidad por las costas. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a deberá abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente. El/la juez/a podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante. Art. 112.- Cesación de la representación. La representación de los/las apoderados/as cesará: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/de la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a continuará ejerciendo su personería hasta que los/as herederos/as o representante legal tomen la interven- ción que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado en este mismo inciso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señalará un plazo para que los/as intere- sados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos (2) días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al/a la juez/a o tribunal dentro del plazo de diez (10) días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incu- rrirá el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/as herederos/as, o del/la representante legal, si los conociere. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 99 ~ 6) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el/la juez/a fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía. Art. 113.- Unificación de la personería. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el/la juez/a de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el dere- cho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez (10) días y si los/as interesados/as no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el/la juez/a lo/la designará eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso. Producida la unificación, el/la representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato. Art. 114.- Revocación. Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el/la juez/a a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el pri- mer párrafo del artículo anterior. Art. 115.- Firma de letrado/a. Los/as jueces/as no proveerán ningún escrito de demanda o excep- ciones y sus contestaciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan dere- chos, si no llevan firma electrónica o digital de letrado/a. No se admitirá tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma electrónica o digital del letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su con- testación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante. Artículo 116.- Falta de firma de letrado/a. Se tendrá por no presentado, todo escrito que debiendo llevar firma electrónica o digital de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. Ello tendrá lugar en la causa mediante un escrito electrónico suscripto por un/a abogado/a, ratifi- cando la presentación. Artículo 117.- Dignidad. En el desempeño de su profesión, los/as abogados/as serán asimilados/as a los/as magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que se le debe guardar. Artículo 118.- Muerte o incapacidad. Si la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el/la juez/a o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los/as herederos/as o al/la representante legal para que comparezcan a estar a derecho en el plazo que se designe, directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos, bajo apercibimiento de conti- nuar el juicio y tenerlo por notificados por ministerio de ley de todas las providencias que se dicten, en el primer caso, y de nombrarles defensor oficial en el segundo. En caso de fallecimiento, se de- berá acompañar el certificado de defunción y las partidas que acrediten el vínculo. Se denunciará el domicilio real de los derechohabientes y el de la radicación del juicio sucesorio si se hubiere iniciado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 100 ~ Artículo 119.- Capacidad. Los/as menores desde los 16 años tendrán la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por sí o representados por mandatarios, en la forma prescripta en esta Ley y en la legislación de fondo, con intervención del Defensor Oficial de Menores e Incapaces hasta que adquieran la mayoría de edad. CAPITULO XIV BENEFICIO DE GRATUIDAD Art. 120.- Gratuidad para el/la trabajador/a y derechohabientes. Exención en caso de convenios conciliatorios y compromisos arbitrales. Los/as trabajadores/as o sus derechohabientes gozarán del beneficio de gratuidad, declarándolos exentos del pago de tasas por servicios judiciales así como por la expedición de testimonios, certificados, partidas, legalizaciones o informes en cualquier ofi- cina pública sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos, en los casos en que se lo reconociere. En ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas, gastos u hono- rarios o para la responsabilidad por medidas cautelares. Sólo darán caución juratoria de pagar sí mejorasen de fortuna. Los convenios conciliatorios y los compromisos arbitrales estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución que grave esos actos y también toda carga fiscal relativa a la actuación en la justicia, exención que se extenderá a la totalidad de las actuaciones respectivas. CAPÍTULO XV COSTAS Art. 121.- Imposición de costas. Las costas serán soportadas por la parte vencida, pero podrá ser eximida cuando se trate de cuestiones dudosas que, a criterio del/la juez/a, pudieran haber llevado a la convicción de asistirle derecho a litigar. En el caso de acumulación de acciones, las costas se impondrán en relación al éxito o fracaso de cada una de ellas. Art. 122.- Condenado en costas. El/la condenado/a en costas, cuando no sea el/la trabajador/a o sus derechohabientes, deberá pagar las tasas y gastos correspondientes. Si aquellas se declarasen por su orden, abonará las correspondientes a su parte. Art. 123.- Gastos de la actuación procesal. Los gastos generados por toda actuación procesal or- denada por los/as jueces/zas serán resarcidos por la parte a cuyo cargo se impongan las costas, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 121. Art. 124.- Beneficio de Litigar sin gastos. Las personas que carecieren de recursos podrán solicitar, antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo. No obsta a la conce- sión del beneficio la circunstancia de tener el/la peticionario/a lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos. Art. 125.- Requisitos de la solicitud. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmen- te derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. Art. 126.- Prueba. El tribunal ordena sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y cita al/la litigante contrario/a o que haya de serlo, quien puede fiscalizarla. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 101 ~ Art. 127.- Traslado y resolución. Producida la prueba, se da traslado por cinco días comunes al/ la peticionario/a y a la otra parte. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal resuelve acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso, la resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 128.- Carácter de la resolución. La resolución que deniega o acuerda el beneficio no causa estado. Si es denegatoria, el/la interesado/a puede ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo concede, puede ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demuestre que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 129.- Beneficio provisional. Efectos del pedido. Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentación está exenta del pago de tasa judicial. Esta es satisfecha, conforme a la legislación respectiva, así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspende el procedimiento, salvo que dicha suspensión se pidiere en el escrito de demanda. Art. 130.- Alcance. La persona que obtenga el beneficio está exenta, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, debe pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Los/las profesionales pueden exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente/a, en el caso y con la limitación señalada en este artículo. Art. 131.- Extensión a otra parte. A pedido del/la interesado, el beneficio puede hacerse extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta. CAPÍTULO XVI ACTUACIONES EN GENERAL Art. 132.- Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, se designa- rá por sorteo un/a traductor/a público/a. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sor- dos/as, mudos/as o sordomudos/as que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado. Art. 133.- Solicitudes informáticas. Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos mediante su restricción y archivo en el sistema, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, a través del sistema electrónico y del modo que lo establezca la Reglamentación, sin necesidad de hacerlo en soporte papel. Art. 134.- Redacción. Para la redacción y presentación de los escritos regirán las normas del Re- glamento para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las emitidas o a emitirse por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidas al expediente judicial electrónico. Art. 135.- Formato de las presentaciones. Todas las presentaciones que deban realizarse en un proceso judicial serán generadas y efectuadas en soporte digital, así como rubricadas con tecno- logía de firma electrónica/digital por parte de los/las letrados/as. Art. 136.- Presentaciones en papel. Los órganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel, con excepción de los supuestos previstos en la Reglamentación y en las normas reglamentarias que se dicten. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 102 ~ Art. 137.- Presentaciones de “mero trámite”. Las presentaciones de “mero trámite” serán exclusi- vamente generadas en soporte digital y firmadas electrónica/digitalmente por los/las letrados/as. Art. 138.- Presentaciones que no se consideren de “mero trámite”. En los casos en que la parte actúe por propio derecho, el escrito será firmado ológrafamente en presencia de su abogado/a. Art. 139.- Facultades del órgano judicial y de las partes. El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar por resolución fundada la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento. El requerimiento previsto en el párrafo anterior podrá ser efectuado de oficio solo mientras la presentación respectiva no haya sido proveída por el órgano judicial. El pedido de parte podrá ser instado dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que se notifique el auto o resolución por el que se provea la presentación. Con posterioridad, el escrito en copia digital quedará definitivamente incorporado a la causa y no se requerirá en lo sucesivo su exhibición, salvo que mediaren causas graves debidamente fundadas que tornen imprescindible su presentación. En cualquiera de los supuestos, si se hubiera tornado imposible la exhibición del original y no me- diara culpa del/la depositario/a, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que ratifi- que la autoría de la presentación, sin perjuicio de la facultad del órgano judicial de adoptar otras medidas pertinentes a tales efectos. Art. 140.- Copias. Los documentos que deban presentarse en un proceso judicial serán acompaña- dos en soporte digital como archivos adjuntos a presentaciones electrónicas. El ingreso bajo la modalidad referida representará la adjunción de los documentos respectivos, la declaración jurada del/la abogado/a acerca de su correspondencia con los documentos originaria- mente existentes en soporte papel y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del deposi- tario de la documentación digitalizados. El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la exhibición del documento ori- ginariamente existente en soporte papel, bajo apercibimiento de tenerlo por no acompañado en caso de incumplimiento. Para el caso de documentación que, por su naturaleza o destino, resulte de necesaria permanencia en el órgano judicial, el/la juez/a dispondrá el modo de su entrega, quedando la misma reservada en secretaría, bajo constancia en el expediente judicial electrónico digital, hasta tanto se decida su restitución a quien corresponda, de lo que también se dejará constancia. Los documentos cuya digitalización fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, o de imposible realización de acuerdo su naturaleza, serán conservados en poder de la parte que los haya ofrecido o deba acompañarlos al proceso, quien asume el carácter de de- positario de estos, y deberá presentarlos en la sede del órgano judicial cuando le sea requerido, en el plazo y bajo el apercibimiento que el/la juez/a disponga. En el caso de documentación ingresada al expediente judicial electrónico en soporte papel, por terceros ajenos a las partes, se procederá a su digitalización inmediata. Previo al archivo de la causa, se dispondrá su destrucción por Secretaría, salvo que el magistrado -cuando corresponda por la naturaleza del documento aportado o por alguna razón fundada- dis- ponga su reserva o que la parte, dentro de los cinco (5) días de notificada del proveído que se dicte, ofrezca constituirse en depositaria de los originales Art. 141.- Copias en papel de escritos y documentos. En los casos en que la legislación procesal requiera el acompañamiento de copias de escritos y/o documentos, dicha carga se tendrá por cum- plida con la agregación del documento en formato digital o de su copia digitalizada, salvo cuando Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 103 ~ se trate de piezas obrantes en el expediente judicial electrónico digital en cuyo caso bastará con su individualización precisa y la indicación sobre su disponibilidad a través de los sistemas de consulta telemáticos disponibles. Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al/a la pre- sentante, sin más trámite ni recurso, si dentro del plazo de un (1) día siguiente al de la notificación de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión. Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados/as o letrados/ as que intervengan en el juicio. Sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado/a o letrado/a que intervengan en el juicio, con nota de recibo. La reglamentación establecerá el modo y la forma de cómo deberán ser acompañadas las copias en cuestión en los casos de expediente judicial electrónico digital. Art. 142.- Copias de documentos de reproducción dificultosa. No será obligatorio acompañar copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así se resolviere, a pedido formulado en el mismo escrito. El plazo previsto en el artículo anterior comenzará a correr a partir de notificación de la resolución que de- niegue el pedido de eximición. En caso de que se hiciera lugar al pedido, se arbitrarán las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de carga y numerados por la/as partes que los hubiesen presentado, quedarán depositados en la Secretaría, para su consulta. En virtud de que las actuaciones tramitan por expediente electrónico, no se admitirá la exención de copias por la voluminosidad o extensión de las mismas, debiendo ser digitalizadas y acompañadas a la causa en la forma que establezca la reglamentación. Art. 143.- Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma ex- tranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor/a público/a matriculado/a. Excepcionalmente y en razón de su extensión o complejidad, el/la juez/a podrá otorgar un plazo adicional no mayor a diez (10) días para que se acompañe la traducción. Art. 144.- Cargo. Las presentaciones electrónicas se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre el sistema informático, el que asentará -para cada presentación- el momento exacto en que ellas fueron presentadas en el sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, así como los usuarios que las enviaron. Luego de cada presentación el sistema generará automáticamente un comprobante con tales da- tos que podrá ser descargado en todo momento por los presentantes. Art. 145.- Descarga de las presentaciones electrónicas. Las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas en cualquier día y hora. Si lo fueren en tiempo inhábil, el cómputo del plazo para su proveimiento comenzará a partir del día y hora hábil siguientes. Art. 146.- Audiencias. Pautas generales. Las audiencias reguladas en este Código se ajustarán a las siguientes reglas: a) Las audiencias deberán celebrarse en forma remota por plataforma digital u otro sistema digital que así se disponga por vía de reglamentación. Cada parte deberá garantizar la correcta conecti- vidad a la audiencia. Cualquier inconveniente relativo a la conexión y/o acceso a la sala virtual de- berá ponerse en inmediato conocimiento del Juzgado al teléfono celular exclusivamente dispuesto para esos fines. De oficio o a pedido de parte y por razón fundada y justificada los/as jueces/zas podrán fijar audiencia de forma presencial. b) Las audiencias son públicas, se llevarán a cabo durante el horario hábil judicial y serán video- grabadas, de acuerdo al sistema que establezca la reglamentación. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 104 ~ c) Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo que por motivos justificados que exigieren mayor brevedad, así se disponga por resolución fundada. d) Las audiencias no podrán celebrarse si no están debidamente notificadas todas las partes que integran el litigio. En la notificación se hará constar el día y hora de la audiencia y los enlaces y/o códigos y/o contraseñas indispensables para ingresar a la plataforma virtual respectiva. Se les brindará a los/las testigos y a los/as litigantes un número de teléfono a fin de comunicar al Juzgado algún inconveniente que se presente para conectarse el día de la audiencia. e) Se tomarán en la hora designada. La tolerancia para admitir la conexión será de quince (15) minutos, incluso, para la rebeldía en la prueba confesional. Transcurrido dicho intervalo de tiempo sin que se hubiere dado inicio a la audiencia y siempre que no medie una razón justificada por parte del organismo, los interesados podrán retirarse de la sala virtual dejando constancia de tal circunstancia en el registro digital de nota en el Sistema de Gestión Judicial. Una vez conectados todos/as los/as citados/as o transcurridos los intervalos de tiempos referidos para admitir la cone- xión, sin que el Juzgado haya recibido ningún reporte de inconveniente, se dará comienzo al acta. f) Al iniciarse las audiencias virtuales, el Juzgado requerirá a los/las letrados/as la exhibición de credencial y a las partes del documento que acredite su identidad. En el caso de los/las testigos, al inicio de la declaración y previo al interrogatorio preliminar, el Juzgado les pedirá la exhibición del documento que acredite su identidad. De todo ello se dejará constancia en el acta de audiencia digital. g) En el supuesto de la audiencia testimonial, cuando hubiere más de un/a testigo citado se les hará saber que deberán aguardar en la Sala de Espera de la plataforma, hasta que habilite su ingreso el Juzgado. Los/las letrados/as o las partes intervinientes deberán bloquear su cámara y su micrófono mientras el/la testigo es interrogado por el Juzgado. El/la testigo deberá encontrarse solo. En caso de ser necesario, el Juzgado podrá introducir las preguntas que considere necesarias para confirmar su identidad y aquella situación. Si el/la testigo no cuenta con los medios para conectarse, estará a cargo del letrado/a proponente arbitrar los recursos para que preste declaración de manera virtual, lo cual deberá hacerse saber en el mismo escrito en el que denuncia de los/las testigos, acompaña copias del documento que acredite su identidad y sus datos de contacto. h) Las incidencias que se producen en las audiencias se asentarán y se resolverán en el mismo acto. i) Las partes y sus letrados/as podrán retirarse del acto cuando lo deseen, aun cuando no haya finalizado, previa autorización y dejándose constancia de ello en el acta digital. j) Se requerirá a los/las letrados/as y partes intervinientes su conformidad para suscribir digital- mente el acta que se perfeccionará con su consentimiento, y se dejará constancia en el acta. Para el caso de que se niegue a prestar conformidad se deberá manifestar los motivos y quedará cons- tancia en el acta final. Culminado el acto, se procederá a su cierre, firmando digitalmente al pie el/ la Juez/a y el/la Secretario/a. CAPÍTULO XVII RESOLUCIONES JUDICIALES Art. 147.- Generación y rúbrica digital. Las resoluciones y sentencias, así como las demás actuacio- nes y diligencias judiciales serán generadas y rubricadas digitalmente, salvo cuando circunstancias graves y excepcionales o la especial naturaleza del trámite impidan esa modalidad, en cuyo caso podrán ser suscriptas ológrafamente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 105 ~ CAPÍTULO XVIII CONCILIACIÓN Art. 148.- Conciliación. El/la Juez/a deberá realizar las acciones necesarias a los efectos de procu- rar la conciliación entre las partes, sin demorar el curso del proceso, en cualquier etapa del juicio hasta la sentencia definitiva. Igualmente, salvo disposición en contrario de las normas aplicables al caso, en cualquier estado del proceso, las partes podrán conciliar mediante presentación del acuerdo para su homologación o su presentación espontánea a primera audiencia. De arribar a la conciliación total o parcial, dentro de los cinco (5) días siguientes, el/la Juez/a se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a la parte demandada del pago de la tasa judicial. Los acuerdos conciliatorios o transaccionales celebrados por las partes con intervención del juz- gado y los que ellas pacten espontáneamente, con homologación judicial posterior, pasarán en autoridad de cosa juzgada. TÍTULO II PROCESO ORDINARIO CAPÍTULO I DEMANDA Y CONTESTACIÓN SECCIÓN I DEMANDA Art. 149.- Contenido de la demanda. La demanda se deducirá por escrito generado en soporte digital y contendrá: a) Nombre, documento de identidad, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil y profesión, oficio u ocupación del/de la demandante, índole de la actividad, establecimiento o negocio del de- mandado y la ubicación del lugar de trabajo. b) Nombre y domicilio del/la demandado/a y CUIT en caso de conocerse; c) La designación precisa de cada uno de los conceptos reclamados; d) Los hechos en que se funde cada uno de los reclamos expresados claramente; e) El derecho en que se sustentan las acciones deducidas, expuesto sucintamente; f) La liquidación de los rubros correspondientes; g) La petición en términos claros y positivos; h) Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliatoria obligatoria. Art. 150.- Examen previo de la demanda. Recibida la demanda en el Juzgado que deba intervenir, el/la juez/a examinará en primer término si corresponde a su competencia y, cuando se considere incompetente, lo declarará de oficio. Si la demanda tuviese defectos de forma, omisiones o impre- cisiones, intimará al actor/a para que los subsane en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, sin más trámite ni recurso. Asimismo, si de la demanda no resultase claramente la competencia del Juzgado, se pedirá al actor/a las aclaraciones necesarias, en igual plazo y apercibimiento. SECCIÓN II TRASLADO DE LA DEMANDA Art. 151.- Traslado de la demanda. Presentada la demanda y previo cumplimiento, si correspon- diere, de lo dispuesto en el artículo 150, se dispondrá el traslado al/los demandado/s, a quienes citará y emplazará para que comparezcan y la contesten dentro del plazo de diez (10) días. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 106 ~ En la notificación al/la demandado/a, que se efectuará dentro de un plazo no mayor de diez (10) días de recibido el expediente judicial electrónico en el Juzgado, se deberá indicar su obligación de contestar la demanda, ofrecer prueba y oponer excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de tener aquella por no contestada y, a pedido de parte o de oficio, declarado rebelde. La declaración de rebeldía quedará notificada para el rebelde, por ministerio de ley. SECCIÓN III CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. RECONVENCIÓN Art. 152.- Contestación de la demanda. Reconvención. La contestación de la demanda se formulará por escrito generado en soporte digital y deberá contener los requisitos del art. 149 de éste código. En la contestación el/la demandado/a opondrá todas las excepciones o defensas de que intente valerse conforme art. 153 del presente código. Deberá, además: 1) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la au- tenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. No estará sujeto al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el/la demandado/a que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quien podrá reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. 2) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. De la contestación de la demanda y de su documentación, se dará traslado a la parte actora quien dentro del tercer día de notificado ofrecerá la prueba de la que intente valerse y reconocerá o desconocerá la autenticidad de la documentación aportada por la demandada. No se admitirá la formulación de réplica a la contestación de la demanda. Si el/la demandado/a debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto en el artículo 151 de este Código será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos vero- símiles y lícitos expuestos en ella, salvo prueba en contrario. En caso de discordancia entre los datos de la persona demandada y los del que contesta la de- manda, el/la juez/a tendrá por enderezada la acción, salvo oposición expresa de la parte actora. Si el/la trabajador/a actuare mediante apoderado/a, se entenderá que el poder es suficiente para continuar la acción contra quien ha contestado la demanda. En caso de oposición de la parte actora, se tendrá al/a la presentante por excluido del proceso y al demandado por rebelde. En este caso, la resolución se notificará por nota al rebelde y por cédula a la parte actora y al tercero excluido. Al contestar la demanda, el/la demandado/a podrá deducir reconvención cuando ésta deba sustan- ciarse por el mismo procedimiento que aquella ofreciendo la prueba referida en ella. El/la actor/a contestará la reconvención en el plazo de diez (10) días, y en idéntico término deberá ofrecer la prueba relativa a la demanda y a la contestación de la reconvención. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 107 ~ De la contestación de la reconvención se dará traslado por tres (3) días a los mismos fines que los previstos precedentemente que para el traslado del responde de demanda. En los traslados dispuestos en el artículo anterior y en el presente las partes deberán reconocer o negar específicamente la autenticidad de los documentos acompañados que se les atribuyen, como así también la recepción de cartas, correos electrónicos, cartas documentos, telegramas, cualquier otra comunicación a ellos dirigidas y cuyas copias se adjunten, bajo apercibimiento de tenerlas por reconocidas o recibidas, según el caso. SECCIÓN IV EXCEPCIONES Art. 153.- Procedencia de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Sólo serán ad- misibles como excepciones de previo y especial pronunciamiento, la incompetencia, la falta de legitimación cuando sea manifiesta, la falta de personería de las partes o de sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. Junto con la oposición de la ex- cepción deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella. Se entenderá que la falta de legitimación activa o pasiva es manifiesta cuando surgiera de las constancias agregadas a la causa o, a juicio del juez/a, fuera fácilmente comprobable. Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que ella no requiera la producción de prueba. El/la actor/a deberá contestar las excepciones dentro del plazo de tres (3) días de notificado su traslado y ofrecer dentro del mismo plazo la prueba de ella. Art. 154.- Resolución. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o venci- dos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, si la cuestión pudiera ser decidida con las constancias obrantes en el expediente judicial electrónico, así se procederá y firme que se encuentre la providencia se resolverá sin más trámite. Sí, en cambio, se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no existiese confor- midad entre las partes, aunque éstas no lo pidan el/la Juez/a recibirá la causa a prueba procedien- do de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 155 primer párrafo. Si el estado de la causa lo permitiere, a pedido de parte o de oficio, el/la Juez/a deberá resolver aquellas cuestiones que no requieran mayor tramitación. CAPÍTULO II AUDIENCIA PRELIMINAR Y PRUEBAS Art. 155.- Audiencia preliminar. Una vez trabado el litigio y resueltas en su caso las excepciones, el/la Juez/a fijará audiencia preliminar virtual con presencia de las partes y sus asistencias y/o representaciones letradas a fin de intentar una solución conciliatoria. De resultar infructuoso, se proveerá las pruebas ofrecidas, eliminando las superfluas, improcedentes e inconducentes. En esa misma oportunidad, las partes podrán articular los recursos respecto de las pruebas ad- mitidas y/o denegadas, que serán resueltos, de corresponder, en ese mismo acto. Se admitirá la prueba confesional cuando a criterio del/la juez/a y por resolución fundada, resulte conducente. Se fijará una única audiencia virtual para la producción de la prueba testimonial y su supletoria que no podrá exceder de los sesenta (60) días a partir de la celebración de la primera. Asimismo se procederá al sorteo de los peritos admitidos en el auto de prueba. En la audiencia preliminar quedará clausurada la etapa integrativa del proceso. Art. 156.- Pautas de la audiencia preliminar. El trámite de la audiencia se ajustará a las siguientes pautas: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 108 ~ 1) El/la Juez/a invitará las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de con- flictos respecto de todos o algunos de los hechos articulados. Podrá proponerse a las partes so- luciones transaccionales, con la excepción de los aspectos reconocidos o que afecten derechos irrenunciables establecidos en las leyes de fondo; 2) Aclarar errores materiales; 3) Se resolverán a petición de parte o de oficio todas las cuestiones que resulten necesarias para la prosecución del proceso; 4) Oídas las partes, se fijarán los hechos controvertidos y conducentes a la decisión del juicio que serán objeto de prueba. En esa oportunidad, deberán ratificar o rectificar el desconocimiento de las firmas que se les atribuyen. Posteriormente se dictará la apertura a prueba. Las partes podrán oponerse a la misma, en cuyo caso se resolverá la cuestión en ese acto, previo escuchar a la con- traria; 5) Se proveerán las pruebas que se consideren admisibles, resolviéndose fundadamente sobre aquellas a cuya producción se hayan opuesto las partes, y desestimándose las que resulten inne- cesarias, superfluas o puramente dilatorias. Se reducirá la actividad probatoria en relación con los hechos, tendiendo a la economía y celeridad del proceso; 6) Se escucharán las observaciones formuladas por las partes respecto de los puntos de peritajes ofrecidos, determinándose aquellos que corresponden, eliminando los improcedentes o superfluos, y agregándose aquellos otros que el/la juez/a estime imprescindible para la dilucidación de la cau- sa. Asimismo, será fijado el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos, el cual no será superior a diez (10) días, sin perjuicio de las facultades del/la juez/a de ampliarlo en dicha audiencia a pedido de parte o de oficio y por resolución fundada, en el caso que lo considere conveniente; 7) Se fijará, dentro del plazo máximo de treinta (30) días, la fecha para la celebración de la prueba oral únicamente si el/la Juez/a por resolución fundada así lo dispusiere. Art. 157.- Forma de presentación e incomparecencia injustificada. Las partes se presentarán a la audiencia preliminar asistidas por sus letrados/as. La audiencia se celebrará con quien asista a la misma y en caso de incomparecencia injustificada se podrá aplicar una multa de tres (3) a diez (10) UMA, a favor de la asistente. La parte que injustificadamente no compareciera quedará notificada de todas las resoluciones pronunciadas durante la audiencia preliminar. La notificación de la fecha de audiencia preliminar se practicará con transcripción de este artículo bajo pena de nulidad. Art. 158.- Producción de prueba en extraña jurisdicción. Las pruebas que deban practicarse fuera del lugar donde tiene su asiento el Juzgado podrán ser delegadas, salvo fundada y expresa oposi- ción de parte, que será resuelta sin recurso. Cuando existiese prueba que haya de producirse fuera de la Ciudad, el plazo señalado en el artículo 156 incisos 6) y 7) podrá ampliarse hasta noventa (90) días como máximo, atendiendo a las distancias y a la faci- lidad de las comunicaciones. CAPÍTULO III PRUEBA CONFESIONAL Art. 159.- Absolución de posiciones. Únicamente en primera instancia cada parte podrá solicitar que la contraria absuelva, con juramento o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a las cuestiones que se ventilan. También se podrán pedir cuando se admita un hecho nuevo o se abra a prueba un incidente. El/la juez/a la admitirá únicamente por resolución fundada. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 109 ~ Cuando se solicite la absolución de posiciones será obligatorio, para su admisión, acompañar el pliego respectivo. Caso contrario se la tendrá por no ofrecida. Quien deba absolverlas será citado en su domicilio real, por cédula, por telegrama, carta documento, o acta notarial, con anticipación no menor de 3 (tres) días, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario si no compareciere sin justa causa. Las personas jurídicas podrán elegir a la persona humana que las represente, quien deberá asistir a la audiencia virtual acreditando su representación con los instrumentos pertinentes que exhi- birá y cuya declaración confesional obligará a la parte proponente. A tales fines, al promover o contestar la demanda deberán indicar quien absolverá posiciones en su nombre y el domicilio, dentro del asiento del Juzgado, donde será citada, asumiendo a su vez que sus respuestas puedan efectuarse con eficaz conocimiento de los hechos, bajo apercibimiento de tenerla por confesa. También podrán proponer, un absolvente sustituto para el caso de muerte, incapacidad o ausencia debidamente justificadas del designado en primer lugar. El reemplazo se podrá efectuar hasta el día de la audiencia y la concurrencia del absolvente susti- tuto estará a cargo de la parte que lo propuso cuando se produzca después de proveída tal prueba. En este caso, su incomparecencia implicará tenerlo por confeso atendiendo las circunstancias de la causa. CAPÍTULO IV PRUEBA TESTIMONIAL Art. 160.- Prueba Testimonial. Cada parte podrá ofrecer hasta cinco (5) testigos. Por la naturaleza del juicio, y en virtud del principio de concentración y celeridad procesal el/la juez/a, al momento de la audiencia preliminar, podrá requerir a las partes la reducción a tres (3) testigos. Cualquiera sea el número admitido, también se podrá proponer subsidiariamente hasta dos (2) testigos para reemplazar a aquellos mencionados en el párrafo anterior, sustitución que podrá efectuarse, salvo supuestos de inminencia, hasta tres (3) días antes de la audiencia. Al ofrecer la prueba de testigos, se indicará nombre, datos personales que se conozcan, número de teléfono fijo y/o celular, correo electrónico y domicilio de cada uno de ellos con la especificación de todos los detalles para su debida identificación. Si se desconociere alguno de estos datos, se proporcionarán los necesarios para individualizar al/a la testigo y hacer posible su citación. Aunque las circunstancias individuales declaradas por el/la testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser indu- cida en error. La resolución del Juez/a a este respecto no será recurrible. Art. 161.- Procedencia. Podrá ser testigo toda persona que haya cumplido catorce (14) años de edad y tiene la carga de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley. Art. 162.- Obligaciones del testigo. Incomparecencia injustificada. Toda persona citada como tes- tigo está obligada a comparecer ante el Juzgado teniendo derecho, cuando preste servicios en relación de dependencia, a ausentarse de sus tareas, cuyo fin por Secretaría se le otorgará la constancia correspondiente. Se le advertirá que si faltare a la audiencia sin causa justificada, se lo podrá hacer comparecer por medio de la fuerza pública y se le podrá aplicar una multa de dos (2) a veinte (20) UMA. En la notificación respectiva se transcribirá este párrafo. El/la Juez/a podrá ordenar notificar a los/las testigos por medio telefónico, electrónico o digital y/o medio fehaciente. La parte interesada deberá notificar a los/las testigos ofrecidos por dichos me- dios acreditando la notificación en el expediente judicial electrónico con antelación a la celebración de la audiencia bajo apercibimiento de tenerla por desistida de esa prueba. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 110 ~ Si el domicilio de los/las testigos ofrecidos coincidiera con el domicilio laboral, quedará a cargo de la parte que los propuso el compromiso de comparecencia de los mismos a la audiencia respectiva, excepto que se tratare de un ofrecimiento hecho por el/la trabajador/a. En caso que los/las testigos no comparecieren sin justa causa obligará a las partes a asumir el compromiso de hacerlos comparecer a la audiencia supletoria fijada o a desistirlos en caso de ina- sistencia, salvo que por petición fundada el/la juez/a admita su citación por fuerza pública. En el supuesto que la parte hubiera asumido el compromiso de comparecencia del/de la testigo, la inasistencia de este último importará tener por desistida su declaración. Art. 163.- Juramento o Promesa de decir verdad. Antes de declarar, los/las testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las conse- cuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes. Art. 164.- Interrogatorio Preliminar. Los/las testigos serán siempre interrogados: 1) Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio; 2) Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado; 3) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito; 4) Si es amigo íntimo/a o enemigo; 5) Si es dependiente, acreedor o deudor/a de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Art. 165.- Forma del examen. Los/las testigos serán libremente interrogados, por el/la juez/a o por quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos. Las partes podrán formular las preguntas que consideren pertinentes, comenzando por la parte que propuso al/a la testigo y finalizando con la otra. Para formular alguna objeción u observación en relación con las preguntas sugeridas por la parte contraria, el/la letrado/a deberá pedir la intervención con el sistema que provea la plataforma, a fin de que el Juzgado interrumpa la declaración del/de la testigo. Bajo ninguna circunstancia los/las letrados/as podrán habilitar cámaras y/o micrófonos durante la declaración del/de la testigo, excepto cuando el Juzgado les conceda la intervención. Hasta tres (3) días después de la audiencia en que presten declaración, las partes podrán alegar y ofrecer pruebas acerca de la idoneidad de los/las testigos. Al dictar la sentencia, el/la juez/a apre- ciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza convictiva de sus declaraciones. Art. 166.- Forma de las preguntas. Las preguntas se formularán verbalmente; no podrán contener más de un hecho; deben ser claras y concretas; no estar concebidas en términos afirmativos o negativos, ni sugerir la respuesta, ni ser ofensivas o vejatorias. No pueden contener referencias de carácter técnico, salvo cuando fueren dirigidas a personas con tales conocimientos. El/la juez/a podrá disponer la reformulación de la pregunta de oficio o a pedido de parte. Art. 167.- Negativa a responder. El/la testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: 1. Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor; 2. Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial. Art. 168.- Forma de respuestas. El/la testigo tiene la carga de contestar sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta, se le autorizara. Tiene la carga de siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el/la juez/a la exigirá. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 111 ~ Art. 169.- Careo. El/la juez/a podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte, el careo entre testigos o entre testigos y una de las partes, en forma presencial o por medios electrónicos, conforme lo estime conducente. Art. 170.- Falso testimonio. Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el/la juez/a podrá remitir testimonio de lo actuado al/a la juez/a competente. CAPÍTULO V PRUEBA PERICIAL Art. 171.- Procedencia. La prueba pericial será exigible cuando en la causa se requiera la verifica- ción y apreciación de hechos o fenómenos de naturaleza tal que sean necesarios conocimientos en alguna ciencia, técnica, arte, industria o actividad especializada. Art. 172.- Perito. La prueba pericial estará a cargo de uno (1) a tres (3) peritos designado de oficio por el/la juez/a. Cuando por la importancia y complejidad del asunto lo considere conveniente, el/ la Juez/a podrá ampliar éste número. En este último caso, el/la juez/a les impartirá las directivas sobre el modo de proceder para realizar las operaciones tendientes a la producción y presentación del dictamen. Art. 173.- Designación. Puntos de Pericia. Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el/la perito y se propondrán los puntos de pericia. Art. 174.- Recusación. El/la perito podrá ser recusado por justa causa, dentro del tercer día de notificada su designación por cédula electrónica. Art. 175.- Causales. Son causas de recusación del/la perito las previstas respecto de los jueces y la falta de título. Art. 176.- Trámite. Resolución. Deducida la recusación se hará saber al perito para que dentro del tercer día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, será reemplazado. Si se lo negare, el incidente tramitará por separado, sin interrumpir el trámite de las restantes pruebas y el curso del proceso. La resolución que se dicte en el incidente será inapelable. Art. 177.- Reemplazo. En caso de ser admitida la recusación, el/la juez/a, de oficio, reemplazará al/a la perito recusado, sin otra substanciación. Art. 178.- Aceptación del cargo. Los/as peritos desinsaculados deberán aceptar el cargo dentro de los tres (3) días de ser notificados/as por vía electrónica. La notificación se realizará de oficio y contendrá copia de la demanda y/o de la contestación si la hubiere. En caso de falta de aceptación del cargo en término, el/la perito será removido/a del cargo y se desinsaculará automáticamente un nuevo experto. Una vez aceptado el cargo, los/as peritos deberán presentar el informe o dictamen respectivo en un plazo no mayor de diez (10) días, salvo que el/la Juez/a fije otro por resolución fundada. Del informe o dictamen pericial se dará traslado a las partes por tres (3) días, salvo que su com- plejidad o extensión justificare un plazo mayor, bajo apercibimiento de perder el derecho a pedir explicaciones o impugnar el informe o dictamen presentado. Del pedido de explicaciones y/o impugnaciones se dará traslado al perito para que lo contesten en un plazo de tres (3) días. Cuando el/la juez/a lo estimare necesario, podrá disponer que se practique otra pericia, o se per- feccione o se amplíe la anterior, por el/la mismo/a perito u otro/a designado/a de oficio por reso- lución fundada. Art. 179.- Remoción. Será removido el/la perito que, después de haber aceptado el cargo renun- ciare sin motivo atendible, rehusare emitir su dictamen o no lo presentare oportunamente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 112 ~ En este caso el/la juez/a, de oficio nombrará a otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclama- sen. El/la reemplazado/a perderá el derecho a cobrar honorarios. La designación de los peritos se notificará con transcripción de este artículo. Art. 180.- Anticipo de Gastos. Únicamente en casos excepcionales los/as peritos podrán pedir y el/ la juez/a ordenar que, con carácter previo, la o las partes interesadas depositen la suma que se fije para gastos de las diligencias. La regulación de honorarios de los/as peritos que intervengan en las controversias judiciales, no estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio, ni al porcentaje de incapacidad que se dicta- mine en caso de pericia médica. Los mismos se determinarán conforme lo establezca la reglamen- tación pertinente. Art. 181.- Mecanismo de supervisión. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá los mecanismos conducentes para la supervisión de la lista de Peritos y auditoría de los dictámenes periciales, en miras de la adopción de criterios uniformes para salva- guardar los derechos del/la trabajador/a. Para los casos de accidente de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 26.773. Art. 182.- Estudios complementarios. Los estudios complementarios requeridos para realizar las pericias médicas, y/o psicológicas serán efectuados, a opción del/la trabajador/a: 1. En Hospitales Públicos; 2. A través de su obra social; 3. En forma privada. No será admisible su práctica por intermedio de las aseguradoras de riesgos del trabajo; Comisio- nes Médicas u organismos administrativos que las reemplacen. Art. 183.- Informe técnicos. Podrán requerirse informes técnicos a universidades y entidades pú- blicas o privadas con incumbencia en la materia objeto de la experticia. CAPÍTULO VI OTROS MEDIOS DE PRUEBA Art. 184.- Medios de prueba no previstos en este Código. Cuando deba recurrirse a medios de prueba no previstos en este Código, se proveerán y producirán conforme a las disposiciones esta- blecidas en otros ordenamientos en los que estén previstos en tanto no colisionen con las disposi- ciones aquí determinadas, o en su defecto en la forma establecida por el/la Juez/a. Estas pautas se aplicarán especialmente para la incorporación al proceso de los medios de prue- ba que aportan los medios digitales y virtuales. Se consideran tales los correos electrónicos, los mensajes de texto y de voz, las páginas oficiales de red informática, videograbaciones, siendo la presente una mera enunciación ejemplificativa. El/la Juez/a podrá denegar este tipo de pruebas mediante resolución fundada. CAPÍTULO VII LIBROS Y REGISTROS. Art. 185.- Libros y registros. Presunciones. Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar libros, registros, planillas especiales de índole laboral o soportes informáticos Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 113 ~ que por disposiciones especiales los suplan, su falta de presentación ante el requerimiento judicial configurará una presunción a favor del/la trabajador/a respecto de las circunstancias que debieran haberse consignado en la referida documentación. En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al/a la empleador/a. Asimismo, cuando se encontraren en poder del/la empleador/a los elementos informáticos y/o tecnológicos referidos en el artículo 184 y se solicitare su exhibición, constituirá presunción en su contra si no los exhibiere o intencionalmente no los hubiere preservado. CAPÍTULO VIII EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS Art. 186.- Ofrecimiento de expedientes judiciales electrónicos como prueba. Cuando se ofrezcan como prueba expedientes judiciales electrónicos administrativos o judiciales en trámite, debe- rán individualizarse las piezas o circunstancias que interesen. En los casos que los mismos sean expedientes judiciales electrónicos digitales previa certificación por el actuario caso contrario se requerirá testimonio o copia autenticada de dichos elementos probatorios. Cuando se trate de ex- pedientes judiciales electrónicos administrativos o judiciales terminados y agregados a otro juicio, podrá precederse de la misma manera o requerirse su remisión. Si se ofreciere como prueba un documento agregado a un expediente judicial electrónico en trámite, sé pedirá su envío exclusiva- mente por el plazo necesario para cumplimentar la prueba. En el primer caso, antes de devolverse el expediente judicial electrónico se dejará copia certificada por el Actuario del documento en la causa. Cuando la actuación ofrecida como prueba se refiera a una cuestión de carácter prejudicial se deberá aguardar su terminación. Cuando los convenios colectivos de trabajo fueran debidamente individualizados por las partes no será necesario diligenciar prueba alguna para acreditarlos. CAPÍTULO IX PRUEBA DE INFORMES Art. 187.- Procedencia. Las pruebas referidas en el artículo 186 y los informes que se soliciten a las oficinas públicas y entidades privadas deben versar sobre hechos concretos, claramente indi- vidualizados, controvertidos en el proceso y de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del/la informante. Asimismo, puede requerirse a las oficinas públicas la remisión de expediente judicial electrónico, testimonios, certificados u otros documentos en soportes distintos al papel, tales como videofilma- ciones, cintas magnéticas y soporte magnético, relacionados con el juicio. Art. 188.- Confección y Diligenciamiento. La confección y diligenciamiento de los oficios estará a cargo de las partes y serán suscriptos por sus letrados/as bajo su responsabilidad, salvo aquellos que la reglamentación establezca que corresponda que sean suscriptos por el/la juez/a o el/la secretario/a. La parte interesada deberá acreditar su diligenciamiento dentro de los veinte (20) días desde la notificación del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad. Art. 189.- Respuesta pedidos. Las oficinas públicas tienen la carga de contestar el pedido de infor- mes o remitir el expediente judicial electrónico dentro de quince (15) días y las entidades privadas dentro de diez (10) días, salvo que la providencia que lo haya ordenado haya fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, el ofi- ciado deberá informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que será cumplido. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 114 ~ A las entidades públicas o privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente el in- forme, se les puede imponer multa de hasta una (1) UMA por cada día de retardo. La apelación que se deduzca contra la respectiva resolución tramitará por expediente judicial electrónico separado. Art. 190.- Reiteración. Las partes deberán requerir la reiteración de los pedidos de informe dentro del quinto día de vencido el plazo para que la oficiada conteste el informe bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dicha prueba. CAPÍTULO X RECONOCIMIENTO JUDICIAL Art. 191.- Medidas admisibles. Cuando se considere necesario el reconocimiento de lugares, cosas o circunstancias relacionadas con la causa, los/as Jueces/zas podrán trasladarse a tal fin o enco- mendar la diligencia a alguno de sus funcionarios. Si el lugar se encontrare fuera del ámbito del asiento del Juzgado, la medida podrá ser encomen- dada a la autoridad judicial del ámbito territorial que corresponda. Del reconocimiento realizado se labrará acta circunstanciada que se incorporará a la causa y se grabará en video cuando el/la juez/a así lo disponga de oficio o a pedido de parte. CAPÍTULO XI HECHOS NUEVOS Art. 192.- Procedencia. Si con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho o documento vinculado con el liti- gio, aquellas podrán denunciarlo hasta dentro del tercer día posterior a la notificación del plazo para alegar. Será a cargo de quien pretenda introducir un hecho o documento nuevo denunciar con precisión circunstanciada la fecha u ocasión en que tal hecho o documento ha llegado a su conocimiento, ofreciendo la prueba dirigida a acreditar tal circunstancia temporal de ser negada. Del escrito se dará traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo de tres (3) días para contestar- lo, puede también alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados, y ofrecer la prueba correspondiente. La resolución que admite el hecho nuevo es inapelable. La que lo rechace es apelable con trámite diferido. CAPITULO XII ALEGATOS, SENTENCIA Y LIQUIDACIÓN Art. 193.- Alegatos. Terminada la prueba, de oficio o dentro de los cinco (5) días de peticionado por las partes se pondrán los autos en Secretaría para alegar. Las partes podrán presentar una memoria en formato digital sobre el mérito de aquélla dentro de los cinco (5) días de recibida la notificación que así lo disponga. Si producida la prueba quedare pendiente únicamente la de informes, en su totalidad o parte y ésta a criterio del/la Juez/a no fuere esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada. Art. 194.- Sentencia definitiva. Plazo. Desde el vencimiento del plazo para alegar o, en su caso, desde que quedó notificada la providencia que declaró la cuestión a resolver como de puro dere- cho, se computará el plazo para dictar sentencia que será de treinta (30) días. Podrá quedar inte- rrumpido por vistas posteriores al momento en que la causa quedó en estado de dictar sentencia, por la fijación de una audiencia a los fines conciliatorios o por el dictado de una medida para mejor prove er. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 115 ~ Art. 195.- Forma y contenido de la sentencia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener los requisitos formales: 1. La fecha y el lugar; 2. El nombre y apellido de las partes; 3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio; 4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior; 5. Los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de la prueba y la aplicación de la ley. 6. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos rea- les y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convic- ción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 7. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. 8. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones planteadas en el juicio declarando el derecho de los/as litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y re- convención, en su caso, en todo o en parte; La sentencia hará mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido articulados como hechos nuevos; 9. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de la conducta de las partes de temeridad o malicia; 10. La firma electrónica o digital del/la juez/a. Los/as jueces/zas se encuentran facultados a decidir ultra petita sobre las cuestiones que han sido materia de litigio, supliendo la omisión del demandante. De igual modo, el/la juez/a deberá fijar los importes de los créditos diferidos a condena siempre que su existencia estuviese debidamente comprobada, aunque no se hubiese justificado su monto con precisión. Art. 196.- Actuación del Juez/a posterior a la sentencia. El pronunciamiento de la sentencia deter- mina la conclusión de la competencia del/la Juez/a respecto del objeto del juicio, pero no extingue sus facultades que perduran respecto de secuelas del proceso. En tal sentido le corresponderá: 1) Corregir a pedido de parte dentro de los tres días de notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cual- quier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio; 2) Ordenar, a requerimiento de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes; 3) Proseguir la sustanciación y decidir acerca de los incidentes; 4) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciarlos; 5) Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 197.- Liquidación. Consentida o ejecutoriada la sentencia, el/la Secretario/a practicará liqui- dación de capital, intereses y costas, notificando a las partes, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del tercer día no se formularen observaciones. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 116 ~ TÍTULO III RECURSOS CAPÍTULO I ACLARATORIA Art. 198.- Procedencia. La aclaratoria es un remedio procesal que procede contra las sentencias y las providencias de mero trámite, a fin de que el Juzgado que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión. El/la Juez/a o la Cámara, a pedido de parte realizado dentro del tercer día de notificada podrá co- rregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiere incurrido respecto de alguna de las pretensiones deduci- das y discutidas. Podrá hacer lo mismo, de oficio, dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que dictó la resolución, siempre que ésta no haya quedado firme para alguna de las partes. Art. 199.- El recurso se deberá fundar en el acto mismo de su interposición. La de las resoluciones dictadas en audiencia estando presente la parte interesada se deberá pedir y fundar en el mismo acto. El pedido de aclaratoria se resolverá sin sustanciación y no suspenderá el plazo de los demás recursos. Se considerará denegado el recurso si no se pronuncia dentro de los tres (3) días siguientes al de su presentación. Art. 200.- Apelación. Si la sentencia o resolución fuere apelable y alguna de las partes se consi- derare agraviada por la aclaratoria, el plazo para apelar la aclaración correrá desde la notificación de ésta. Art. 201.- Subsanación. Los errores aritméticos y sobre los nombres o calidades de las partes en que se hubiere incurrido en la sentencia se podrán corregir en cualquier estado del juicio. CAPÍTULO II REVOCATORIA Art. 202.- Procedencia.- El recurso de revocatoria procederá únicamente contra las providencias simples o interlocutorias en la que no hubiera mediado sustanciación, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el/la Juez/a o la Cámara que las haya dictado las revoque por contrario imperio. El recurso se interpondrá y fundará dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución y se dará traslado a la contraria por igual plazo. Art. 203.- Revocatoria de oficio. El/la Juez/a o la Cámara podrá revocar de oficio, hasta (3) días después, las resoluciones dictadas sin controversia de partes y que no hayan quedado firmes para ninguna de éstas. En el mismo plazo y condiciones, podrá revocar las providencias de los/las se- cretarios/as. Art. 204.- Providencia en audiencia. Cuando la providencia se dictare en audiencia, estando pre- sente la parte interesada, el recurso deberá interponerse y fundarse en el mismo acto, y de co- rresponder se dará traslado a la parte contraria presente, quién también deberá responder en el mismo acto y a continuación el/la Juez/a resolverá. Si el recurso fuera interpuesto contra una providencia dictada de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, el recurso se resolverá sin sustanciación. Art. 205.- La resolución que recaiga se hará ejecutoria, a menos que el recurso haya sido inter- puesto conjuntamente con el de apelación en subsidio y la providencia impugnada reuniere los requisitos establecidos para que sea apelable. Art. 206.- Revocatoria “in extremis”. Procederá en supuestos de injusticia flagrante o grosera de una decisión judicial, asentada en un error material ostensible, trascendente y grave, ante la inexistencia de otra vía adjetiva idónea para reparar adecuadamente el agravio. El recurso se interpondrá y fundará dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 117 ~ CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN. RECURSO DE NULIDAD Art. 207.- Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación, salvo disposición en con- trario, procederá solamente contra: 1) Las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin al proceso en todo o en parte, o impida su continuación; 2) Las sentencias interlocutorias y providencias simples que causen un gravamen irreparable. 3) En general, todas las sentencias y resoluciones que impliquen por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba, una privación de la garantía de defensa en juicio. Art. 208.- Inapelabilidad por razón de monto. Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, por todo concepto, no exceda el equivalente a trescientas (300) veces el importe del derecho fijo vigente al momento de interponer el recurso. Art. 209.- Procedencia del recurso de nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de forma de la sentencia o resoluciones apelables. Declarada la nulidad de la sentencia, la Cámara resolverá sobre el fondo del litigio. No se admitirá recurso de nulidad por vicios de procedimiento. Art. 210.- Plazo para la interposición. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva, las resoluciones que declaren la incompetencia, integración de litis e intervención de terceros, se interpondrá y fundará en el plazo de seis (6) días, tendrá efecto suspensivo y trámite inmediato. Art. 211.- Plazo para apelar las resoluciones interlocutorias y providencias simples. La apelación contra las resoluciones simples e interlocutorias se deberá deducir, sin necesidad de fundarla, en el plazo de tres (3) días contados desde el día siguiente al de la notificación. La apelación se deberá mantener, mediante el solo requisito de expresar los agravios correspon- dientes, cuando se dicte sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de ésta. Art. 212.- Resoluciones apelables en todos los casos. Cualquiera sea el monto del juicio, serán apelables: a) Las sanciones disciplinarias; b) Las resoluciones que decreten o denieguen medidas cautelares; c) Las que traban un embargo que perjudica a un tercero; d) Las sentencias o resoluciones que admitan o rechacen desalojos; e) Las sentencias definitivas, cuando contradigan un pronunciamiento anterior de la Cámara o de otro juez/a de primera instancia. En este caso se hará mención precisa de la jurisprudencia con- tradictoria y la Cámara resolverá previa comprobación por simple informe y sin otra sustanciación. Si la causa fuere inapelable por su monto, la alzada se pronunciará sin revisar el fallo de primera instancia en cuanto a los hechos; f) Serán también apelables aquellas decisiones que sean susceptibles de modificar los términos de la sentencia dictada por el superior o, en general, cuando por sus efectos impliquen una privación de la garantía de defensa en juicio o la vulneración de los efectos de la cosa juzgada; g) En general, todas las sentencias y resoluciones que impliquen por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba, una privación de la garantía de defensa en juicio. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 118 ~ Art. 213.- Sanciones. Cuando se trate de la aplicación de sanciones, la sola interposición del recur- so tendrá efecto suspensivo y trámite diferido. Art. 214.- Resoluciones dictadas en audiencias.- En caso de resoluciones dictadas en audiencias, el recurso deberá interponerse en el mismo acto y se fundará conjuntamente con la fundamentación del recurso de apelación de la sentencia definitiva. Art. 215.- Apelaciones anteriores a la sentencia. Salvo el caso de las medidas cautelares y auto- satisfactivas, todas las apelaciones interpuestas, aún en juicios prima facie inapelables, se tendrá presente con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de cono- cimiento, en primera instancia, con la sentencia definitiva. Quedan exceptuadas de dicha regla las sentencias que dispongan o rechacen un desalojo, las medidas cautelares y autosatisfactivas, nulidades de procedimiento, las citaciones de tercero y, en general, todas aquellas decisiones relativas a la constitución de la relación procesal y a la habilita- ción de la instancia, o que por sus efectos impliquen una clara afectación a la economía procesal o al derecho de defensa de las partes. Art. 216.- Apelación con trámite diferido.- La apelación con trámite diferido se interpondrá sin ne- cesidad de fundarla, en el plazo de tres (3) días contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución recurrida. No impedirá el cumplimiento de la resolución apelada, excepto cuando se trate de la aplicación de sanciones. En este último caso, la sola interposición del recurso tendrá efecto suspensivo. La apelación se deberá mantener mediante el solo requisito de expresar los agravios correspon- dientes, cuando se dicte sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de ésta. En oportunidad de fundar los recursos con trámite diferido, de corresponder, las partes deberán indicar las medidas probatorias denegadas o que no se hayan podido producir antes de la senten- cia, brindando fundamento respecto del interés que tuviere en practicarlas. Art. 217.- Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva. Si se tratare de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva empero con anterioridad a la etapa de ejecución, el re- curso se interpondrá y fundará dentro de los tres (3) días de notificado, se dará traslado a la parte contraria por idéntico plazo y se elevarán los autos al Superior de manera inmediata. No suspen- derá el curso del proceso y, a tal efecto, deberá formarse incidente. Art. 218.- Fundamentación recurso de apelación en subsidio. Cuando el recurso de apelación hubiese sido interpuesto en subsidio del recurso revocatoria, la fundamentación del recurso de revocatoria bastará para el de la apelación. Art. 219.- Resoluciones durante la ejecución. Inapelabilidad. Serán inapelables todas las resolucio- nes que se dicten en el proceso de ejecución de sentencia, incluso las que decidan nulidades de procedimiento referidas a actos cumplidos o a resoluciones dictadas en ese mismo proceso. Sólo quedarán exceptuadas de esta norma, las resoluciones que declaren o denieguen la nulidad del procedimiento por vicios anteriores al proceso de ejecución, las que apliquen sanciones disci- plinarias, las regulaciones de honorarios que, por el monto del juicio sean apelables, y toda otra resolución que refiera a cuestiones ajenas a las consideradas en la sentencia o que, por sus efec- tos, pudiera implicar una modificación de sus términos. En caso de que el pedido de nulidad por vicios anteriores al proceso de ejecución resulte mani- fiestamente improcedente, el/la Juez/a aplicará al solicitante una multa de hasta el diez por ciento (10%) del valor de la ejecución en favor del/de la ejecutante. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 119 ~ Serán también apelables aquellas decisiones que sean susceptibles de modificar los términos de la sentencia dictada por el superior o, en general, cuando por sus efectos impliquen una privación de la garantía de defensa en juicio o la vulneración de los efectos de la cosa juzgada. Art. 220.- Expresión de agravios. El escrito de expresión de agravios deberá tener la crítica con- creta y razonada de la parte de la resolución que el/la apelante considere errónea para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores. Si los agravios no se expresaren en los términos y condiciones determinados, se rechazará el recurso de apelación, sin más trámite. De la expresión de agravios se dará traslado a la contraparte por tres (3) días. CAPÍTULO IV APELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS Art. 221.- Procedencia.- El recurso de apelación contra medidas cautelares o autosatisfactivas se debe- rá interponer y fundamentar dentro de los tres (3) días de notificada la providencia. Tendrá efecto no suspensivo y con trámite inmediato por vía de incidente. Con el escrito de apelación y demás copias de las piezas que el/la Juez/a estime pertinentes para la formación del incidente serán obtenidas por Secretaría y, una vez conformado, se remitirá a la Cámara. CAPÍTULO V RECURSO DE QUEJA Art. 222.- Procedencia.- Si el/la Juez/a de primera instancia denegase la apelación contra: sentencia definitiva, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, resoluciones que hacen a la traba de la li- tis, sanciones, excepciones previas y decisorios sobre desalojos, la parte agraviada podrá interponer recurso de queja, el cual se presentará ante la Cámara, dentro de los tres (3) días de notificado de la denegatoria, debidamente fundado. Art. 223.- Recurso de queja. Copia simple. Junto con el recurso de queja deberá acompañarse co- pia simple de la resolución recurrida y de las piezas pertinentes a criterio del recurrente, suscriptas por asistencia letrada. El recurso deberá bastarse por sí mismo. Art. 224.- Resolución. Presentada la queja en forma, la Cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En este último supuesto mandará a tramitar el recurso. Hasta tanto la Cámara no conceda la apelación, el curso del proceso no se suspenderá. Art. 225.- Denegación de recurso con trámite diferido. Cuando se denegasen recursos con trámite diferido, la parte agraviada podrá interponer recurso de queja por ante el mismo Juzgado donde tramita la causa. Bastará la mera manifestación dentro de los tres (3) días de notificado, se fundará en el mismo escrito y deberá mantenerse la queja en el plazo para apelar la sentencia definitiva. CAPÍTULO VI OFRECIMIENTO DE PRUEBA Y HECHOS NUEVOS Art. 226.- Fundamentación del recurso. Hechos nuevos. En oportunidad de fundar los recursos con trámite diferido las partes además podrán: 1. Indicar las medidas probatorias denegadas o que no se hayan podido producir antes de la sen- tencia, brindando fundamento respecto del interés que tuviere en practicarlas; 2. Plantear los hechos nuevos ocurridos después del plazo que fija el artículo 192, primer párrafo hasta el momento de la sentencia. Estas cuestiones serán sustanciadas junto con el recurso. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 120 ~ CAPÍTULO VII RECEPCIÓN DE PRUEBA POR LA CÁMARA Art. 227.- Apelación. Producción de pruebas. Cuando la Cámara haga lugar a la apelación contra sentencias o resoluciones denegatorias de medidas de prueba, dispondrá lo pertinente para que sean producidas ante ella y notificará esta decisión por escrito a las partes. También podrá disponer las medidas de prueba que considere útiles o necesarias para la averi- guación de la verdad sobre los hechos controvertidos, respetando los principios de congruencia y defensa en juicio. En los supuestos precedentes, la Cámara por razones de economía procesal podrá disponer su producción ante la Alzada o bien, de así estimarlo y por resolución fundada, ordenar su recepción por el Juzgado de primera instancia que corresponda. TITULO IV PROCESO DE EJECUCIÓN CAPÍTULO I EJECUCIÓN DE SENTENCIA Art. 228.- Liquidación. Intimación de pago. Firme la liquidación y previa intimación, si los/las con- denados/as al pago de créditos laborales no hubieren efectuado el depósito de las sumas adeu- dadas, en todo o en parte, el/la Juez/a a pedido de parte decretará embargo sobre bienes del/ de la deudor/a, citándolo/a para que dentro del plazo de cinco (5) días oponga excepción de pago documentado posterior a la fecha de sentencia definitiva, si lo tuviere, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Si se declarase procedente la excepción opuesta, la ejecución se rechazará y se ordenará el levan- tamiento de todas las medidas dispuestas. Art. 229.- Pago inmediato. En los supuestos que la ejecución consista en embargo de sumas de dinero, tomada razón de la efectivización de la medida se procederá a ordenar el pago al/a la acreedor/a del importe que resulte de la liquidación aprobada, sin perjuicio de los intereses que pudieren corresponder. Artículo 230.- Medidas precautorias. Remisión. Lo dispuesto en los artículos 79, 80, 81 y 97 de este Código será aplicable en cuanto resulte compatible con el proceso de ejecución de sentencia. CAPÍTULO II EJECUCIÓN DE CRÉDITOS RECONOCIDOS O FIRMES Art. 231.- Incidente de ejecución parcial. Si el/la empleador/a, en cualquier estado del juicio, re- conociere adeudar al/a la trabajador/a algún crédito líquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, a petición de parte se formará ejecución de ese crédito por el procedimiento es- tablecido para la ejecución de sentencia. Del mismo modo se procederá, a petición de parte, cuando hubiere quedado firme la condena al pago de alguna suma de dinero, aunque se hubiere interpuesto, respecto de otros rubros de la sentencia, recurso de apelación, de inaplicabilidad de la ley, de inconstitucionalidad o extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En estos casos, la parte interesada deberá pedir, para encabezar el incidente de ejecución, copia autenticada o testimonio con certificación de que el rubro que se pretende ejecutar no estuviera comprendido en el recurso interpuesto y de que la sentencia ha quedado firme respecto de él. Si hubiere alguna duda acerca de estos extremos, el/la Juez/a denegará la formación del incidente y esta decisión no será susceptible de recurso alguno. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 121 ~ CAPÍTULO III CRÉDITOS RECONOCIDOS EN INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. VÍA EJECUTIVA Art. 232.- Reconocimiento de créditos. Cuando en instrumento público el/la empleador/a reco- nociere créditos líquidos, exigibles y provenientes de una relación laboral en favor de algún/a trabajador/a, éste/a tendrá acción ejecutiva para demandar su cobro ante el/la Juez/a que corres- ponda. Si se tratare de documentos que por sí solos no trajeran aparejada ejecución, podrá prepararse la vía ejecutiva pidiendo previamente: 1) Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución. 2) Que el/la juez/a señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al/a la deudor/a para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El/la juez/a dará traslado y resolverá sin más trámite ni recurso alguno. 3) Que el/la deudor/a reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional. La citación al/a la demandado/a para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en el presente código, bajo apercibimiento de que si no compareciese o no con- testare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos. El desconocimiento de la firma por alguno/a de los/las coejecutados/as no impide que se cumpla con la ejecución respecto de los/las deudores/as que la hayan reconocido, o a quienes se los haya tenido por reconocida. Reconocida la firma del instrumento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido. Si el documento no fuere reconocido, el/la juez/a, a pedido del/de la ejecutante, previo dictamen de un/a (1) perito designado/a de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá según lo establece el presente artículo y se impondrá al/a la ejecutado/a las costas y una multa equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa inte- grará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate. La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en efecto diferido. Se producirá la caducidad de las medidas preparatorias del juicio ejecutivo, sin necesidad de de- claración judicial, si no se dedujere la demanda dentro de los quince (15) días de su realización. Si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme. Art. 233.- Juicio ejecutivo. Excepciones.- Sólo se admitirán como excepciones las siguientes: 1) Incompetencia; 2) Falta de capacidad de las partes o de personería de sus representantes; 3) Litispendencia; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 122 ~ 4) Prescripción; 5) Pago total o parcial acreditado mediante documento que deberá acompañarse al oponerse la excepción, bajo apercibimiento de ser rechazada sin más trámite; 6) Conciliación o transacción homologadas; 7) Cosa juzgada. CAPÍTULO IV EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. Art. 234.- Procedimiento. La ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por la autori- dad del trabajo de acuerdo con la legislación de aplicación será tramitada con arreglo al siguiente procedimiento: 1) Incumplida la resolución administrativa podrá ejecutarse ante el Juzgado del Trabajo que corres- ponda, debiendo solicitarse a la autoridad del trabajo la remisión del expediente judicial electrónico en el que ha sido dictada. 2) Se observarán las reglas establecidas en este Código para la ejecución de sentencias. Además de las excepciones que allí se autorizan, podrán oponerse: a) Incompetencia del Juzgado y de la autoridad administrativa, fundada en la ausencia de presu- puestos que legitimen su actuación; b) Falta de capacidad de las partes o personería de sus representantes; c) Cosa juzgada; d) Litispendencia. 3) La prueba de las excepciones se hará por medio de documentos que se adjuntarán al deducirlas o por confesión judicial, con exclusión de otro medio probatorio. Cuando no se pudiera acompañar testimonios u otras constancias oficiales se manifestará suscitándose el envío de las actuaciones dentro de un plazo que fijará el/la Juez/a. TITULO V PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS CAPÍTULO I PROCEDENCIA. ADMISIBILIDAD. Art. 235.- Condiciones generales de procedencia. Procederá el trámite reglado en este capítulo cuando el/la trabajador/a, al demandar el pago de una suma de dinero líquida o que se puede liquidar mediante simple operaciones contables: a) invoque pretensiones que tornen innecesario cualquier debate causal o de derecho en torno a la procedencia del crédito; b) lo haga con respaldo documental que confiera fuerte probabilidad de ser ciertas las circunstan- cias de hecho de las que dependa la existencia y cuantificación de aquél. A los fines de la admisibilidad, bastará con la atribución del documento a la contraparte o, en caso de instrumentos públicos o privados emanados de terceros, que se identifique claramente al autor y, en su caso, al fedatario o la oficina en que pueden recabarse. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 123 ~ La utilización de esta vía no implica renunciar a los mejores derechos de los que el/la actor/a se considere titular, por los mismos o distintos rubros, ni es incompatible con su reclamo por el trá- mite ordinario. Utilizadas ambas vías, entenderá en ellas el/la juez/a o tribunal que hubiere prevenido. Art. 236.- Habilitación de la vía para el proceso abreviado. Se entenderá especialmente que habi- litan esta vía: a) el despido directo sin invocación de causa; b) el pago de salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos y sus dife- rencias en mora, cuando con la demanda se acompañen copias de recibos por períodos anteriores u otros instrumentos de los que se desprenda verosímilmente que la relación laboral se encontraba vigente al momento en que se afirman devengados; c) el despido directo justificado por causa de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, res- pecto de la indemnización atenuada que corresponde en tales casos; d) en el supuesto de la indemnización por incapacidad absoluta e inculpable se entenderá verifica- do, a estos fines, si se acompaña dictamen médico oficial que acredite una incapacidad del 66% o más; e) impugnación de sanciones disciplinarias f) la extensión de responsabilidad cuando se pretende en etapa de ejecución; g) la acción preventiva de daños regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Se enten- derá por tal la medida para prevenir el daño o, si se produjo, disminuir su magnitud. Art. 237.- Certificados laborales. El trámite abreviado procederá también para demandar la entrega de los certificados de trabajo, de aportes o de formación profesional que deban expedir los/las empleadores/as al término de una relación laboral, conforme a las disposiciones legales, conven- cionales o reglamentarias del Derecho del Trabajo, incluyendo la restitución de la documentación prevista en el Régimen de la Construcción, toda vez que de la documentación acompañada se desprendan las circunstancias de hecho que deban asentarse en las mismas. Art. 238.- Requisitos de la demanda. Además de proponerse con los requisitos propios de la de- manda, contendrá: a) la identificación del/de la demandado/a y denuncia de su domicilio; b) no se admitirá ninguna otra prueba que la informativa o pericia caligráfica necesaria para corro- borar, de ser negada, la autenticidad de algún instrumento identificado en la demanda o su envío o recepción; c) deberá cuantificarse el crédito o suministrarse con detalle y precisión las bases para las opera- ciones contables pertinentes. Art. 239.- Resolución. Notificación. Embargo. Recibida la demanda, si el/la juez/a considerase sa- tisfechas las exigencias de admisibilidad del trámite y entendiera que resulta competente, dictará resolución ordenando el cumplimiento de la obligación en el plazo de diez (10) días. La resolución se notificará íntegramente mediante cédula electrónica con copia de la demanda y documentación pertinente, al domicilio electrónico registrado a tales fines o en su caso, al domicilio real, no siendo admisible la citación por edictos. Podrá igualmente a pedido del actor/a, ordenarse la traba de embargo preventivo por el importe de la demanda, sus intereses y costas. Las medidas cautelares se entenderán siempre dictadas bajo la responsabilidad del solicitante. En casos especiales, el/la juez/a, por auto fundado, podrá exigir contracautela. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 124 ~ Art. 240.- Recurso de apelación ante rechazo de procedimiento abreviado. En el supuesto que el/la juez/a interviniente no considere que se dan las condiciones generales de procedencia del procedimiento abreviado, conforme lo establecido en el artículo 235 de la presente Ley, y rechace in limine la pretensión de la parte actora, esta podrá presentar recurso de apelación contra dicha resolución en un plazo de tres (3) días desde notificada la decisión. Art. 241.- Traslado. Apercibimiento. La resolución que se dicte conforme el artículo anterior, conlle- va un traslado para que, en el mismo plazo, el/la demandado/a se allane o se oponga. Dicho traslado se hará bajo apercibimiento de que el silencio o la falta de oposición idónea, produ- cirá el efecto de consolidar la resolución notificada, que en tal caso pasará en autoridad de cosa juzgada material. Art. 242.- Allanamiento. En el contexto de este capítulo, el allanamiento supone la renuncia a discu- tir la procedencia sustancial de la pretensión demandada. Producido, concluirá la fase declarativa, quedando expedita la ejecución por la vía de ejecución de sentencia. Podrá también hacerse por escrito un ofrecimiento de cancelación total en cuotas con fechas cier- tas de pago. Aceptada la propuesta por el/la actor/a, su posterior incumplimiento dará derecho al/a la trabajador/a a ejecutar sin más trámite la totalidad del saldo. Art. 243.- Oposición. Dentro del plazo acordado para el cumplimiento, el/la demandado/a podrá oponerse a la procedencia del trámite abreviado. Además de la prescripción, la oposición sólo se admitirá con los siguientes fundamentos: a) falsedad extrínseca de los documentos atribuidos a la demandada o a terceros, o negativa del envío o recepción de la correspondencia en su caso; b) hechos o actos jurídicos extintivos de la obligación demandada, debidamente documentados; c) negativa sobre el fundamento fáctico o jurídico del crédito, con base en razones que, estricta- mente apreciadas por el/la Juez/a, resulten en la necesidad o conveniencia de imprimirle el trámite del proceso ordinario. Las cuestiones puramente aritméticas relativas a la cuantificación del crédito, no autorizan a opo- nerse y serán diferidas a la etapa de ejecución, sin perjuicio de la facultad judicial de convocar a audiencia conciliatoria. Los reconocimientos parciales que resulten explícitos, o aquellos que deriven de la falta de oposi- ción expresa y concreta a ciertos rubros, o a una porción de los mismos, darán lugar a promover su ejecución parcial. Art. 244.- Trámite de la oposición. El/la juez/a podrá rechazar liminarmente las oposiciones que no se ajusten a las exigencias del artículo anterior. En caso contrario, correrá traslado por tres (3) días a la parte actora para que se expida sobre el mérito de la oposición, debiendo en tal oportunidad reconocer o negar los documentos que en la misma se le hubieren atribuido. Art. 245.- Prueba de la documentación controvertida. Cuando la impugnación se hubiere basado en documentos cuya autenticidad o recepción estuviere controvertida, el/la juez/a deberá disponer, antes de expedirse, la producción de la prueba pericial o la informativa necesaria para dirimir el debate. Art. 246.- Sentencia. Recursos. Producida en su caso la prueba del artículo anterior y previo trasla- do común a las partes por el plazo de tres (3) días, el/la juez/a dictará sentencia dentro del plazo de cinco (5) días admitiendo o rechazando total o parcialmente la oposición. Si hiciere lugar a la oposición, será inapelable para el/la actor/a, pero se considerará que produce efectos de cosa juz- gada meramente formal y no le veda la promoción de una acción por el trámite del procedimiento Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 125 ~ ordinario por los mismos conceptos. La prueba producida con control de partes en este pleito podrá hacerse valer en el juicio ordinario. Si se rechazare la oposición, la sentencia podrá ser recu- rrida mediante recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) días. El recurso, de así proceder, será otorgado con elevación inmediata y efecto suspensivo. En la misma oportunidad de recurrir, deberá expresar los agravios. Art. 247-. Sanciones. Costas. Honorarios. La negativa injustificada de la autenticidad de documen- tos atribuidos o del envío o recepción de correspondencia, será juzgada como conducta abusiva y el/la juez/a deberá aplicar, con especial rigor, las sanciones previstas por la legislación de fondo o adjetiva para los supuestos de conducta procesal temeraria o maliciosa. El/la demandado/a vencido/a en la oposición, soportará las costas del trámite y los honorarios se regularán en tal caso como si correspondiere a un proceso pleno de conocimiento. En todos los demás supuestos se estará a las disposiciones comunes sobre imposición o distribu- ción de costas, pero los honorarios se regularán con una reducción del 30 %. CAPÍTULO II ACCIÓN PREVENTIVA DE DAÑOS Art. 248.- Acción preventiva. Procede la acción preventiva del Código Civil y Comercial de la Nación para la prevención o disminución de la magnitud del daño causado, tales como, incumplimiento a las normas de higiene y seguridad del trabajo; violación a disposiciones contenidas en la Ley Na- cional 23.592, situaciones de violencia o acoso laboral. Esta acción podrá ser promovida por trabajadores/as, sindicatos y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Art. 249.- Legitimación activa. Son legitimados activos quienes invoquen un derecho que deba ser reconocido y quedan exceptuados quienes persigan una mera declaración. Art. 250.- Tutela anticipada. En los supuestos de medidas de asistencia el/la Juez/a podrá decretar además, como tutela anticipada y con carácter precautorio, la ejecutoriedad inmediata de la asis- tencia médica, farmacéutica u ortopédica. Art. 251.- Procedencia. Los presupuestos para su procedencia son: a) alta probabilidad de la ocurrencia del evento dañoso y del nexo de causalidad entre ésta y el daño a la salud o a la integridad psicofísica del/a trabajador/a; b) peligro en la demora caracterizado por la evidencia de que la medida se impone como urgente para preservar la salud psicofísica del /a trabajador/a víctima; c) perjuicio irreparable. Art. 252.- Trámite. El/la requirente deberá acompañar en su primera presentación digital los do- cumentos que acreditan la necesidad y la urgencia de la prestación médica demandada o bien del presupuesto fáctico que justifique la medida requerida, como informes técnicos o ambientales, o bien declaración sumaria testimonial. En el supuesto de prestaciones médicas, deberá indicar el sanatorio o institución médica y nombre del profesional que le brindará la prestación o de la far- macia u ortopedia que le proveerá la medicación o prótesis que necesite. Solicitada la medida, el/ la Juez/a fijará una audiencia por medios electrónicos con carácter urgente, a la que serán citadas las partes con asistencia letrada. La notificación podrá efectuarse por cédula electrónica, carta documento o telefónicamente. La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, pero si el/la requirente de la medida no asistiere sin causa justificada, el requerimiento será rechazado no pudiendo volver a solicitarla en lo sucesivo con igual carácter. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 126 ~ El/la Juez/a resolverá dentro del quinto día de celebrada la audiencia, disponiendo la inmediata ejecución de las medidas, en caso de hacer lugar al pedido. La resolución será notificada por medios electrónicos o los que el/la Juez/a considere más celéri- co. El recurso de apelación contra la resolución que ordene la medida, será concedido con efecto devolutivo. Art. 253.- Casos de urgencia. En caso que la urgencia sea de tal magnitud que no pueda diferirse la decisión porque se encuentra en riesgo la vida del/la trabajador/a o que la demora impida que la incapacidad pueda ser revertida o minimizada, el/la Juez/a está facultado para resolver la cuestión inaudita parte. Art. 254.- Sanciones conminatorias. Podrán fijarse sanciones conminatorias para el supuesto de incumplimiento o en su caso, embargo y disposición de la suma depositada en cuentas abiertas a nombre de la aseguradora de riesgos del trabajo o del/la empleador/a, según el caso, hasta cubrir las sumas presupuestadas para brindar cobertura al tratamiento requerido. Art. 255.- Rendición de cuentas. El/la actor/a asumirá la carga de acreditar de forma documenta- da que, en su caso, la suma recibida haya sido destinada a la prestación requerida, bajo aperci- bimiento de ser responsable por los daños y perjuicios ocasionados. También deberá informar el cumplimiento, en su caso, de la medida de tutela anticipada conferida, bajo apercibimiento de ser sancionado/a con una multa que será graduada prudencialmente por el/la juez/a. Art. 256.- Reintegro. En caso que en juicio posterior se demuestre que no mediaba obligación por parte de la aseguradora o del/de la empleador/a de darle cobertura a dichas prestaciones, los mis- mos quedarán habilitados para exigir de la obra social que corresponde el reintegro de las sumas entregadas. En el supuesto de hubiere sido la obra social del/de la trabajador/a quien costeara los gastos y en juicio posterior se determine que su causa era un accidente laboral o enfermedad profesional, la obra social podrá requerir a la aseguradora de trabajo que corresponda o al/a la empleador/a, el reintegro de las sumas abonadas y la extensión de testimonios o copias auténticas de las piezas procesales que sean solicitadas. TÍTULO VI PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA CAPÍTULO I Art. 257.- Hechos o documentos nuevos o posteriores. Recibidas las actuaciones en la Cámara, las partes podrán denunciar hechos o documentos nuevos posteriores a los invocables en la instancia previa, hasta la oportunidad en que la Cámara resuelva definitivamente la apelación. En el supues- to de ser admitidos, se abrirá la causa a prueba, para que las partes ofrezcan las que consideren, en el plazo de tres (3) días. Art. 258.- Alegato ante la Cámara. Si se produjeren pruebas ante la Cámara, se dará vista a las partes por el plazo de tres (3) días a fin de que aleguen sobre su mérito. Vencido el plazo precedente de haberse producido pruebas o firme el auto que deniegue la pro- ducción de prueba las actuaciones pasarán a dictar sentencia. Las providencias simples serán dictadas por cualquier integrante de la Cámara que decidirá los recursos de revocatoria contra estas decisiones. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 127 ~ Las sentencias de la Cámara se dictarán por mayoría de votos, previo sorteo entre los integrantes de la Sala del orden de votación en el expediente judicial electrónico, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del/de la Juez/a de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. Basta- rán los votos de dos integrantes de la sala cuando hubieren votado en primero y segundo término en el mismo sentido. Las sentencias serán registradas conforme reglamentación que a tal efecto se expedirá y en un todo de acuerdo con lo referido en el presente código. Art. 259.- Decisión de Cámara. La Cámara no podrá fallar sobre capítulos que se hayan omitido proponer a la decisión del/de la Juez/a de primera instancia; sin embargo deberá decidir sobre aquellos hechos que no hayan sido tratados por la sentencia de primera instancia aunque no se haya pedido aclaratoria, en tanto hubiere sido motivo de apelación. Decidirá asimismo, sin necesidad de petición de parte, las demás cuestiones planteadas que hayan perdido virtualidad por el modo de decidirse en primera instancia y que proceda tratar por el modo en que se resuelve en Cámara. Cuando la resolución de primera instancia fuera revocada o modificada, la Cámara adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aun cuando ello no hubiera sido materia de apelación. Art. 260.- Sentencia nula. Si la Sala interviniente declarare la nulidad por defectos de forma de la sentencia definitiva apelada, emitirá el pronunciamiento que corresponda. Art. 261.- Recurso de hecho. El recurso de queja por denegatoria de la apelación contra resolu- ciones dictadas en materia de medidas cautelares y contra la sentencia definitiva, se deducirá por escrito digital y deberá ser fundado ante la Cámara, en el plazo de tres (3) días posteriores a la notificación de la denegatoria. CAPÍTULO II CONVOCATORIA A PLENARIO Art. 262.- Recurso de inaplicabilidad y convocatoria a plenario.- Cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpondrá por escrito digital fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cá- mara en pleno, resolverá la doctrina aplicable y fallará sobre el caso. Cuando se convoque a plenario para unificar jurisprudencia o interpretar la ley aplicable a de- terminado caso, una vez notificada la convocatoria, las Salas deberán abstenerse de resolver las mismas cuestiones de derecho en los procesos que tengan en trámite. Sin embargo, ello no les impedirá dictar sentencia respecto de aquellos aspectos no relacionados con la convocatoria. TÍTULO VII PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CAPÍTULO I COMISIONES MÉDICAS Art. 263.- La revisión de las resoluciones de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales de conformi- dad con el artículo 5, inciso 8 del presente Código, deberá ser amplia y suficiente y ser interpuesta por el/la trabajador/a o sus derechohabientes ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un recurso, dentro del plazo de noventa (90) días hábiles administrativos computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional. Dicha acción atraerá el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del traba- jo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede judicial resultará vinculante para ambas partes. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 128 ~ Art. 264.- Una vez vencido el plazo dispuesto en el artículo 263, la resolución emanada de la Co- misión devendrá firme y adquirirá carácter de cosa juzgada administrativa. En el recurso se podrán peticionar las medidas de prueba denegadas o defectuosamente produci- das, ello sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que se pudieran adoptar. Art. 265.- Tratándose de acciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias, excluyendo las excepciones contempladas en la Ley Nacional N° 27.348 o la que en el futuro la reemplace el/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán acompañar los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica Jurisdiccional corres- pondiente y/o la configuración del silencio administrativo por parte de ésta. El referido recurso ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá ini- ciarse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central. Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisio- nes Médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, quedando definitivamente concluida la controversia. Art. 266.- Los artículos 263, 264, 265 y el presente, deberán ser expresamente transcriptos al tiem- po de notificar al/la trabajador/a de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional como de la Comisión Médica Central, bajo apercibimiento de nulidad. Los/as trabajadores/as vinculados por relaciones laborales no registradas en los términos previstos en el artículo 28 apartado primero de la Ley Nacional N° 27.348 o la que en el futuro la reemplace y en la medida que aquellos/as y sus empleadores/as se domicilien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán expedita la vía judicial plena. CAPÍTULO II ARBITRAJE Art. 267.- Ofrecimiento de arbitraje. Si fracasaren las gestiones conciliatorias que se intentaren en cualquier estado del juicio el/la Juez/a propondrá a las partes el sometimiento al arbitraje de todas o algunas de las cuestiones objeto del litigio. Art. 268.- Árbitros/as. Solo podrán actuar como árbitros/as, a elección de las partes, el/la Juez/a o el/la Secretario/a del Juzgado en que se trámite la causa, cometido que se considerará inherente a las funciones judiciales que le son propias y que, por lo tanto, no dará lugar al pago de honorario alguno. Art. 269.- Compromiso. Aceptado el procedimiento arbitral y designado/a árbitro/a el/la Juez/a o el/ la Secretario/a, se levantará un acta dejando asentadas tales circunstancias y los siguientes pun- tos: hechos reconocidos, pruebas por rendir y plazo para hacerlo y plazo dentro del cual se deberá laudar. Al suscribirse el acta, quedará firme el compromiso arbitral, del que las partes no podrán retractarse aunque tenga algún defecto formal, siempre que consten claramente los puntos de arbitraje, quién ha de laudar y el plazo para hacerlo. Art. 270.- Caducidad del compromiso. El compromiso caducará automáticamente por vencimiento del plazo. Art. 271.- Procedimiento. El/la árbitro/a actuará como amigable componedor, sin sujeción a formas legales, y se limitará a recibir los antecedentes o pruebas que las partes aporten, a pedirles las ex- plicaciones oportunas y a laudar. Salvo acuerdo expreso de partes en contrario las costas correrán siempre en el orden causado. Art. 272.- Recurso de nulidad. El laudo resolverá con autoridad de cosa juzgada las cuestiones objeto del compromiso. Contra él no se concederá recurso, salvo el de nulidad ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que solo se podrá fundar en el hecho de haberse laudado fuera de tér- mino o sobre puntos no comprometidos. Este recurso se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III, en lo pertinente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 129 ~ CAPÍTULO III DESALOJO Art. 273.- Procedencia juicio de desalojo. Procederá el juicio de desalojo para obtener el lanzamien- to del /la trabajador/a de la vivienda proporcionada como parte integrante de la relación o contrato laboral. A tal efecto, el/la empleador/a deberá acompañar en la demanda bajo pena de inadmisibi- lidad, la documentación que acredite la relación laboral habida y su extinción. Art. 274.-Traslado. Receptada la demanda, se dispondrá un traslado por el plazo de diez (10) días a fin de que el/la demandado/a la conteste, reconozca la documentación acompañada y oponga las excepciones de previo y especial pronunciamiento, bajo apercibimiento de dictar sentencia de desalojo sin más trámite. No se admitirá la reconvención. Art. 275.- Tramitación ante falta de conformidad y excepciones. Si se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiera conformidad entre las partes y/o se opusieren excep- ciones, la causa se sustanciará por el trámite previsto para los incidentes. Art. 276.- Sentencia interlocutoria- El/la Juez/a dictará sentencia interlocutoria en el plazo de quin- ce (15) días. Si ordenare el desalojo, deberá establecer el plazo de desocupación, que no podrá exceder de treinta días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública. La resolución que admita o deniegue el desalojo será apelable. Art. 277.- Lanzamiento. En igual sentido, procederá el lanzamiento durante el juicio ordinario, si de las manifestaciones vertidas por las partes resultare reconocido ese hecho y la extinción o ruptu- ra del contrato. Si se apelare la resolución que lo decrete o lo deniegue, el recurso tramitará por incidente separado. Decreto N° 28/2025 Boletín Oficial N° 7039 - 16/01/2025 – Pág. 28 Link a publicación Buenos Aires, 15 de enero de 2025 En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se promulga la Ley N° 6790 (E.E. N° 48577379/GCABA- DGCCN/2024) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de diciembre de 2024. El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General Coordinación y Conso- lidación Normativa, comuníquese al Ministerio de Justicia y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Macri – Tapia - Sánchez Zinny Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 130 ~