Lanzamiento del Boletín Federal de la República Argentina · Mendoza

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Ley N° 9577 Boletín Oficial N° 32.204 - 03/10/2024 – Pág. 4 Link a publicación EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y Fideicomisos de la Provincia de Mendoza. CAPÍTULO I. Autoridad de Aplicación. Competencia. Funciones. Potestades y Atribuciones. Organización de la Dirección. Criterio Fundamental de Actuación. Resoluciones. Recursos. Actuación de los particula- res ante DPJ. Deberes. Sección Primera: Autoridad de aplicación. Competencia. Funciones. Potestades y Atribuciones. ART. 1 Autoridad de Aplicación. La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provin- cia de Mendoza, en adelante la Dirección, o su sigla: DPJ, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, o del que en el futuro lo sustituya, será la autoridad de aplicación de la presente Ley. ART. 2 Competencia. Es competencia de la Dirección, con el alcance, formas, modalidades y límites que se establecen en las pertinentes leyes nacionales de fondo y en la presente ley, y sin perjuicio de las delegaciones que se dispongan, el ejercicio de todas las funciones administrativas provincia- les, en particular las de contralor, poder de policía y registro público, correspondientes a: a) Las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones constituidas o radicadas, o que se constituyan o radiquen en la Provincia de Mendoza o que, constituidas en otra jurisdicción de la República Ar- gentina, fijen su domicilio o sede, o ejerzan su principal actividad, o establezcan sucursal, agencia o cualquier especie de asiento operativo o funcional de carácter permanente en el territorio de la Provincia de Mendoza. b) Las sociedades constituidas en el extranjero, cuando las actividades, situaciones o actos pre- vistos en los Artículos 118 a 124 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias vigentes (en adelante: “LGS”), o las normas legales que en el futuro las modifiquen o sustituyan, acaezcan o se otorguen en el territorio de la Provincia de Mendoza. Idéntico criterio se aplicará respecto de las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el extranjero, siendo aplicables a ellas las normas sustanciales o de fondo que rigen a tales personas jurídicas privadas. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 213 ~ c) Los contratos asociativos típicos no personificantes (Artículo 1442, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en adelante: “CCyCN”); los contratos de fideico- miso (Artículo 1669 del CCyCN) y todo otro contrato o acto jurídico empresarial, otorgados o que deban ejecutarse total o parcialmente en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, cuya registra- ción pública y/o control, hayan impuesto, o impongan, las leyes nacionales de fondo, a cargo de la autoridad judicial o administrativa de contralor y/o registro de personas jurídicas o de comercio. ART. 3 Funciones particulares. También compete a la DPJ: a) La identificación y rubricación de todos los Libros, sean físicos o digitales, correspondientes a las personas jurídicas, tanto los establecidos por la Ley, como los adoptados voluntariamente, y los correspondientes a las sociedades abarcadas en la Sección Cuarta del Capítulo I de la LGS y a las simples asociaciones (Artículo 187 CCyCN). Deberán adoptarse las medidas y mecanismos idóneos tendientes a evitar la duplicación de libros. En caso de sustracción, pérdida o destrucción del Libro de Registro de Acciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el Parágrafo 4°, de la Sección 4ª, del Capítulo 6°, Título V, del Libro Tercero, CCyCN. El Poder Ejecutivo de la Provincia, deberá adoptar medidas que promuevan la utilización de libros digitales y podrá descentralizar o delegar, total o parcialmente, la presente función de identifica- ción, individualización y rubricación en uno o más colegios profesionales con incumbencia en la materia. b) El conferimiento de autorizaciones para el empleo de medios mecánicos, informáticos o digitales en materia de registración contable, en un todo acorde con lo previsto por la Ley de fondo. c) El otorgamiento a cualquier persona con interés jurídico, de certificados e informes de vigencia, conforme las constancias que surjan de los legajos correspondientes para los casos que esta ley admita. d) La atención y respuesta, conforme a Derecho, de oficios y pedidos de informes inherentes a la competencia y funciones de la Dirección, requeridos por autoridades públicas correspondientes a los Poderes Judicial, Ejecutivo o Legislativo, nacional, federal, provinciales o, en su caso, municipa- les, en lo pertinente al ámbito de sus respectivas competencias. e) Control tendiente a evitar la reiteración de idéntico nombre o designación o razón social en más de una persona jurídica de la misma clase, o tratándose de sociedades del mismo tipo, dentro del ámbito de la Provincia de Mendoza. f) Toda otra función, conferimiento de autorización, inscripción y actuaciones en general, como las previstas en los artículos 320, 323 y 329 del CCyCN; artículos 7° y 12 de la Ley N° 11.867; artículos 67, 102, 223 inc. 2, 236 y 242 de la LGS; la inscripción de interventor-coadministrador o interventor con desplazamiento, que impongan las leyes nacionales de fondo, a cargo de la autoridad pública, tanto administrativa o judicial, de contralor, fiscalización y/o registro público con competencia en materia de personas jurídicas, y que correspondan a la jurisdicción de la Provincia de Mendoza. g) Asesorar al Gobernador de la Provincia y a sus ministros en materia de personas jurídicas pri- vadas, contratos asociativos no personificantes, contratos de fideicomiso y cuestiones de Derecho empresario en general, pudiendo a tal fin formulársele consultas y serle requerido dictámenes e informes jurídicos. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 214 ~ ART. 4 Potestades y atribuciones. La Dirección de Personas Jurídicas, en el ámbito de su compe- tencia, cuenta con todas las atribuciones, potestades y facultades necesarias para cumplir idónea y acabadamente, con las funciones que la legislación de fondo y la presente ley le atribuyen y de plena conformidad al régimen de Derecho Público provincial. En su ejercicio velará siempre por el respeto a la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales de fondo, la Constitución y las Leyes de la Provincia de Mendoza. La Dirección podrá coordinar sus funciones con organismos de la Administración Pública Nacional o de las distintas provincias y municipios del país que tengan a su cargo funciones inherentes, afines o vinculadas a la materia de su competencia. Sección Segunda: Organización de la DPJ. Criterio Fundamental de actuación. Resoluciones. Recursos. ART. 5 Organización. Director. La DPJ está a cargo de un Director que la dirige, representa y es el principal responsable del estricto cumplimiento de la presente Ley. El Director deberá contar con título universitario de abogado, escribano público o contador público, matriculado en la Provincia de Mendoza, con una antiguedad no menor a cinco (5) años al tiempo de su designación en el cargo y acreditados antecedentes en la especialidad que constituye la materia de la competencia de la DPJ. Son atribuciones y deberes del Director: a) Es la máxima autoridad jerárquico administrativa de la Dirección, teniendo a su cargo y respon- sabilidad, la gestión administrativa y del personal de la repartición, como su representación en las relaciones y comunicaciones con el resto de los organismos y reparticiones públicas, nacionales, provinciales y municipales, ejecutivas, legislativas o judiciales, en todo lo atinente a la materia de su competencia. b) Dicta el Reglamento Interno operativo de la Dirección y su Organigrama. c) Adopta todas las decisiones y medidas de orden interno, tendientes al más eficaz, eficiente y transparente funcionamiento de la Dirección, respetando y haciendo respetar todas las normas legales nacionales y provinciales aplicables a su actuación; como así también las normas interna- cionales adoptadas por la República Argentina en materia de transparencia, en especial las Con- venciones Interamericana y de Naciones Unidas, contra la corrupción. d) Es el principal responsable de que la DPJ brinde a los administrados un trato respetuoso y ágil, con plena y cabal atención y respeto de los derechos, garantías y normas protectorias de ellos. e) Dicta, de conformidad a lo establecido por la presente ley y a la Ley N° 9.003 (o la que en el futuro la sustituya), las Resoluciones Generales Reglamentarias y las Resoluciones Particulares de todos los asuntos sometidos a su decisión, que hacen a la competencia de la DPJ. f) Formula, por intermedio del Ministerio del que depende, las solicitudes o requerimientos al Go- bernador de la Provincia, respecto de las atribuciones que esta Ley le reserva, como asimismo y por la misma vía, puede proponer el proyecto de reglamentación de la presente ley. ART. 6 Subdirector. El Subdirector de la DPJ deberá reunir las mismas condiciones que se exigen para el Director. Este cargo deberá concursarse, conforme las normas administrativas vigentes sobre el par- ticular y, en tal concurso, deberá evaluarse, particularmente, la capacitación, conocimientos científicos y experiencia técnica y profesional, que posea en las materias que constituyen la competencia de la DPJ. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 215 ~ El Subdirector reemplaza al Director en todas sus funciones, deberes y atribuciones, en caso de ausencias, licencias, impedimentos o vacancia y ejerce la Jefatura Técnico-Jurídica sobre los ase- sores profesionales de la repartición. ART. 7 Personal y Cuerpo de Asesores Profesionales. Sin perjuicio de los agentes administrativos que el Poder Ejecutivo afecte y designe para el óptimo funcionamiento de la repartición, la DPJ contará con un cuerpo de asesores, conformado por profesionales graduados en materia jurídica o en materia contable-fiscal, todos y cada uno de los cuales, deberán: a) Ser designados por concurso, de acuerdo a las normas administrativas vigentes sobre la ma- teria, debiendo tenerse especialmente en cuenta a tal fin, sus antecedentes profesionales y sus conocimientos sobre las materias que constituyen la competencia de la repartición. b) En el ejercicio de su función de asesoría, deberán: 1) Limitarse a la materia propia de sus respectivos títulos profesionales, quedándoles absoluta- mente vedado emitir dictámenes o tomar injerencia alguna en aspectos o asuntos ajenos a sus respectivas incumbencias profesionales. 2) Respetar los criterios técnico-jurídicos establecidos mediante las Resoluciones Generales de la DPJ, y los precedentes administrativos de la Dirección, sin perjuicio de, en su caso, dejar sentada su opinión técnico profesional en contrario, debidamente fundada. ART. 8 Deberes, prohibiciones e incompatibilidades. Rigen para el Director, Subdirector, integran- tes del Cuerpo de Asesores o cualquier otro agente de la repartición, bajo pena de sanción, lo siguiente: a) En general los deberes, prohibiciones e incompatibilidades establecidos por el Estatuto del Empleado Público. Deberán guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva, estándoles prohibido revelarlos, salvo a sus superiores jerárquicos, bajo pena de cesantía. Este deber subsistirá aun después de cesar en sus funciones y su violación dará lugar a las res- ponsabilidades civiles y/o penales correspondientes. b) En particular, les está absolutamente prohibido desempeñar cargos orgánicos, ejercer por sí o por interpósita persona, asesoría, defensa, representación o cualquier otro tipo de intervención o prestación de servicio profesional inherente o vinculado a cualquier persona jurídica, contratos y demás actos jurídicos que se encuentren bajo la competencia de la DPJ, ni respecto de sus so- cios, asociados, miembros y/o funcionarios orgánicos de las mismas, sea que impliquen conflictos societarios, asociativos, fundacionales o que afecten a la validez o normal funcionamiento de los actos y contratos. ART. 9 Criterio Fundamental de actuación. El Director, Subdirector, asesores y cualquier otro fun- cionario, agente y demás personal afectado a la DPJ, deben cumplir durante su actuación con los siguientes criterios: a) Desarrollarán las respectivas funciones y labores a su cargo y ejercerán las correspondientes potestades y facultades en un todo acorde a la presente ley y a las normas pertinentes del Dere- cho Administrativo provincial. A tal fin deberán tener siempre en miras, además de la letra, los fines e intereses jurídicos, públicos y privados, protegidos por las respectivas leyes nacionales de fondo que imponen las funciones de contralor, fiscalización y registro que constituyen la competencia de esta Dirección. b) Salvo las excepciones establecidas en la presente ley para las asociaciones civiles y fundaciones, no injerirán en el funcionamiento orgánico ni en la operatividad externa institucional o, en su caso, empresarial, de las personas jurídicas privadas sujetas a su competencia. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 216 ~ c) Es responsabilidad del Director y Subdirector de la DPJ custodiar fielmente, respetar y hacer res- petar al cuerpo de asesores y demás personal de la repartición, los principios del Estado de Dere- cho, la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales pertinentes y la Constitución Provincial. Deberán proteger muy especialmente en su actuación, los principios de la división de los poderes, legalidad, libertad, razonabilidad, no arbitrariedad, respeto por la autonomía privada y de no inje- rencia, en estricto apego a la alta norma contenida en el Artículo 19 de la Constitución Nacional. d) Procurarán brindar la máxima celeridad posible a todo trámite o actuación, evitando dilaciones infundadas o innecesarias. ART. 10 Resoluciones Generales. Son requisitos de las Resoluciones Generales: a) En el dictado de Resoluciones Generales, deberá respetarse rigurosamente el criterio funda- mental de actuación establecido en el artículo 9° de la presente ley. En ningún caso, bajo pretexto reglamentario, interpretativo, o cualquier otro, podrán tales resoluciones, contravenir, alterar, crear o imponer requisitos o exigencias que no estén expresamente establecidas en las respectivas leyes nacionales de fondo. b) Toda Resolución General de la DPJ debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia por un (1) día y comenzará a regir el día que ella misma indique o, en su defecto, a partir de los ocho (8) días siguientes al de su publicación oficial. c) La DPJ formará un Digesto que contenga, ordenadas por materia y cronológicamente, todas las resoluciones generales que se encuentren vigentes, y deberá publicarlo actualizado: en el Boletín Oficial, por un día, cada cuatro años y de manera permanente en el sitio web oficial de la reparti- ción. ART. 11 Resoluciones Particulares. Toda resolución particular que se dicte en ejercicio de las fun- ciones reguladas en esta Ley, además de cumplir con los requisitos y exigencias de forma y de fondo que impone para los actos administrativos la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo, deberá atender al criterio fundamental de actuación prevista en el artículo 9° de esta ley. Si fuera denegatoria de lo pretendido por el presentante, deberán emitirse con suficiente y razonable fun- damentación. ART. 12 Recursos. Los recursos que correspondan contra resoluciones adoptadas por la DPJ, res- pecto de las personas jurídicas, se regirán por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provin- cia de Mendoza, salvo en materia de sociedades, contratos asociativos y contratos de fideicomiso, a los que le son aplicables los artículos 306, 307, 15 y 169 de la Ley General de Sociedades y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza. Sección Tercera: Actuación de los particulares ante la DPJ. Comunicación de conflictos judicializados. ART. 13 Regla General de Actuación de los particulares ante la DPJ. Toda actuación de los par- ticulares o de profesionales ante la DPJ, deberá realizarse respetando los principios de lealtad, probidad y buena fe, expresando a la repartición los hechos verdaderos y absteniéndose de comportamientos dilatorios y maliciosos. El Director de la DPJ, podrá ordenar lo necesario para evitar el ejercicio abusivo de derechos, el fraude procedimental, la temeridad o la malicia. En caso de incumplimiento de estas reglas, por parte de cualquier profesional, el Director podrá comunicarlo, con las constancias del caso, al correspondiente Colegio profesional u organismo que tenga a su cargo la matrícula o inscripción, a fin de que adopte la medida disciplinaria que corresponda por Derecho, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad a la presente ley. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 217 ~ ART. 14 Comunicación de conflictos judicializados. Es deber de toda persona jurídica bajo la com- petencia de la DPJ, así como de sus funcionarios orgánicos, socios, asociados o componentes que hayan tomado conocimiento, informar de inmediato a esta repartición, la judicialización de cualquier conflicto interno, es decir: conflictos entre socios o asociados (o que se reputen tales); o entre cual- quiera de ellos y/o la persona jurídica de que se trate y/o con sus funcionarios orgánicos o cualquier otro que se vincule, directa o indirectamente, con asuntos que se encuentren tramitando ante la Dirección, o que sean o estén ligados a materias de su competencia, como así también, la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada que recaiga en él o los procesos judiciales en cuestión. En tales casos, toda actuación, inspección, investigación o procedimiento administrativo a cargo de la Dirección, respecto de la persona jurídica en cuestión, quedará inmediatamente suspendido, hasta la culminación del proceso judicial pertinente. Mientras persista la suspensión, la Dirección sólo recepcionará pedidos administrativos y dictará resoluciones administrativas respecto de la persona jurídica involucrada, que sean de mero trámite ordinario y que de ningún modo puedan afectar al proceso judicial en curso o implicar resoluciones contradictorias. CAPÍTULO II. De las Sociedades. Sección Primera. Aspectos Generales. ART. 15 Funciones en materia societaria. En materia societaria, la DPJ tiene a su cargo las siguien- tes funciones: a) Fiscalización de funcionamiento societario. b) Sancionatoria. c) Control legal societario. d) Control fiscal de los actos jurídicos societarios sujetos a control legal. e) Función Registral, Publicitaria y de Rubricación de Libros. ART. 16 Principio de no injerencia en conflictos de intereses de competencia judicial. En ningún caso será competencia de la DPJ tomar injerencia alguna en cualquier conflicto de intereses de naturaleza societaria, sea entre socios y/o entre cualquiera de ellos y la sociedad y/o cualquiera de sus funciona- rios orgánicos, quedando dicha materia absoluta y exclusivamente reservada a los jueces competen- tes. La desatención de esta regla fundamental de competencia por cualquier funcionario de la DPJ, implicará grave extralimitación y abuso de las funciones a su cargo, con las consecuencias legales del caso. Sección Segunda. Función de Fiscalización de funcionamiento societario y Función Sancionatoria. ART. 17 Fiscalización de funcionamiento societario. Aspectos Generales. La función de Fiscalización de funcionamiento societario, permanente o no, atañe estricta y exclusivamente a la operatividad o actividad orgánico-societaria en los casos y con la extensión y límites que establece la Ley de fondo y la presente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 218 ~ En ningún caso esta función de Fiscalización de funcionamiento societario podrá: a) Extenderse a la actividad empresarial, comercial, económica o financiera de las sociedades, las cuales atañen exclusivamente a las Reparticiones u Organismos administrativos, nacionales, provinciales o municipales, específicamente competentes, de conformidad a las respectivas leyes sobre las distintas actividades empresariales. Sin perjuicio de ello, si la DPJ, en ejercicio o con motivo de su función de fiscalización de funcionamiento societario, tomara conocimiento de actua- ciones empresariales contrarias a la Ley, deberá, por medio del Director, formular la comunicación o denuncia sobre el particular, a la autoridad administrativa competente. b) Afectar, interrumpir, condicionar o, de cualquier manera, obstaculizar la tramitación de cualquier petición de inscripción registral. Queda absolutamente prohibido a la DPJ dictar, en materia societaria, aunque sea “al solo efecto administrativo”, resoluciones de “ineficacia”, “invalidez”, “nulidad” o cualquier otro tipo de resolu- ciones semejantes, respecto de cualquier acto jurídico orgánico o societario. Todo planteo, petición o pretensión que se formule ante la DPJ, sobre invalidez, ineficacias, nulidades o semejantes, de actos societarios orgánicos o externos, deberá rechazarse por carencia de competencia, sin per- juicio de que, en caso de irregularidades ostensibles y de extrema gravedad, pueda el Director, mediante resolución fundada, solicitar al Poder Ejecutivo que requiera judicialmente las medidas previstas por el Artículo 303 de la LGS. ART. 18 Ejercicio de la fiscalización de funcionamiento societario. La DPJ ejercerá la función de Fiscalización de funcionamiento societario, conforme se dispone en los incisos siguientes: Respecto de las sociedades abarcadas por el Artículo 299 de la LGS o el que en el futuro lo susti- tuya, lo hará en el modo que en tal disposición se establece, conforme a las siguientes pautas de actuación: 1- Toda sociedad que se encuentre comprendida por la citada norma legal, sea ab initio, sea en el devenir de su existencia, debe, a través de sus representantes orgánicos o funcionarios del órgano de control, denunciar a la DPJ tal situación y, en su caso, realizar todos los actos societarios inter- nos y las modificaciones estatutarias pertinentes, acorde a las normas imperativas establecidas para esta categoría de sociedades, todo ello bajo apercibimiento de la responsabilidad prevista por el Artículo 305 de la LGS y de la aplicación de sanciones contempladas por el Artículo 302 de la LGS. La subsunción en la categoría de sociedades sujetas a fiscalización estatal permanente en razón de la actividad, solo operará cuando la misma sea desarrollada actual y efectivamente, no bastando para tal subsunción, la mera mención en abstracto en el objeto social establecido en el estatuto o contrato social. 2- La DPJ deberá contar con una base de datos digitalizada, de la que, siguiendo un orden alfabé- tico por denominación social, resulten todas las sociedades subsumidas en esta categoría. b) Respecto del resto de las sociedades, lo hará única y exclusivamente en los supuestos permi- tidos por el Artículo 301 de la LGS. En cuanto a lo dispuesto por el inciso 2 de dicha disposición legal, se entiende que afectan al “interés público”, sólo aquellos actos o actuaciones estrictamente societarias que atenten ostensiblemente contra leyes de orden público y estén provocando o sean susceptibles de provocar un daño grave e irreparable. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 219 ~ ART. 19 Concreción y Límites del ejercicio de la función de Fiscalización Externa o de funcionamien- to societario. El ejercicio de la función de Fiscalización de funcionamiento, en cualquiera de sus dos modalidades, deberá concretarse con suma prudencia, evitando toda injerencia en el desarrollo empresarial de la sociedad de que se trate y previa resolución particular, debidamente fundada en Derecho y en los hechos o situación particular que la justifique, aún en el supuesto del inc. a) del artículo anterior. En dicha resolución particular, deberá especificarse el alcance y extensión de las actuaciones ordenadas, como de las específicas instrucciones y facultades que se confieran a los funcionarios o inspectores designados a tal efecto. ART. 20 Consecuencias de anomalías orgánico-societarias. Constatada cualquier anomalía en el funcionamiento u operatividad orgánico-societaria de la sociedad bajo fiscalización, la DPJ, según la magnitud y gravedad de la misma, podrá: a) Aplicar la sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto sobre el particular en la presente Ley; y/o b) Solicitar, por la vía que corresponda, al juez competente, la medida que, de acuerdo a cada caso particular sea procedente, de plena conformidad a lo establecido por el Artículo 303 de la LGS y siempre y cuando los particulares perjudicados hayan incoado las acciones o denuncias judiciales correspondientes, o se encuentren absolutamente imposibilitados de hacerlo. ART. 21 Prohibición absoluta de intervención administrativa a sociedades. Petición judicial de me- didas de prevención o cesación de daños. En ningún caso, ni por ninguna razón o causa, la DPJ, ni el Poder Ejecutivo Provincial, podrán disponer intervenciones administrativas, bajo ninguna mo- dalidad ni intensidad, respecto de ninguna sociedad, se hallen las mismas, in bonis, concursadas o quebradas. Sin perjuicio de ello, ante situaciones extremas de peligro manifiesto e inminente, de causación de grave daño, el Director de la DPJ, debe solicitar al Poder Ejecutivo que, por la vía y formas que correspondan, peticione al Juez competente, con la mayor celeridad posible, la adop- ción de cualquiera de las medidas previstas por el Artículo 303 de la LGS, o cualquier otra medida judicial preventiva y/o de cese de causación de daños. ART. 22 Función sancionatoria. En el estricto marco de su órbita de competencia y sin injerir en modo alguno en conflictos de intereses particulares, la DPJ podrá imponer las sanciones previstas por el Artículo 302 de la LGS a cualquier sociedad, sus directores y/o síndicos o consejeros de vi- gilancia, cuando incurran en violación a la Ley de fondo, o a la presente ley, o de sus respectivos estatutos o reglamentos, conforme a las siguientes disposiciones: a) En cualquier caso, la aplicación de sanciones requiere, ineludiblemente, la previa sustanciación de un procedimiento sumarial administrativo que contemple las pautas sustanciales del debido proceso y asegure la garantía constitucional de la defensa de las personas humanas y/o jurídicas susceptibles de ser sancionadas. A tal efecto, la DPJ debe dictar la pertinente Resolución General, que regule y reglamente tal procedimiento sumarial, sin cuya implementación, no podrá imponerse sanción alguna. b) En caso de que el procedimiento sancionatorio sea iniciado por denuncia de particular con inte- rés legítimo, éste, como requisito esencial de admisibilidad, debe acreditar que ha iniciado la acción o denuncia judicial civil y/o penal, pertinentes, y, a fin de evitar superposiciones perjudiciales de autoridades intervinientes, fundar debida y acabadamente la necesidad y finalidad de actuación de la DPJ, en el caso particular; caso contrario, la denuncia será rechazada. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 220 ~ c) Las sanciones se graduarán según la gravedad del hecho, la reincidencia en la comisión de in- fracciones y, en su caso, el patrimonio de la persona jurídica en cuestión. Cuando la misma falta sea de responsabilidad tanto de la sociedad, como de sus funcionarios or- gánicos, la sanción que corresponda aplicar, podrá imponerse solidariamente a la sociedad y a los funcionarios orgánicos, independientemente de la sanción que a ellos corresponda personalmente. d) Aplicada una sanción por la DPJ, los funcionarios del órgano de administración de la sociedad de que se trate, deberán poner en conocimiento de ello a todos los socios y, en su caso, a los demás funcionarios orgánicos de la entidad, en la primera reunión del órgano de gobierno que se celebre con posterioridad; en cuya pertinente acta deberá transcribirse el texto completo de la resolución que impuso la sanción. ART. 23 Pago, percepción e incumplimiento de multas. El importe de las multas ingresará a Rentas generales de la Provincia y el pago de las mismas deberá hacerse efectivo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que se notifique a los infractores sancionados la resolución firme respectiva. Los sujetos sancionados deberán acreditar el pago de la multa por ante la DPJ, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento establecido en el párrafo anterior. Vencido tal término, la DPJ comunicará tal incumplimiento a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), a fin de que ésta adopte las medidas y, en su caso, ejerza las acciones de cobro que correspondan; pero, salvo para el trámite específico en cuyo decurso se haya impuesto la sanción, en ningún otro caso podrá paralizarse tramitación alguna ante la DPJ, fundados en tal incumplimiento. A los fines de la ejecución por vía de apremio, constituye título ejecutivo suficiente, el testimonio de la resolución sancionatoria firmada por el Director de Personas Jurídicas. Sección Tercera. Funciones de Control Legal societario y Control fiscal de los actos jurídicos societarios sujetos a control legal. Primera Parte: Control Legal societario. Aspectos Generales. ART. 24 Función de Control Legal. La Función de Control Legal o de Legalidad, corresponde a todos los casos en que expresamente lo imponga la pertinente Ley nacional de fondo, tanto para los actos instrumentados con vocación registral, como para los que carezcan de ella, como las variaciones de capital que no implican modificación estatutaria, y estrictamente consiste en la verificación de: a) La adecuación del contenido de los instrumentos privados (Artículo 287 CCyCN) o públicos (Ar- tículo 289 CCyCN) cuya inscripción registral o control legal se peticiona, a las normas imperativas de Derecho Societario y de Derecho Privado en general; y b) El cumplimiento de la forma exigida por la Ley, para el acto de que se trate. Todo lo dispuesto sobre Control de Legalidad para las sociedades, es de plena aplicación a todos los actos y contratos registrables, con las razonables adecuaciones que corresponda en cada supuesto. ART. 25 Modalidades de ejercicio del Control de Legalidad. El Control de Legalidad, se ejercerá, a op- ción de los particulares interesados que inicien el trámite, por alguna de las siguientes modalidades: a) Respecto de la inmatriculación del acto constitutivo: 1) Control Legal Preestablecido, mediante la utilización literal de los modelos predispuestos por Resolución General de la DPJ; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 221 ~ 2) Control Legal mediante calificación dictaminada por y bajo la responsabilidad de abogado, con- tador público o escribano público, matriculados en la Provincia de Mendoza. El Poder Ejecutivo, en la reglamentación a la presente Ley, podrá exigir, además, la acreditación de antecedentes académicos o la titulación en cursos de posgrado en materia societaria o empresarial, para el legal ejercicio de la función de precalificación societaria establecida en la presente ley. 3) Control Legal a cargo de la DPJ, mediante el análisis y dictamen de los asesores del Cuerpo de profesionales de la DPJ. b) Respecto de las modificaciones al acto constitutivo, reorganizaciones societarias, y todo otro acto societario registrable o sometido, según las leyes de fondo a control de legalidad, sólo proce- derán las vías previstas en los subincisos 2) y 3) del inciso anterior, a decisión de los particulares que inicien el trámite. Idéntico criterio se aplicará para los demás actos y contratos no personifi- cantes competencia de la DPJ. ART. 26 Autenticidad de los instrumentos. Todo instrumento que se presente ante la DPJ o ante el Registro Público correspondiente, sea en soporte papel o en soporte digital, para su registración pública, deberá ser, de manera indubitable, de carácter auténtico. Respecto de las Actas asentadas en Libros en soporte papel o en Registros digitales, se reputará auténtica su copia, en papel o digital, cuando su literalmente perfecta correspondencia a la obran- te en el Libro pertinente, se encuentre debidamente certificada. No se dará trámite a ninguna pretensión registral o de contralor legal, cuyo instrumento a controlar y/o registrar carezca de autenticidad. Segunda Parte: Control Legal Preestablecido, mediante la utilización literal de los modelos predispuestos, aproba- dos por la DPJ. ART. 27 Control Legal Preestablecido, mediante la utilización literal de los modelos predispuestos, aprobados por la DPJ. Registración. Si los otorgantes del acto constitutivo de la sociedad adop- taren, como contenido de dicho acto, el texto del modelo oficial (DPJ) correspondiente al tipo societario que hayan escogido, una vez efectuada la presentación por el sujeto interesado, con el modelo completa y correctamente llenado, el Director resolverá su inmediata registración y pasará al Registro para tal fin. Hasta tanto los modelos oficiales, correspondientes a cada uno de todos los tipos sociales, se en- cuentren completamente digitalizados, el procedimiento hasta la registración, será reglamentado por Resolución General de la DPJ. ART. 28 Aprobación y Perfeccionamiento de modelos de actos constitutivos de los diferentes tipos societarios. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Director de la DPJ deberá dictar una o más Resoluciones Generales por las que apruebe al menos un (1) modelo preestablecido de acto constitutivo para cada uno de los tipos societarios previstos por la legislación de fondo. Tercera Parte: Control Legal mediante calificación dictaminada por y bajo la responsabilidad de Profesional habilitado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 222 ~ ART. 29 Calificación dictaminada por y bajo la responsabilidad de Profesional habilitado. Conteni- do. Quienes opten por cumplimentar el control legal mediante calificación dictaminada por y bajo la responsabilidad de profesional habilitado, deberán, en la pertinente presentación ante la DPJ, indicarlo expresamente y acompañar junto a los instrumentos y documentación correspondiente, el pertinente Dictamen Profesional en documento auténtico, que deberá contener: a) En oportunidad de la inmatriculación: 1) Que el acto constitutivo de la sociedad de que se trate, debidamente identificado: 1.1) No desatiende ninguna norma imperativa que le resulte aplicable; 1.2) Cumple con la forma impuesta por la Ley; 1.3) Cuenta y cumplimenta con la totalidad de los requisitos esenciales del tipo correspondiente y de los requisitos esenciales no tipificantes; y 1.4) No contiene estipulaciones nulas ni elementos incompatibles con, o prohibidos para, el tipo escogido; 2) Se le ha exhibido el comprobante del correspondiente depósito bancario o acta notarial relativo a los aportes en dinero, y/o, en su caso, el inventario y valuación de los aportes en especie, firma- do por contador público. La presente disposición se aplica igualmente a los casos de aumento de capital; 3) Una mención explicativa, debidamente fundada en Derecho, de cada una de las disposiciones del acto constitutivo de la sociedad, que se aparten sustancialmente de lo establecido en el modelo oficial correspondiente, o que agregue u omita aspectos o elementos previstos en tal modelo. Si el apartamiento es meramente de redacción o no sustancial, bastará con una breve mención que así lo indique. 4) Haber cumplimentado con todas las exigencias y requisitos establecidos por la normativa emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) o la que en adelante la sustituya u otras entidades públicas; efectuando en el tenor del mismo dictamen, todas las declaraciones y manifestaciones impuestas por dicha normativa. b) En oportunidad de cualquier modificación al acto constitutivo, reorganizaciones societarias, cualquier otra pretensión de registración o trámite sometido a control legal societario o de otros actos y contratos registrables: 1) Que el acto de que se trata, como el instrumento en que se ha formalizado, debidamente iden- tificados, se adecuan a las exigencias legales imperativas que le son aplicables y; 2) Una reseña ordenada, titulada, clara y completa de los antecedentes, aspectos fácticos, razones que explican y motivan el otorgamiento del acto en cuestión y un breve análisis jurídico debida- mente fundado, de los distintos aspectos relevantes del acto o contrato de que se trate. c) Todo Dictamen Profesional deberá contener, además: 1) Expresa mención de que él o los profesionales calificadores se responsabilizan profesionalmente por la real adecuación de su Dictamen al acto o actos instrumentados de que se trate y por la corrección de los aspectos y elementos societarios dictaminados; asumiendo la responsabilidad patrimonial, además de cualquier otra que pudiera corresponder, por los daños que pudieran pro- ducirse a causa de falsedades o inexactitudes dolosas, errores graves y notorio desconocimiento de la materia societaria o contractual, en que pudieran haber incurrido en sus dictámenes; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 223 ~ 2) La firma autenticada del profesional actuante. El correspondiente Dictamen Profesional, se enlegajará digitalmente, a continuación del instrumen- to dictaminado. ART. 30 Trámite hasta la registración. En todos los casos de control legal por Dictamen Profesional, ingresado el mismo junto al comprobante de pago de la tasa de registración, la DPJ se limitará estrictamente a constatar el cumplimiento formal del contenido mínimo con que tal dictamen debe contar, según lo dispuesto en la presente ley. En ningún caso se controlará la sustancia de conte- nido de dichos Dictámenes, la cual queda a exclusiva responsabilidad del profesional emisor del Dictamen. Efectuada tal corroboración formal, de inmediato se ordenará la registración del acto constitutivo, modificatorio o disolutorio de sociedad o del contrato o acto de que se trate, y se expedirá el per- tinente Certificado Digital de Registración. Cuarta Parte. Control Legal mediante el análisis y dictamen de los asesores del cuerpo de profesionales de la DPJ. ART. 31 Control Legal Administrativo. Reglas y Procedimiento. Los profesionales del cuerpo de asesores de la DPJ deberán ejercer el control legal administrativo respetando las siguientes reglas: a) El control de legalidad debe atenerse exclusivamente a la corroboración de que el instrumento sujeto a control, respeta las normas imperativas establecidas por la Ley de fondo. No tiene por ob- jeto la oficiosa protección de los otorgantes del acto bajo control, sean minoritarios o mayoritarios; materia ésta absolutamente reservada a los jueces competentes a instancia de parte interesada. b) En el ejercicio de esta función, además de acatar estrictamente al criterio fundamental de ac- tuación, impuesto imperativamente por esta ley, deberá, especialmente, respetarse y custodiarse los principios de libertad y autonomía de la voluntad, con la extensión y los límites impuestos por el Artículo 19 de la Constitución Nacional. c) El control legal administrativo se ejercerá exclusivamente sobre los instrumentos auténticos presentados por los particulares para su registración y/o control, y no sobre el acto en sí, ni sus antecedentes, actos preparatorios y realidad de su otorgamiento, salvo que, la inexistencia o inva- lidez de tales actos en sí, surja directa y ostensiblemente del tenor explícito de tales instrumentos. d) Aquellos actos o resoluciones societarias no sujetas a control legal y/o carentes de vocación registral, aun cuando se hayan formalizado en la misma acta o instrumento donde obren actos o resoluciones sujetas a tal control o con dicha vocación; quedan absolutamente exentos de la fun- ción de control legal. e) Observaciones. Todas las observaciones deberán efectuarse de una sola vez, en el dictamen que emita el asesor de la DPJ a cargo, quedando terminantemente prohibidas las observaciones sucesivas o en cascada por el mismo o diferentes asesores. De advertirse con posterioridad al dictamen otras anomalías merecedoras de observaciones, las mismas sólo podrán agregarse me- diante resolución del Director, adoptando las medidas correspondientes al asesor responsable. f) Cada observación deberá consignarse claramente, con expresa indicación de la norma impera- tiva afectada y el fundamento razonable de la objeción, de modo que le permita al particular peti- cionante, el debido ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de insistir fundadamente en el texto propuesto, caso en el cual, el asunto pasará directamente a Dirección, quien deberá dictar resolución particular, admitiendo o denegando la petición del particular presentante, resolución que será recurrible, conforme lo establecido en la presente ley. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 224 ~ g) En caso de no mediar observaciones o de haber sido subsanadas o levantadas las mismas, el trámite pasará a Dirección para resolución y registración. Quinta Parte. Función de control fiscal de los actos jurídicos societarios sujetos a control legal. ART. 32 Función de control fiscal de los actos jurídicos societarios sujetos a control legal. La DPJ, a través del área contable-fiscal del cuerpo de asesores, ejercerá la función de control fiscal, en los casos, alcance y limitaciones establecidos por la Ley de fondo y la presente ley. El control fiscal a cargo de la DPJ corresponde estrictamente a: a) La comprobación del previo pago de la o las tasas retributivas de los servicios de tramitaciones, emisión de certificados, registración y/o cualquier otro servicio que sea requerido en cada presen- tación o tramitación ante ella. b) La comprobación del pago de las aportaciones o contribuciones correspondientes a: 1) Las respectivas Cajas de Jubilaciones y Pensiones; y 2) Colegio o Consejo Profesional correspondiente, en los casos en que se haya optado o corres- ponda la modalidad de control legal mediante Dictamen Profesional de Precalificación. c) La comprobación del pago del impuesto de sellos correspondiente a los instrumentos gravados que constituyan la forma o prueba del acto instrumentado objeto de registración, sin que el con- trol fiscal de dicho tributo pueda extenderse a otros instrumentos en que se formalicen actos que, aun siendo antecedentes, presupuestos, preparatorios, previos o conexos, no sean objeto directo de registración, cuya tributación, de corresponder, queda sujeta al control de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM). Sección Cuarta. Otras funciones en materia societaria. ART. 33 Cumplimiento del Artículo 67°, 2do. párrafo de la LGS. Las sociedades abarcadas por el deber legal contemplado por el Artículo 67°, segundo párrafo de la LGS, cumplirán con el mismo mediante la forma que a tal fin determine la reglamentación a dictar por la DPJ. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 331, primer párrafo CCyCN, compete a la DPJ sobre la materia, exclusivamente la función de controlar el cumplimiento de la remisión de los ejemplares per- tinentes por las sociedades sujetas a dicha carga y el depósito y custodia de los ejemplares remitidos, por el plazo de diez (10) años a contar de la fecha de su recepción (Artículo 328 CCyC); quedándole absolutamente vedado ejercer funciones de fiscalización, inspección, vigilancia, control, o emisión de opiniones técnicas ni de fondo sobre el contenido y forma de exposición de los estados contables. Queda absolutamente prohibido a la DPJ la divulgación, comunicación y exhibición total o parcial de los ejemplares de estados contables remitidos por las sociedades obligadas, salvo: a) Cuando lo solicite cualquier socio o miembro del órgano de administración de la sociedad de que se trate, y acredite su calidad de tal, al tiempo del requerimiento y; b) Cuando medie expresa y precisa orden judicial de exhibición, con el alcance y extensión que establezca la misma. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 225 ~ ART. 34 Registración de transmisión de cuotas sociales y partes de interés. Variaciones de capital. Cuando se peticione la registración de la transmisión dominial inter vivos o mortis causa de cuotas de sociedades de responsabilidad limitada o de partes de interés o participaciones societarias de tipos personalistas, la sociedad correspondiente deberá presentar, para su incorporación al legajo, además de los requisitos pertinentes exigidos por las Leyes de fondo y la presente Ley, instrumen- to auténtico firmado por el representante orgánico, donde conste una nómina vigente y completa de todos sus socios, con expresa indicación del porcentual participativo de cada uno de ellos y, en su caso, los votos parapolíticos que tales participaciones confieren. Idéntica exigencia regirá en cualquier caso de variación de capital social, para los tipos indicados precedentemente. ART. 35 Convocatoria a asambleas o reuniones de socios por parte de DPJ. La Dirección podrá re- solver la convocatoria a asambleas cuando así se lo soliciten accionistas o socios, de conformidad a lo normado por el Artículo 236 de la LGS. A tal fin: a) En el pedido de convocatoria administrativa deberá acompañarse constancia fehaciente de la previa y correcta solicitud de convocatoria a los órganos sociales competentes. b) La DPJ conferirá una vista por tres (3) días a la sociedad de que se trate, a fin de que ésta ma- nifieste las razones por las cuales ha denegado la convocatoria solicitada. Vencido dicho plazo sin que la sociedad haya dado razón de su negativa o, en su caso, brindadas tales razones, pero no siendo fáctica o jurídicamente procedentes, a criterio de la DPJ, ésta procederá a dictar Resolución Particular ordenando la correspondiente convocatoria. c) La comunicación de la convocatoria ordenada por la DPJ, deberá ser realizada por el peticionan- te a su costa. Cualquier gasto que demande la concreción de la convocatoria y la realización de la misma, deberán ser afrontados por el peticionante, sin perjuicio de las repeticiones que puedan corresponder, contra la sociedad o sus administradores. d) La sociedad deberá poner a disposición de la DPJ el Libro de Actas, así como los de Asistencia y de Registro de Acciones y cualquier otro libro y documentación necesarios, en relación a los temas del orden del día correspondientes. e) El acto orgánico en cuestión: 1) Será presidido y dirigido por el agente público que, a tal fin, designe la Dirección, 2) Podrá concretarse en la sede social o en recinto de la administración pública que establezca la autoridad convocante, según las circunstancias, o celebrarse a través de la utilización de medios electrónicos. 3) En caso de ser necesario, podrá solicitarse el auxilio de la fuerza pública. f) El funcionario público interviniente deberá labrar el acta correspondiente, de plena conformidad a lo establecido por el artículo 249 de la LGS, la cual deberá ser firmada por dicho funcionario y por los socios designados al efecto. Copia auténtica de la misma podrá ser requerida a su costa, por el socio peticionante o cualquier socio o funcionario orgánico que haya asistido al acto. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 226 ~ CAPÍTULO III. De las Asociaciones Civiles y Fundaciones. Sección Primera. Asociaciones Civiles y Fundaciones. Competencia de la DPJ. Ley aplicable. Control Legal. ART. 36 Asociaciones Civiles y Fundaciones. Competencia. Respecto de las asociaciones civiles y de las fundaciones, la DPJ ejercerá todas y cada una de las funciones que los Artículos 174, 195 y 221 a 224 del CCyCN, respectivamente, le asignan a la autoridad estatal o autoridad de contralor o autoridad competente. ART. 37 Ley aplicable. En todo lo que no esté expresamente previsto en este Capítulo, se aplicará lo dispuesto en esta Ley para las sociedades, especialmente en lo relativo a los modelos predis- puestos, salvo lo correspondiente al control legal por profesionales habilitados, que no es aplicable para estas personas jurídicas. ART. 38 Control Legal. El control legal, en todos los casos, se efectuará por la DPJ mediante el cuerpo de asesores legales y contables, y mediante un procedimiento ágil y transparente que de- berá ser reglamentado por la Dirección atendiendo rigurosamente a lo establecido por los Artículos 9°, 10 y 11 de la presente Ley. Sección Segunda. Denuncias. ART. 39 Denuncias. La Dirección recepcionará, sustanciará y resolverá las denuncias que, en el ám- bito de las asociaciones civiles y fundaciones, efectúen los sujetos legitimados a tal fin, conforme se establece a continuación: a) Las denuncias podrán efectuarlas los asociados, miembros o integrantes de sus órganos, bene- ficiarios y/o terceros con interés simple, siempre que recaigan sobre graves irregularidades presun- tamente ilícitas que acaezcan en el ámbito de tales personas jurídicas privadas. b) La denuncia deberá contener, so pena de desestimación: 1) Los datos identificatorios del denunciante y la calidad o interés jurídico que ostenta a tal fin; 2) Un claro, completo y concreto relato de la situación denunciada; 3) El material probatorio pertinente y suficiente para conferir verosimilitud a la denuncia y 4) La pretensión concreta del denunciante. c) Cuando lo peticionado o pretendido por el denunciante exceda la órbita de competencia y fun- ciones de la Dirección, la misma será desestimada con el fundamento del caso, sin perjuicio de que, si la situación denunciada es grave y verosímil, el Director podrá adoptar las medidas que correspondan en Derecho dentro de su competencia y/o, en su caso, formular las denuncias admi- nistrativas o judiciales que correspondieran. d) La resolución de todo conflicto de intereses entre asociados, o entre ellos y la asociación o respecto de funcionarios orgánicos de la asociación o fundación; es absolutamente ajena a la com- petencia de la Dirección, correspondiendo la misma al Juez competente en la materia. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 227 ~ Sección Tercera. Función de Fiscalización e Inspección en materia de Asociaciones Civiles y Fundaciones. ART. 40 Inspecciones e investigaciones. Examen de Libros y documentación. Requerimiento de Información y datos. Es atribución de la Dirección realizar inspecciones e investigaciones respecto de las asociaciones civiles y fundaciones bajo su competencia y, en el marco de las mismas, re- querir información, suministro de datos, pedidos de informe y explicaciones por escrito, exhibición y presentación de libros contables, orgánicos, tributarios, laborales y todo otro cuanto lleve o deba llevar la entidad privada, como asimismo toda otra documentación en soporte físico, digital o electrónico. En tal sentido, dichas entidades deberán permitir el acceso a sus respectivas sedes, sucursales y cualquier otro asiento, al funcionario de la Repartición que haya sido designado al efecto, que se presente y se acredite debidamente. Las personas jurídicas en cuestión tienen el deber de prestar la máxima cooperación al funcionario designado al efecto, debiendo cumplimen- tar con lo que éste les requiera dentro del ámbito de su competencia y atribuciones. Por razones de seguridad, podrá intervenir los libros inspeccionados, cerrándolos luego de su último asiento, bajo la firma del funcionario interviniente. ART. 41 Negativa, obstaculización u obstrucción al ejercicio de la función fiscalizadora y de ins- pección. Sanciones. Intervención. La negativa, obstaculización u obstrucción de cualquier índole en que incurra cualquier asociación civil o fundación, para con la DPJ en ejercicio de la función de fiscalización e inspección, habilitará la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley, tanto a la persona jurídica privada de que se trate, como, en su caso, a sus funcionarios orgánicos, socios o asociados. Cuando la acción obstructiva denote verosímilmente la existencia de graves irregu- laridades en el funcionamiento y administración de la asociación civil o fundación de que se trate, podrá dar lugar a la intervención administrativa con desplazamiento, siguiéndose el procedimiento previsto al efecto en la presente Ley. Sección Cuarta. Declaración de Ineficacia al solo efecto administrativo. Asistencia a actos orgánicos colegiales. Convocatoria a Asambleas de Asociaciones Civiles. ART. 42 Declaración de ineficacia al solo efecto administrativo. Es potestad de la DPJ declarar la ineficacia al solo efecto administrativo de los actos orgánicos correspondientes o atribuibles, exclusivamente a asociaciones civiles o fundaciones sometidas a su fiscalización, siempre que los mismos sean reputados, mediante la pertinente y debida Resolución administrativa, contrarios a la Ley, a las Resoluciones Generales de la Dirección o al Acto constitutivo y normativo (Estatuto) de la persona jurídica de que se trate. La Resolución que así lo declare deberá contar con el debido, suficiente y razonable sustento fáctico y jurídico y no tendrá más efectos o consecuencias disvaliosas que las que allí expresa y fundadamente se establezcan, debiendo las mismas, en todo caso, circunscribirse estrictamente a la esfera administrativa de la Repartición. En tales casos e independientemente de la validez sustancial del acto de que se trate, la Dirección rechazará la petición que se le haya efectuado respecto del acto declarado administrativamente ineficaz, como así también toda petición que se le haga en el futuro respecto del mismo acto o de otros jurídicamente vinculados o conexos al mismo, hasta tanto tal acto no sea subsanado por la persona jurídica privada o sea declarado válido por autoridad administrativa superior que así lo resuelva en la vía recursiva correspondiente o por el tribunal competente, mediante sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 228 ~ ART. 43 Asistencia a actos orgánicos colegiales. La DPJ, oficiosamente, podrá asistir con fines de veeduría, a la celebración de actos orgánicos colegiales de asociaciones civiles y fundaciones, bajo su competencia. Podrá también hacerlo a solicitud de parte interesada y legitimada conforme a la legislación de fondo, que alegue y acredite sumaria y verosímilmente la existencia de motivos razonables en cuya virtud se puedan ver afectados sus derechos o se puedan provocar daños a la persona jurídica, sus socios, asociados, miembros, componentes o terceros o pueda verse seria- mente afectada la validez del acto orgánico en cuestión. En todos los casos, el agente público designado por la Dirección para participar en dichos actos, deberá concurrir al mismo, acreditando ante la persona jurídica privada su calidad de tal mediante el instrumento de designación pertinente y su documento de identidad y limitará estrictamente su actuación a la simple presencia, sin voz en el acto. Al culminar el mismo, labrará el acta pública co- rrespondiente, en la que dejará constancia circunstanciada de todas las cuestiones jurídicamente relevantes y, especialmente, las irregularidades que, a su entender, hayan surgido del acto orgáni- co en cuestión. La asociación civil o la fundación de que se trate y la persona que haya peticionado tal intervención, podrán requerir a su costa, copia auténtica del acta que labre el agente público interviniente. ART. 44 Convocatoria a Asambleas de Asociaciones Civiles. Para la convocatoria a Asambleas de Asociaciones Civiles se tendrá en cuenta que: a) La Dirección podrá convocar a actos orgánicos de gobierno de Asociaciones Civiles, a pedido de parte interesada y sustancialmente legitimada, en todos aquellos casos en que, según la Ley de fondo, corresponda. b) Excepcionalmente podrá hacerlo de oficio, frente a situaciones irregulares de extrema grave- dad, suficientemente acreditadas, que pongan en inminente peligro la subsistencia de la persona jurídica privada o que afecten de manera manifiesta y grave al interés público o atenten contra derechos fundamentales de las personas humanas, o derechos de niñas, niños y adolescentes o de personas incapaces o con capacidad restringida, o impidan la normal continuidad de servicios públicos o actividades de bien público. En tales casos la Dirección fijará el correspondiente Orden del Día, debiendo implementar la debida comunicación o publicidad de estas conforme a la perti- nente Ley de fondo y el Estatuto de la persona jurídica de que se trate. c) El acto orgánico en cuestión será presidido y dirigido por él o los agentes públicos que, a tal fin, designe la Dirección, pudiendo la misma, según las circunstancias, solicitar el auxilio de la fuerza pública. d) Previo a la realización del acto orgánico convocado, en todo caso y de manera ineludible, la Dirección deberá requerir de la persona jurídica de que se trate, la puesta a disposición del corres- pondiente Libro de Actas de la entidad y el Registro o Libro de Registro de asociados, debidamente rubricados y vigentes, a fin de poder asegurar la validez del acto orgánico pertinente. Queda ab- solutamente prohibido a la Dirección la apertura o creación de nuevo Registro o Libro de registro de asociados ad hoc para la realización del acto orgánico convocado por ella, como, asimismo, la incorporación o asociación de personas para la celebración de actos orgánicos convocados por la autoridad de contralor. En caso de pérdida o destrucción del Registro o Libro de Registro de Aso- ciados, la DPJ procederá a iniciar Procedimiento de Reconstrucción del mismo, adoptando todas las posibles medidas de comunicación, a fin de asegurar a los asociados de la entidad de que se trate, su registración en el nuevo Registro o Libro de Registro de Asociados y su participación en el acto orgánico convocado. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 229 ~ e) Si al momento de dar inicio al acto orgánico convocado por la Dirección, el funcionario intervi- niente no contará con el Libro o Registro en cuestión, o no se contara con el quórum suficiente para llevar válidamente adelante el acto orgánico, el mismo no deberá llevarse a cabo y el funcio- nario actuante deberá labrar acta dejando constancia del fracaso de la convocatoria como asimis- mo de la o las razones de tal frustración. Sección Quinta Asociaciones Civiles y Fundaciones: Faltas y Sanciones. ART. 45 Sujetos susceptibles de ser sancionados. Es atribución de la Dirección la aplicación de sanciones a las asociaciones civiles y fundaciones sometidas a su fiscalización y control, como a las personas humanas que ejerzan funciones orgánicas en el seno de tales sujetos, como a quienes desarrollen actividades por entidades real o aparentemente en formación y, en general, a toda persona que incurra en las conductas subsumibles como faltas sancionables, conforme a la pre- sente ley. ART. 46 Faltas sancionables. En general, se califica como falta sancionable todo incumplimiento, desatención o desobediencia a los deberes impuestos a estas personas jurídicas, por las leyes o por Resoluciones generales o particulares dictadas por la DPJ, como asimismo toda conducta que obstaculice o dificulte el ejercicio de las funciones que la presente Ley pone a cargo de la DPJ. En particular, constituyen faltas sancionables la desatención o incumplimiento en la provisión de infor- mación requerida por la Dirección o el suministro doloso de datos equívocos o falsos. ART. 47 De las sanciones. Retiro de personalidad jurídica. Es aplicable a las asociaciones civiles y fundaciones, lo establecido por los Artículos 22 y 23 de la presente ley. Además, estas personas jurídicas son pasibles de la sanción de retiro de la personalidad jurídica, pero, esta extrema y máxima sanción, sólo puede ser decretada por el Gobernador de la Provincia, previa sustancia- ción, ante el Director de la DPJ, del correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio y petición de éste, basada en la existencia del desquiciamiento total e irreversible de la estructura o funcionamiento orgánico de la entidad, o en la comisión de actos que importen un desvío o pér- dida del fin de bien común o interés general, para el que fueron constituidas; que haya quedado acreditado en el correspondiente procedimiento. ART. 48 Recursos contra Resoluciones en materia de asociaciones civiles y fundaciones. Contra cualquier Resolución que dicte la DPJ, en materia de Asociaciones Civiles y Fundaciones, podrán deducirse los pertinentes recursos administrativos, en la forma, con las exigencias y funcionamien- to que prevé la Ley provincial de Procedimiento Administrativo N° 9.003, o la que en el futuro la sustituya, como asimismo, en su caso y agotada que esté la vía administrativa, la acción procesal administrativa. Solamente serán concedidos con efecto suspensivo los recursos contra las Resolu- ciones particulares que impongan sanciones. CAPÍTULO IV. Del Registro Público de Personas Jurídicas y otros actos y contratos registrables. Registración y Publicidad. ART. 49 Registro Público de Personas Jurídicas y otros actos y contratos registrables. Departamen- to. Concesión del Servicio Público de Registro Público. La Dirección, a través del Departamento de Registro Público le corresponde: a) Llevar y tener a su cargo los respectivos Registros Públicos de personas jurídicas y otros actos y contratos cuya registración hayan impuesto las leyes a cargo del Registro Público de Comercio o Registro Público. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 230 ~ b) Ejercer todas las funciones registrales y publicitarias correspondientes a las personas jurídicas, actos y contratos de su competencia. c) Ejercer las funciones previstas en los incisos a) al f) del artículo 3° de la presente Ley y las que el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General de Sociedades y cualquier otra Ley Nacional, le asignan al Registro Público de Comercio o Registro Público, conforme la denominación dada por la Ley N° 26.994. ART. 50 Leyes aplicables en materia registral de personas jurídicas. En todo lo que no esté re- gulado por las respectivas leyes nacionales de fondo, la presente ley y su o sus Decretos Regla- mentarios, serán de aplicación las Leyes: Nacional N° 17.801 y Provincial N° 8.236, o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan, en la medida en que sean compatibles y no se opongan a la naturaleza y funcionamiento de los sujetos y actos de cuya registración se trata. En particular, y dentro del criterio de compatibilidad antes establecido, deberán respetarse los principios y reglas fundamentales del Derecho Registral. El principio de tracto registral sucesivo y abreviado solo se aplicarán a aquellas registraciones competencia de la DPJ que impliquen constitución, modifica- ción, transmisión o extinción de derecho reales. ART. 51 Naturaleza de los Registros Públicos de Personas Jurídicas y otros actos y contratos re- gistrables. Efectos de las registraciones practicadas en ellos. Ninguno de los registros públicos regulados en la presente Ley, tiene carácter saneatorio, ni las inscripciones efectuadas en ellos, producen efectos convalidantes. Toda registración practicada en tales Registros Públicos tendrá plena, pero única y estrictamente, los efectos que las Leyes nacionales de fondo, respectivamente, les confieren. ART. 52 Registro Público de Personas Jurídicas y otros actos y contratos registrables. Organización. El Registro Público de Personas Jurídicas y otros actos y contratos registrables se dividirá en las siguientes Secciones: a) Sociedades. b) Asociaciones Civiles. c) Fundaciones. d) Actos y Contratos registrables; en el que se inscribirán los respectivos instrumentos auténticos donde obren el otorgamiento, modificaciones o extinciones de los contratos asociativos no perso- nificantes registrables, los contratos de fideicomiso y todo otro acto jurídico privado patrimonial, o contrato cuya registración hayan impuesto las respectivas leyes nacionales de fondo, siempre que los mismos se hayan otorgado o deban ejecutarse total o parcialmente en la jurisdicción de la provincia de Mendoza. e) Comunicaciones, informes, oficios, certificaciones, control de homonimia, individualización y rú- brica de libros y toda otra función ajena a la registración, asignada a este Departamento. ART. 53 Sistema de Registración. Todas las registraciones se practicarán de plena conformidad a lo establecido en las respectivas leyes de fondo y producirán los efectos que las mismas determinan para sus correspondientes especies. Para aquellos casos en que la Ley respectiva no contenga dis- posiciones relativas a la registración, se aplicará analógicamente lo normado para las sociedades. ART. 54 Registración por Enlegajamiento. En los casos que corresponda la registración por enlega- jamiento, de cada persona jurídica, acto o contrato registrables, se formará un Legajo particular, perfectamente individualizado, de acuerdo a las siguientes reglas: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 231 ~ a) Cada Legajo contendrá suficientes y necesarias medidas de seguridad que impidan su pérdida, destrucción o indebida alteración de su contenido. b) Cada Legajo contendrá: 1) Identificación completa de la respectiva persona jurídica, acto o contrato de que se trate y; 2) La totalidad de los instrumentos o documentos auténticos con vocación registral, acompañados de la respectiva copia auténtica de la resolución administrativa particular por la que se ordenó la correspondiente registración, en orden cronológico. c) La registración se concretará mediante la incorporación al Legajo de los respectivos instrumen- tos o documentos auténticos con vocación y aptitud registral, a texto completo. A tal fin, el sujeto interesado en la registración, deberá adjuntar en su presentación los instrumentos o documentos auténticos pertinentes, debidamente suscritos por el peticionante. En cualquier caso, la incorpo- ración al Legajo de instrumentos o documentos no auténticos o que contengan actos jurídicos, declaraciones o información carente de vocación registral, no producirá efecto registral alguno. d) En cada oportunidad que se solicite registración correspondiente a modificaciones al acto cons- titutivo, estatuto y/o reglamento de las personas jurídicas o de los actos o contratos registrables, el peticionante deberá acompañar en su presentación: 1) Texto total actualizado del instrumento específicamente aprobado por el órgano de gobierno o, en su defecto; 2) Actuación notarial que certifique en contenido el texto total actualizado del instrumento corres- pondiente, con las modificaciones pertinentes, indicando la fuente, origen y fecha de cada modi- ficación vigente. ART. 55 Publicidad en materia societaria. La publicidad en materia societaria provocará los efectos sustanciales que establece la Ley de fondo y se practicará, respecto de cada sociedad registrada, conforme a los sistemas que a continuación se establecen, según sea la materia publicitable: a) Por síntesis volcada a ficha digital. Se publicita por síntesis volcada a ficha digital, la siguiente materia publicitable: 1) Fecha de otorgamiento del instrumento de constitución y de todas y cada una de sus modifica- ciones. 2) Los datos personales de los otorgantes del acto constitutivo, exigidos por la ley de fondo. En el caso de las sociedades de persona y del tipo “SRL”, se indicará la nómina de los socios registrados, consignando sus datos personales. 3) El plazo de duración de la sociedad, según resulte del acto constitutivo, sus modificaciones, prórrogas o reconducción. 4) La denominación o razón social de la sociedad. 5) La sede social, con los efectos del Artículo 11, inciso 2 de la LGS. 6) El objeto social, expresado en actividad o actividades genéricas. 7) El capital social. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 232 ~ 8) La estructuración de sus órganos de gobierno, administración, representación y, en su caso, fiscalización o control interno. Respecto de la administración, representación y fiscalización, se pu- blicitará los respectivos datos personales de las personas humanas que integran cada uno de tales órganos (nombre completo, tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, domi- cilio real, estado civil y profesión), con expresa indicación del cargo que ocupan, domicilio especial a los efectos del mismo, su fecha de ingreso y su duración. En caso que la representación orgánica sea plural, se especificará su funcionamiento; en su defecto, se entenderá que es indistinta. 9) Indicación del soporte, físico o digital, en que son llevados los libros societarios y contables. En caso de ser llevados en soporte físico, se individualizarán (número y fecha de apertura) que se encuentren en uso. 10) Fecha de cierre del ejercicio. 11) En caso de resolución judicial de intervención-coadministración o intervención con despla- zamiento, se indicará los datos del proceso judicial en que se dictó la medida, la función asignada, su duración, y los datos de la o las personas designadas a tal fin. 12) El nombramiento de liquidador. Con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso siguiente y lo normado por el Artículo 56 de esta ley, la materia prevista en el presente inciso se publicitará exclusivamente por consulta a la ficha digital. De manera tal que la información publicitada por medio de la misma, cuenta con todos los efectos que la ley de fondo atribuye a la publicidad registral societaria y es plenamente suficiente a tal fin, no requiriendo ser complementada o integrada mediante informes o certificados de las obranzas en los respectivos legajos. La ficha digital sólo podrá ser consultada, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte y el previo pago de la tasa por servicios que la autoridad competente establezca a tal fin; quedando constancia de cada consulta que se realice. La reglamentación establecerá la emisión de certificado digital en los casos en que el consultante así se lo solicite. b) Por emisión de Informes y Certificados: El resto de los actos, estados y situaciones que, con- forme la Ley de fondo, debe publicitar el Registro Público de sociedades, se hará por emisión de Informes y Certificados, debidamente firmados por la DPJ a solicitud de persona con interés jurí- dico a tal fin. Tales Informes y Certificados, deberán emitirse de conformidad a las obranzas que resulten del Legajo pertinente dentro del plazo máximo de cinco (5) días a contar de la fecha en que se presente ante la DPJ el pedido de informe. En caso de sociedades cuyo legajo no se encuentre digitalizado y, ante justificadas situaciones de urgente necesidad, podrá la DPJ, a solicitud de parte con interés jurídico sobre el particular, emitir informe o certificado publicitario, respecto de materia o asunto publicitable por síntesis vol- cada a ficha digital. Sin perjuicio de lo cual, la DPJ podrá supeditar el conferimiento del informe o certificado, a la aportación de la información y/o recursos necesarios, por parte de la sociedad peticionante, para proceder a la inmediata digitalización de la sociedad de que se trate, más allá de la aplicación de las sanciones que se establecen en esta Ley, cuando la falta de digitalización se debiera a negligencia o incumplimientos incurridos por la sociedad. c) Queda absolutamente prohibido publicitar o permitir el acceso de cualquier manera a los pro- fesionales y a los particulares a los estados contables de las personas jurídicas y a cualquier otra información o datos económicos, financieros, empresariales o institucionales, carentes de vocación registral. Tal información sólo podrá ser brindada a autoridad pública judicial o administrativa com- petente que lo solicite conforme a derecho. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 233 ~ ART. 56 Bloqueo de la Ficha Digital. Ingresado a la DPJ, por parte de sujeto debidamente legiti- mado, cualquier trámite con pretensión de registración, que importe modificación a cualquiera de los datos e información publicitable mediante la ficha digital, la misma quedará automáticamente bloqueada por el plazo de quince (15) días hábiles administrativos, al término del cual, el bloqueo quedará automáticamente levantado, haya operado o no la pretensa modificación de los datos publicitados. Durante el bloqueo, que el sistema digital exhibirá con indubitable claridad, la ficha digital pierde totalmente su aptitud publicitaria y, en caso de urgente necesidad, debidamente acreditada, toda persona con interés jurídico, podrá obtener la información registral precisada, me- diante fundado pedido de expedición de Informe o Certificado, conforme las obranzas del Legajo pertinente. Culminado el bloqueo, automáticamente la ficha digital recupera su plena y exclusiva aptitud publicitaria sobre la materia que le es propia. ART. 57 Publicidad en materia de asociaciones, fundaciones y demás actos y contratos registrables. Respecto de las asociaciones civiles, fundaciones y demás actos y contratos registrables, hasta tanto se culmine con el proceso de digitalización y elaboración de las fichas digitales, la publicidad se efectuará por pedidos de informes o certificados, emitidos conforme a las obranzas existentes en los legajos respectivos. El Director de la DPJ, mediante Resolución General, debidamente publicada, podrá, sucesiva y paulatinamente, implementar y poner en vigencia el régimen publicitario previsto por esta ley respecto de las sociedades, para las asociaciones civiles, fundaciones y demás actos y contratos registrables, y el mismo entrará en vigencia, con idénticos efectos y funcionalidad, a partir de la fecha que indique la Resolución General respectiva. ART. 58 Individualización y Rubricación de Libros. Constancia en el Legajo Respectivo. La indivi- dualización y rúbrica de Libros, tanto societarios como contables, debe ser efectuada de conformi- dad a lo previsto por el Artículo 323 y concordantes del CCyCN y, de acuerdo con lo que establezca la correspondiente reglamentación interna. En el Legajo correspondiente a cada persona jurídica inscripta, deberá dejarse constancia de cada uno de los Libros identificados y rubricados por el Re- gistro correspondiente, con indicación expresa de los datos identificatorios de cada libro (destino, número de ejemplar, nombre del titular, número de folios que contiene, y cualquier otro dato útil que disponga la reglamentación), la fecha en que fue retirado por la persona jurídica correspon- diente y la firma y aclaración del funcionario del Registro actuante. También se dejará constancia de las pérdidas, destrucciones y sustracciones, como, en su caso, del proceso judicial previsto por el Artículo 1876, siguientes y concordantes del CCyCN. ART. 59 Libros o Registros digitales. La DPJ o en su caso, el sujeto delegado, habilitará registros digitales a solicitud del administrado a los fines de posibilitar el llevado de los libros societarios y contables por registros digitales. La solicitud de habilitación de registros digitales podrá efectuarse conjuntamente con la solicitud de conformación e inscripción de Sociedades en el Registro Público a su cargo o, en cualquier mo- mento con posterioridad a la misma. La DPJ o en su caso, el sujeto delegado, implementará y reglamentará un sistema de individuali- zación de libros societarios y contables, mediante medios digitales, que garantice la inalterabilidad y preservación de los documentos digitales incorporados al mismo y que permita corroborar el cumplimiento del tracto registral, asegurando la correlatividad y secuencia de los registros. Sin perjuicio de lo dispuesto, hasta tanto la autoridad reglamente e implemente un sistema ade- cuado, el administrado podrá solicitar autorización para el reemplazo de libros societarios y/o con- tables por registros digitales, mediante un sistema o página web propio o de terceros que cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley y que garantice además, la autoría e integridad de los documentos firmados digitalmente incorporados a dicho registro, así como la vinculación con la sociedad peticionante. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 234 ~ CAPÍTULO V. Atribuciones Reservadas al Gobernador de la Provincia. ART. 60 Atribuciones Reservadas al Gobernador de la Provincia. El Gobernador de la Provincia, a solicitud o requerimiento fundado del Director de Personas Jurídicas, efectuado por intermedio del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, o el que en el futuro lo reemplace podrá: a) Establecer, cuando lo estime oportuno, delegaciones de la DPJ en la Provincia y reglamentar su funcionamiento con sujeción a las disposiciones de la presente ley. b) Incoar ante el Juez competente las acciones judiciales en materia societaria (de conformidad al Artículo 303 LGS), asociativa o fundacional, sean principales, accesorias, cautelares, urgentes no cautelares y todas aquellas para las cuales, conforme a la legislación nacional de fondo, la Autoridad Pública de fiscalización y control de dichas personas jurídicas privadas, se encuentra sustancialmente legitimada. c) Requerir del Juez competente, a fin de efectivizar el ejercicio oportuno de la función pública de contralor de las personas jurídicas privadas bajo la competencia de la DPJ, lo siguiente: 1) El auxilio de la fuerza pública; 2) El allanamiento de domicilios; 3) La clausura de locales; 4) El secuestro de libros y documentación y; 5) Cualquier otra medida idónea a tal fin. d) Decretar la intervención administrativa de las asociaciones civiles y fundaciones, conforme se regula en el artículo siguiente; e) Previo procedimiento administrativo sancionatorio, sustanciado ante el Director de la DPJ, y a solicitud de éste, basado en el resultado de dicho procedimiento, decretar el retiro de la perso- nalidad jurídica y revocar la autorización estatal para funcionar, a las asociaciones civiles y fun- daciones, fundándose en la existencia del desquiciamiento total e irreversible de la estructura o funcionamiento orgánico de la entidad, o en la comisión de actos que importen un desvío o pérdida del fin de bien común o interés general, para el que fueron constituidas. En tales casos, deberá dar al patrimonio del ente disuelto, el destino que corresponda según lo establecen las respectivas Leyes de fondo. ART. 61 De la intervención administrativa de asociaciones civiles y fundaciones. El Gobernador de la Provincia, a solicitud o requerimiento fundado del Director de Personas Jurídicas y Registro Público, podrá decretar la intervención administrativa de asociaciones civiles o de fundaciones, siempre que medie, debida y suficientemente acreditada, una manifiesta anomalía en el normal funcionamiento orgánico de la entidad, que esté provocando o sea objetivamente idónea para pro- vocar, de manera inminente, un daño grave a la persona jurídica de que se trate, que afecte o que razonablemente pueda afectar la subsistencia misma de la entidad o los derechos fundamentales de las personas humanas con concreto interés jurídico en el funcionamiento y cumplimiento de los fines de dicha entidad. La medida sólo procederá cuando razonable y fundadamente, se considere que, por efecto de ella, la grave situación existente podrá superarse. Lo dispuesto por el presente artículo es de interpretación restrictiva y por aplicación del principio de no injerencia, ante la duda razonable, la medida de intervención administrativa no deberá decretarse. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 235 ~ En ningún caso esta medida podrá aplicarse a sociedades, estén in bonis, concursadas o quebradas; quedando tal potestad, respecto de las sociedades, absolutamente reservada a los jueces. ART. 62 Características y Reglas de la intervención administrativa. La intervención administrativa de asociaciones civiles y fundaciones se sujetará a las siguientes reglas, sin perjuicio de las impuestas por las Leyes de fondo en la materia: a) La medida de intervención administrativa es, por definición y esencia, de carácter temporario y provisional. En ningún caso podrá decretarse por un término que exceda los seis (6) meses conta- dos desde la puesta en funciones del interventor designado al efecto y sólo podrá prorrogarse por una sola vez y por un término no superior a los tres (3) meses contados a partir de la expiración del término fijado originariamente. Si la situación requiriera de un término superior, la medida deberá solicitarse judicialmente. b) El interventor deberá ser una persona humana, con idoneidad suficientemente acreditada para ejercer el cargo y será designado mediante Decreto del Poder Ejecutivo, por intermedio de su máxi- ma autoridad, debidamente fundado. En principio, deberá ser un agente de la Administración Pública provincial o municipal en ejercicio de sus funciones. Si así no fuere, el cargo será remunerado, co- rrespondiendo fijar tal remuneración en el Decreto de designación, la cual nunca podrá ser superior al salario neto correspondiente a un agente público clase diez (10), por el tiempo que se fije para la intervención y estará a cargo de la entidad intervenida, sin perjuicio de que ella pueda luego repetir contra el o los administradores orgánicos responsables de la gestión que provocó la intervención. c) Una vez concluida la intervención, en ningún caso la o las persona designadas como interventor, ni su cónyuge/conviviente, ni parientes hasta el cuarto grado consanguíneo o por afinidad podrán permanecer, integrar u ocupar cargos en cualquier órgano de la entidad intervenida, ni cumplir en dicha entidad función alguna remunerada directa o indirectamente, por el término de diez (10) años contados desde la finalización de la intervención. d) El interventor designado deberá cumplir idónea y fielmente las funciones y labores que se esta- blezcan en el Decreto correspondiente. En todos los casos es imprescindible que, ante la carencia o atraso en los estados contables de dichas entidades, los mismos sean puestos al día. e) La intervención podrá consistir en mera veeduría de la administración de la entidad, en una co- administración, con o sin derecho a veto, junto con el órgano natural de la entidad o en un despla- zamiento total del órgano de administración. La intensidad de la medida podrá ser modificada en su devenir, aumentando o disminuyendo su alcance, según las circunstancias y probanzas del caso. f) En todos los casos, el interventor deberá presentar un informe inicial y uno final, con claro y fun- dado dictamen sobre la situación concreta que dio lugar a la adopción de la medida; sin perjuicio de ello, podrán exigírsele otros informes y dictámenes. g) Terminada la intervención, el interventor deberá presentar a la Dirección, rendición de cuentas ins- truida y documentada, conforme a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, correspon- diente a la totalidad del tiempo de su gestión, la cual, previo dictamen del Área de Asesoría Contable de la DPJ, conferirá o no la correspondiente aprobación, mediante resolución fundada de su Director. CAPÍTULO VI. Derogación, modificaciones, disposiciones transitorias y vigencia. ART. 63 Derogación. Deróguese la Ley provincial N° 9.002 y toda otra disposición normativa provin- cial que se oponga o sea incompatible con la letra o el espíritu de la presente ley. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 236 ~ ART. 64 Reempadronamiento Digital de Personas Jurídicas. Para el Reempadronamiento Digital de Personas Jurídicas se deberá cumplir con lo siguiente: a) Todas las personas jurídicas abarcadas por la presente ley y registradas en el Registro Público de la Provincia, deberán reempadronarse digitalmente, conforme lo reglamente la DPJ y lo disponga el Poder Ejecutivo provincial. b) Tasa de reempadronamiento. Dentro del plazo de un (1) año, siguiente a la entrada en vigencia del Decreto que ponga en vigencia el deber de reempadronamiento digital, el mismo estará exento de tasa retributiva y tributo alguno a cargo de las personas jurídicas que se reempadronen dentro de dicho término. Vencido tal plazo, corresponderá aplicar la tasa retributiva que se disponga en la ley impositiva vigente. c) En oportunidad del reempadronamiento digital, y conforme lo disponga la reglamentación, las entidades deberán presentar texto actualizado completo del Estatuto o contrato constitutivo vi- gente, nómina de funcionarios orgánicos vigentes, con indicación, en su caso, de la fecha del cese en sus cargos y cualquier otro dato o información que se requiera. Dicha presentación deberá ir acompañada de Declaración Jurada, emitida por la entidad y por todos los integrantes titulares del órgano de administración y, en su caso, del órgano de control, relativa a la veracidad, corrección y vigencia de toda la documentación acompañada e información brindada, conforme lo disponga la reglamentación. d) Incumplimiento de reempadronamiento. Una vez entrado en vigencia el régimen de reempa- dronamiento digital, la DPJ no dará trámite a petición alguna en materia societaria, hasta tanto la entidad de que se trate no acredite haber cumplido con el deber de reempadronamiento y sus deberes complementarios. ART. 65 Exenciones. Toda modificación al acto constitutivo, y/o estatuto y/o reglamento de so- ciedades, aun cuando impliquen transformación y/o reorganización de la estructura orgánica, y/o del objeto o capital social, que deba efectuarse por efecto directo o indirecto de modificaciones o derogaciones legales a la LGS, como a la Ley N° 27.349; que los interesados presenten a la DPJ dentro del año, a contar desde la entrada en vigencia de la Ley que imponga la modificación o de- rogación, no se verán alcanzadas por ninguna tasa retributiva del servicio público de control legal y/o registración societaria. Quedan exentas de toda tasa retributiva por consultas al sistema de publicidad digital de personas jurídicas, todas las reparticiones públicas del Gobierno de la Provincia de Mendoza. El Poder Ejecu- tivo provincial podrá extender la presente exención a otras reparticiones públicas de la provincia. ART. 66 Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación. ART. 67 Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. Martín Kerchner Tomba - Andrés Lombardi - Lucas Adrián Faure - María Carolina Lettry Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 237 ~ BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS Ley N° II-1098-2024 Boletín Oficial N° 15.860 – 18/11/2024 – Pág. 1 Link a publicación EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY DECLARAR A LA GRUTA DE INTI HUASI PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS ARTÍCULO 1°.- DECLARAR a la Gruta de Inti Huasi Patrimonio Histórico Cultural de la provincia de San Luis. ARTÍCULO 2°.- Incluir en todas las publicidades que realiza el Ministerio de Turismo de la Provincia donde figure la Gruta de Inti Huasi, la leyenda “Gruta de Inti Huasi: Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia”. ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la Provincia de San Luis, a veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro. Decreto N° 12183-MTyC-2024. Boletín Oficial N° 15.860 – 18/11/2024 – Pág. 1 Link a publicación San Luis, 13 de Noviembre de 2024. VISTO: El PRY-0000-9/22; у, CONSIDERANDO: Que en act. SADESE 4474/24, obra la Sanción Legislativa N° II-1098-2024, DECLARAR A LA GRUTA DE INTI HUASI PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS; Que de acuerdo a lo manifestado en act. NOTAMP 818210/24 y teniendo en cuenta la importancia de lo dispuesto por la mencionada Sanción Legislativa, resulta necesario proceder a su promulga- ción; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 238 ~ Por ello y en uso de sus atribuciones; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Art. 1°.- Cúmplase, promúlguese y téngase por Ley de la Provincia de San Luis, la Sanción Legislati- va N° II-1098-2024, DECLARAR A LA GRUTA DE INTI HUASI PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. Art. 2°.- Hacer saber a todos los Ministerios y Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Provincial. Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Turismo y Cultura. Art. 4° Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar. Claudio Javier Poggi - Juan Manuel Rigau Ley N° II-1131-2024 Boletín Oficial N° 15.841 - 04/10/2024 – Pág. 1 Link a publicación EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y PROVINCIAL AL “TANQUE DE OBRAS SANITARIAS DE VILLA MERCEDES” ARTÍCULO 1°.- DECLÁRESE Patrimonio Histórico, Cultural y Provincial al conjunto Edilicio Academi- cista Ecléctico conformado por el Edificio Administrativo, con fachada a calle Balcarce y el Tanque sobre elevado, dentro del predio de Obras Sanitarias ubicado en calle Balcarce 416, en el centro comercial y fundacional de la ciudad de Villa Mercedes, conocido tradicionalmente como “Tanque de Obras Sanitarias”, en los términos prescriptos por la Ley N° II-0526-2006 “Patrimonio Cultural de la Provincia”. ARTÍCULO 2°.- En virtud de la declaración del Artículo que antecede, clasifíquese la misma como Conjunto Histórico, de acuerdo con las definiciones establecidas en el Artículo 8°, Inciso e) de la citada Ley. ARTÍCULO 3°.- A los fines de lo dispuesto en los Artículos precedentes, declárense protegidos el Conjunto Histórico de acuerdo con las definiciones establecidas en el Artículo 8° Inciso e) de la Ley N° II-0526-2006 “Patrimonio Cultural de la Provincia”. Asimismo se encuentran resguardados la estructura, la arquitectura, el diseño, los colores, los jardines y espacios comunes y los materiales que han sido pensados y ejecutados como homenaje al Pueblo Villamercedino. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la provincia de San Luis, a diez días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 239 ~ Decreto N° 10447-MTyC-2024 Boletín Oficial N° 15.841 - 04/10/2024 – Pág. 1 Link a publicación San Luis, 01 de Octubre de 2024 VISTO: La Sanción Legislativa N° II-1131-2024, DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y PRO- VINCIAL AL “TANQUE DE OBRAS SANITARIAS DE VILLA MERCEDES”; y, CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo manifestado en act. NOTAMP 802383/24 y teniendo en cuenta la importancia de lo dispuesto por la mencionada Sanción Legislativa, resulta necesario proceder a su promulga- ción; Por ello y en uso de sus atribuciones; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Art. 1°.- Cúmplase, promúlguese y téngase por Ley de la Provincia de San Luis, la Sanción Legislati- va N° II-1131-2024, DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y PROVINCIAL AL “TANQUE DE OBRAS SANITARIAS DE VILLA MERCEDES. Art. 2°.- Hacer saber a todos los Ministerios y Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Provincial. Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Turismo y Cultura. Art. 4°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar. Claudio Javier Poggi - Juan Manuel Rigau Esta edición fue certificada con tecnología Blockchain . Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 240 ~ Ley N° II-1142-2024 Boletín Oficial N° 15.860 – 18/11/2024 – Pág. 3 Link a publicación EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY FESTIVAL PROVINCIAL DE LOS VIENTOS ARTÍCULO 1°.- INCLÚYASE en el Artículo 2° de la Ley N° II-0047-2004 (5638*R) “Fiestas Provin- ciales” el “Festival de Los Vientos”, que se realiza en el marco del aniversario de la ciudad de La Punta, departamento Juan Martin de Pueyrredón. ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la provincia de San Luis, a veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro. Decreto N° 12184-MTyC-2024. Boletín Oficial N° 15.860 – 18/11/2024 – Pág. 3 Link a publicación San Luis, 13 de Noviembre de 2024 VISTO: El PRY-0000-17/22; у, CONSIDERANDO: Que en act, SADESE 4458/24, obra la Sanción Legislativa N° II-1142-2024, FESTIVAL PROVINCIAL DE LOS VIENTOS; Que de acuerdo a lo manifestado en act. NOTAMP 818195/24 y teniendo en cuenta la importancia de lo dispuesto por la mencionada Sanción Legislativa, resulta necesario proceder a su promulgación; Por ello y en uso de sus atribuciones; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Art. 1° Cúmplase, promúlguese y téngase por Ley de la Provincia de San Luis, la Sanción Legisla- tiva N° II-1142-2024, FESTIVAL PROVINCIAL DE LOS VIENTOS. Art. 2°.- Hacer saber a todos los Ministerios y Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Provincial. Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Turismo y Cultura. Art. 4°. Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar. Claudio Javier Poggi - Juan Manuel Rigau Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 241 ~ Región Patagonia Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 242 ~ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Decreto N° 70/2025 Boletín Oficial N° 6361 - 03/02/2025 – Pág. 10 Link a publicación Viedma, Viernes 31 de Enero de 2025 Que en el Artículo 70° y concordantes de la Constitución Provincial se establecen los lineamientos que se deberán llevar adelante en materia de recursos naturales, teniendo como eje la preserva- ción y conservación de los mismos; Que, en diferentes localidades de nuestra provincia, desde el inicio de la primavera y hasta el co- mienzo del otoño, a los factores físicos favorables a la ocurrencia y propagación del fuego, tales como rayos, fuertes vientos, altas temperaturas, escasa precipitación, topografía y vegetación en condiciones de arder, se suma la creciente presencia humana de la población local y visitantes, que aumenta de manera considerable el riesgo de incendios de vegetación; Que los incendios ocurridos en zonas de interface urbano-forestal durante las últimas temporadas en la Provincia de Río Negro y en Provincias vecinas, han afectado vidas humanas, estructuras edilicias y la flora y fauna circundante; Que esta situación tiende a agravarse dado que las investigaciones que vinculan los incendios forestales a cambios globales en el clima, concluyen en un aumento en la cantidad, la severidad como así también en la superficie y en la ampliación de la temporada de ocurrencia; Que no obstante las medidas preventivas adoptadas y la permanente labor del Servicio de Preven- ción y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se produjeron incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras en la población, daños materiales en establecimientos y viviendas; provocando serias dificultades, para el desarrollo de todo tipo de actividades, lo que hizo necesario adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a la grave situación generada; Que en el marco del riesgo descripto resulta necesario adoptar medidas de prevención en forma urgente y con la premura que se impone, y establecer los mecanismos que permitan atender en tiempo y forma la problemática que se aproxima; Que, la República Argentina y la provincia de Río Negro en particular han adoptado el Índice Me- teorológico de Peligro de Incendios Forestales para calcular diariamente la clase de peligro durante la temporada de incendios; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 243 ~ Que, dado el contexto referido, y con anclaje en los principios precautorio y de prevención esta- blecidos por el Artículo 4° de la Ley General del Ambiente N° 25.675, resulta primordial declarar la emergencia ígnea en todo el territorio provincial por riesgo extremo de incendios, a efectos de prevenir los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan; Que, por otro lado, estudios y análisis de datos objetivos, demuestran que la mayoría de los in- cendios se encuentran vinculados al factor humano, por acciones intencionales o negligencia en el uso del fuego; Que, gran parte de los incendios que periódicamente se producen en nuestro territorio son conse- cuencia inmediata y directa del accionar desaprensivo del hombre, razón por la cual se debe actuar de manera inmediata contra los responsables y causantes de incendios, iniciando las acciones legales de carácter patrimonial para obtener el resarcimiento de los gastos que debe enfrentar el Estado para su combate y extinción; Que, en ese marco, los incendios generan además gravísimas consecuencias patrimoniales, con especial afectación de las actividades productivas y de turismo, e implican el despliegue de todos los elementos técnicos y recursos estatales para el combate del fuego, con las implicancias eco- nómicas que ello conlleva; Que además, el impacto que el fenómeno causa en el ambiente es inconmensurable, provocando la destrucción de áreas naturales y el deterioro de la flora y fauna nativa, la contaminación de los ríos y lagos, la desertificación y erosión del suelo, lo que impone la obligación de arbitrar todas las medidas necesarias para prevenir consecuencias que requieren de generaciones enteras para recuperarse; Que se encuentran configuradas las condiciones para el dictado del presente, debiendo en conse- cuencia declararse la emergencia ígnea en todo el territorio provincial y arbitrar las medidas ne- cesarias que prohíban y limiten, en todo el territorio provincial, aquellas actividades que conlleven riesgo de incendio; Que la Ley S N° 2966 y el Decreto Reglamentario N°64/2020 establecen las acciones preventivas, las infracciones y sanciones correspondientes en materia de incendios de vegetación; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°.- Declarar, a partir de la firma del presente Decreto y hasta el 30 de Abril de 2.025, el estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios de vegetación en todo el territorio provincial. Artículo 2°.- Prohibir, por el plazo previsto en el Artículo 1° del presente Decreto, en las tierras públicas de la Provincia de Río Negro y en todos aquellos espacios que no estén específicamente habilitados para ello, la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 244 ~ Artículo 3°.- Disponer que los concesionarios de balnearios, de zonas turísticas en general, cam- pings, complejos hoteleros y/o cabañas, propietarios de campos, casas de verano, clubes, predios de esparcimiento en general, deban extremar las medidas de prevención y vigilancia contra incen- dios. En especial deberán considerarse las medidas de seguridad las establecidas en el Artículo 33° del Decreto 64/20.- Artículo 4°.- Facultar al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) a disponer las excepciones a la prohibición dispuesta en el Artículo 2° del presente Decreto, como también a extender el plazo del Estado de Alerta Máxima fijado en el Artículo 1° en caso de con- siderarlo necesario. Artículo 5°.- Invitar a los Municipios y Comisiones de Fomento de las distintas localidades de la Provincia, a adherir a la presente medida, dictando dentro de sus jurisdicciones las disposiciones respectivas y tomando las medidas de prevención y difusión pertinentes, como también prestan- do la colaboración necesaria para cumplimentar lo dispuesto por el presente Decreto, facultando al SPLIF a prohibir durante la previsión de la clase de peligro extremo, correspondiente al Índice Meteorológico de Peligro de Incendios Forestales, la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios, aun en situaciones que estén específicamente habilitados para ello por las autoridades jurisdiccionales competentes. Artículo 6°.- Disponer como sanción a la contravención de la presente las establecidas en el Ar- tículo 45° y concordantes del Decreto N° 64/20. Dando inicio inmediato a las acciones legales de carácter penal y patrimonial por daños y perjuicios contra los autores, causantes y/o responsables de los mismos, con el objeto de obtener el resarcimiento de los gastos en que deba incurrir el Estado Provincial para su combate y extinción. Artículo 7°.- Disponer multas que variarán desde un mínimo de cien (100) a un máximo de cien mil (100.000) litros de gasoil ultra diésel YPF, incrementando su monto de acuerdo al riesgo, peligro, daño potencial y toda otra circunstancia que contribuya a formar juicio acerca de la responsabili- dad del infractor, en un todo conforme a los Artículos 46° y 47° del Decreto N° 64/20.- Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y Pro- ductivo. Artículo 9°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. Weretilneck - C. Banacloy Decreto N° 73/2025 Boletín Oficial N° 6361 (Suplemento) - 03/02/2025 – Pág. 11 Link a publicación Viedma, Viernes 31 de Enero de 2025 Que ante la situación de emergencia y catástrofe, originados por causa de los incendios producidos en el Bolsón, alcanzando a distintas áreas como el cajón azul, mallín del medio, y parte del territo- rio provincial, y afectando a familias rionegrinas. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 245 ~ Que por esta situación de emergencia y catástrofe, es que se declara la emergencia social, econó- mica, habitacional y productiva en la localidad de El Bolsón y zonas afectadas por el incendio, con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a combatir los daños producidos por los incendios para restaurar y restablecer las zonas afectadas. Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°.- Declarar, a partir de la firma del presente Decreto y por el plazo de un (1) año, la emer- gencia social, económica, habitacional y productiva en la localidad de El Bolsón y zonas afectadas por el incendio. Artículo 2°- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, por sí y a cargo del despacho del Ministerio de Desarrollo Social, Deporte y Cultura, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo y por el Ministro de Hacienda. Artículo 3°- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. Weretilneck - F. G. Gatti - C. Banacloy - G. A. Sánchez Decreto N° 75/2025 Boletín Oficial N° 6362 - 06/02/2025 – Pág. 4 Link a publicación Viedma, Martes 4 de Febrero de 2025 Visto: el Expediente N° 022.682-SG-2.025, del Registro del Ministerio de Desarrollo Económico y Pro- ductivo de Río Negro, y; CONSIDERANDO: Que el trámite de la declaración del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario se solicita en función del incendio iniciado el día 30 de Enero de 2.025 en las inmediaciones de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, y que ha provocado daños en explotaciones rurales vinculadas a las actividades productivas en el territorio de la provincia de Río Negro; Que dicha situación ha sido relevada por el servicio técnico específico del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, por las dependencias técnicas de la Secretaría de Ganadería y de la Sub- secretaría de Recursos Forestales; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 246 ~ Que, de acuerdo al informe técnico, el incendio mencionado anteriormente, por sus características y magnitud, afectó de manera considerable a explotaciones que desarrollan actividades produc- tivas dentro de la Provincia; Que en algunos de los casos relevados la producción o capacidad de producción se encontró afec- tada en por lo menos el 50% y en otros en por lo menos el 80%; Que conforme al Artículo 5° Incisos a) y b) de la Ley Provincial E N° 1.857, son funciones de la Co- misión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario proponer al Poder Ejecutivo Provincial, la declaración de emergencia de las zonas afectadas por factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, no previsible o siéndolo fueren inevitables por su intensidad, afecten la producción o la capa- cidad de producción de una región, dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias; Que, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en reunión del día 03/02/2.025 consideró necesario declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a los productores afectados de la ciudad de el Bolsón, departamento de Bariloche; Que se encuentran configuradas las condiciones para el dictado del presente instrumento norma- tivo, debiendo en consecuencia declarar el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por incendio, en lo que refiere a la actividad productiva, en el departamento afectado; Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Asesoría legal de la Agencia de Recaudación Tributaria, y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00330-25; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°. Declarar el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda en cada caso, por causa de incendio, en lo que refiere a la actividad productiva, a partir del 01 de Febrero de 2.025 y por el término de un (1) año, en el departamento de Bariloche de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a las consideraciones efectuadas. Artículo 2°. Eximir, total o parcialmente, en función del nivel de afectación, a los productores de las actividades productivas afectadas del pago del Impuesto Inmobiliario de inmuebles rurales y subrurales, y del impuesto a los automotores, conforme Artículo 10° apartado 2) Inciso b) de la Ley E N° 1.857, de acuerdo a las consideraciones efectuadas. Artículo 3°. Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaría a evaluar la capacidad contributiva de los productores afectados para contemplar las exenciones totales o parciales de los impuestos mencionados en el Artículo 2°, de acuerdo a las consideraciones efectuadas. Artículo 4°. Facultar a los responsables de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a realizar las contrataciones directas necesarias para la adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requieran para mitigar los perjuicios generados por el incendio, de acuer- do a las consideraciones efectuadas. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 247 ~ Artículo 5°. Solicitar, una vez declarado el Estado de Emergencia Agropecuaria la adopción de igual decisión en el orden nacional a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (CNEyDA). Artículo 6°. El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Desarrollo Económico y Productivo. Artículo 7°. Registrar comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. Weretilneck - C. Banacloy Decreto N° 138/2025 Boletín Oficial N° 6368 - 24/02/2025 – Pág. 17 Link a publicación Viedma, Jueves 20 de Febrero de 2025 Visto: el Expediente N° 22.817-SCAC-2.025, del Registro del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, y; CONSIDERANDO: Que el trámite de la declaración del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario se solicita en función de las heladas primaverales tardías y tormentas de viento y granizo sucedidas los días 26 de Septiembre y 14, 16 y 19 de Octubre del año 2.024 en diferentes localidades de los Depar- tamentos General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda y que ha provocado daños en explota- ciones rurales vinculadas a las actividades productivas en el territorio de la provincia de Río Negro; Que dicha situación ha sido relevada por el servicio técnico específico del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, de las dependencias técnicas de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro; Que, de acuerdo al informe técnico, las tormentas mencionadas anteriormente, por sus caracte- rísticas y magnitud, afectaron de manera considerable a explotaciones que desarrollan actividades productivas dentro de los departamentos mencionados; Que en algunos de los casos relevados la producción o capacidad de producción se encontró afec- tada en por lo menos el 50%; Que conforme al Artículo 5°, Incisos a) y b) de la Ley Provincial E N° 1.857, son funciones de la Co- misión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario proponer al Poder Ejecutivo Provincial, la declaración de emergencia de las zonas afectadas por factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, no previsible o siéndolo fueren inevitables por su intensidad, afecten la producción o la capa- cidad de producción de una región, dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias; Que, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en reunión del día 13/02/2.025 consideró necesario declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a los productores afectados en diferentes localidades los Departamentos de General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 248 ~ Que se encuentran configuradas las condiciones para el dictado del presente instrumento nor- mativo, debiendo en consecuencia declarar el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por heladas primaverales tardías y tormentas de viento y granizo, en lo que refiere a la actividad productiva, en los departamentos afectados; Que obra autorización del Señor Ministro para dar curso a lo solicitado por el Secretario de Fruti- cultura a fojas 2, mediante el acto que se propicia; Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, la Secretaría de Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00553-25 ; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°. Declarar el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda en cada caso, por causa de heladas y tormentas de granizo, en lo que refiere a la actividad produc- tiva, a partir del 15 de Febrero de 2.025 y por el término de un (1) año, en los Departamentos de General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda. Artículo 2°. Eximir, total o parcialmente, en función del nivel de afectación, a los productores de las actividades productivas afectadas del pago del impuesto inmobiliario de inmuebles rurales y sub-rurales, y del impuesto a los automotores, conforme Artículo 10° apartado 2) Inciso b) de la Ley E N° 1.857. Artículo 3°. Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria a evaluar la capacidad contributiva de los productores afectados para contemplar las exenciones totales o parciales de los impuestos mencionados en el Artículo 2°. Artículo 4°. Facultar a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a rea- lizar contratación directa para la adquisición de insumos, bienes y servicios necesarios para mitigar los perjuicios generados por el incendio. Artículo 5°. Solicitar, una vez declarado el Estado de Emergencia Agropecuaria la adopción de igual decisión en el orden nacional a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (CNEyDA). Artículo 6°. El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y Productivo. Artículo 7°. Registrar comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. Weretilneck - C. Banacloy Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 249 ~ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Decreto N° 397/2025 Boletín Oficial N° 5777 - 12/02/2025 – Pág. 17 Link a publicación USHUAIA, 11 FEB. 2025 VISTO el Expediente N° MEC-E-8128-2025, del Registro de esta Gobernación y el Decreto Provin- cial N° 3525/22; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo, tramita la readecuación del “Incentivo Hidrocarburos – Tasa” creado me- diante el Decreto Provincial N° 3525/22. Que, asimismo, a través del citado Decreto. se creó el “Fondo Específico - Tasas Hidrocarburos’’, integrado con el veinte por ciento (20%) de los recursos del fondo específico creado en virtud de, artículo 2° de la Ley Provincial N° 1435, con los recursos provenientes de la aplicación del inciso 2) del artículo 9° bis de la Ley Provincial N° 440. Que por el artículo 2° del Decreto Provincial N° 3525/22, se determinó que el ‘’Incentivo Hidrocar- buros - Tasa”, seria de carácter remunerativo y no bonificarle, destinado al personal que presta reales y efectivos servicios en la Secretaría de Hidrocarburos, u organismo que en el futuro la reemplace, el cual quedó integrado con el ochenta por ciento (80%) de los recursos del referido fondo específico. Que, en ese orden por el artículo 3°, se procedió a aprobar la reglamentación de la distribución y liquidación del “Incentivo Hidrocarburos – Tasa”, de acuerdo a las pautas y condiciones que se establecieron en el Anexo I del citado Decreto. Que, en atención a los principios de equidad y proporcionalidad que deben regir la asignación de recursos y suplementos salariales dentro del Estado Provincial deviene razonable sustituir el esque- ma y los criterios establecidos por el Decreto Provincial N° 3525/22. Que en ese norte, se propone un esquema en el cual se tome como base de cálculo el básico de la categoría “A” del Escalafón Profesional Universitario (EPU), según un porcentaje establecido, en función al cargo que ocupe el agente dependiente de la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía. Que en función de lo que antecede, deviene necesario proceder a dejar sin efecto los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Provincial N°3 525/22. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 250 ~ Que el reordenamiento del beneficio otorgado a los recursos humanos afectados al área de ma- nera equitativa, permitirá ajustar el presente suplemento en función de su cargo y responsabili- dades, y garantizar al mismo tiempo, el reconocimiento adecuado a la especificidad de las tareas realizadas por el personal en dicho ámbito, por lo que deviene oportuno racionalizar el esquema de asignación del régimen de distribución del mentado incentivo. Que la Secretaría Legal del Ministerio de Economía tomó intervención mediante el Informe Legal N°21/2025. Que obra intervención de los Sres. Ministro de Economía y de la Secretaria de Hacienda. Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 y 135 de la Constitución Provincial. Por ello: LA VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 1° del Decreto Provincial N° 3525/22, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Crear el “Fondo Especifico - Tasas Hidrocarburos”, el que se integrará con los recursos del fondo específico creado en virtud del artículo 2° de la Ley Provin- cial N° 1435”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 3525/22, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2°.- Crear el suplemento particular denominado “Suplemento Hidrocarburos”, el cual tendrá carácter mensual, remunerativo y no bonificarle, que será financia- do con los recursos del fondo específico mencionado en el artículo anterior”. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 3°.- Establecer que el “Suplemento Hidrocarburos” será abonado al personal de plan- ta permanente perteneciente a los agrupamientos P.A.yT. y P.O.M.yS., del Escalafón SECO y del Escalafón Profesional Universitario (EPU) que preste reales y electivos servicios en la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía o la que en el futuro la reemplace; con exclusión del usufructo de las licencias especiales y extraordinarias, con o sin ARTÍCULO 4°.- Determinar que para el cómputo del “Suplemento Hidrocarburos” se tomará como base de cálculo el básico de la categoría “A” del Escalafón Profesional Universitario (EPU), según el porcentaje detallado en el ANEXO l que forma parte integrante del presente. ARTÍCULO 5°.- Establecer que el monto total destinado al pago del adicional creado por el artículo 2°, estará limitado por el producido efectivo de la recaudación del fondo Específico - Tasas Hidro- carburos, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley Provincial N° 1435. En caso de que la recaudación no alcance para cubrir el total de lo establecido, los montos a per- cibir por los agentes se ajustarán proporcionalmente según la disponibilidad de recursos ARTÍCULO 6°.- Instituir al Ministerio de Energía o la que en el futuro la reemplace como Autoridad de Aplicación de la presente medida, delegando la facultad de reglamentación, aclaración e inter- pretación de las disposiciones establecidas por el presente. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 251 ~ ARTÍCULO 7°.- Dejar sin efecto los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Provincial N° 3525/22. Ello por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 8°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. ARTÍCULO 9°.- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. Paula Agustín Tita – Monica Susana Urquiza ANEXO I. DECRETO N° 0397/25 CARGOPORCENTAJE DIRECTOR GENERAL40% SUBDIRECTOR GENERAL35% DIRECTOR30% JEFE DE DEPARTAMENTO25% JEFE DE DIVISIÓN20% SIN CARGO10% Decreto N° 533/2025 Boletín Oficial N° 5787 - 26/02/2025 – Pág. 19 Link a publicación USHUAIA, 20 FEB 2025 VISTO el Expediente MS – E – 93590 – 2023 del registro de esta gobernación, y la Ley Provincial N° 1507: y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita la reglamentación de la Ley Provincial N° 1507, a través de la cual se creó el “Programa de Arraigo para Profesionales de la Salud Pública”, dirigido a los profesionales de la Salud Pública dependiente del Estado provincial. Que, asimismo, el citado cuerpo normativo prevé el sostenimiento de las guardias médicas de atención de la emergencia a través del cual se generarán condiciones atractivas de empleabilidad que incentiven la radicación de nuevos profesionales y la retención de talentos. Que en razón del carácter esencial del servicio de emergencia y de la relevancia del servicio que prestan los citados profesionales, resulta necesaria una regulación normativa que garantice la ope- ratividad del citado régimen. Que constan las intervenciones de los señores Ministro de Educación. Ministro de Economía y de la señora Ministra de Salud. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 252 ~ Que obran las opiniones del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud el que se expidió mediante el Dictamen Dict-DGAJS-MS-910-2024 y de la Secretaría de Coordinación Legal (SLG) a través del Dictamen SCL (SLG) N° 210/24. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial. Por ello: EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR DECRETA: Artículo 1°· Aprobar la reglamentación dc la Ley Provincial N° 1507 de acuerdo al Anexo 1 del presente. Artículo 2° - Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial y archivar. Gustavo A. Melella – Judit Di Giglio ANEXO I - DECRETO N° 0533/25 REGLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARRAIGO DE PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA DEPENDIENTES DEL ESTADO PROVINCIAL Y EL SOSTENIMIENTO DE GUARDIAS MÉDICAS. Artículo 1°- Sin reglamentar. Artículo 2°.- Sin reglamentar. Artículo 3°- Sin reglamentar. Artículo 4°.- A los efectos dc facilitar el acceso al mercado inmobiliario, se establece que los requi- sitos y procedimientos para el otorgamiento del beneficio respecto al Impuesto al Sello e Impuesto a los Ingresos Brutos, serán definidos por las disposiciones que dicte la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en virtud de la competencia especifica que dicho Ente posee en la materia. A esos efectos, el Ministerio de Salud emitirá el certificado de los profesionales que necesite radicar en la Provincia y que acrediten las condiciones que los habilitan a solicitar el presente beneficio. Artículo 5°- El sistema de otorgamiento de garantías locatarias se instrumentará según las dispo- siciones que el Banco de Tierra del Fuego dicte sobre la materia. A esos efectos, el Ministerio de Salud emitirá el certificado de los profesionales que necesite radicar en la Provincia y que acrediten las condiciones que los habilitan a solicitar el presente beneficio. Artículo 6°.- La afectación de las unidades habitacionales que serán de titularidad del Ministerio de Salud se instrumentarán según las disposiciones que dicte el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (1PV y H), en virtud de su competencia en la materia. Asimismo el citado Instituto. Esta- blecerá las condiciones de uso como casa de habitación para los profesionales de la salud. Artículo 7° El Ministerio de Educación a través del área pertinente será el encargado de establecer el mecanismo para el otorgamiento de vacantes para hijos del personal beneficiario del presente Programa. A esos efectos, el Ministerio de Salud emitirá el certificado de los profesionales que ne- cesite radicar en la Provincia y que acrediten las condiciones que los habilitan a solicitar el presente beneficio. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 253 ~ Artículo 8° - A los efectos de instrumentar el Plan Estímulo mensual se crea el adicional compen- satorio “GUARDIA ACTIVA EN SERVICIOS DE EMERGENCIA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD”. A tales efectos, se define a la guardia activa en servicios de emergencia como a aquella actividad extraordinaria que por su naturaleza exige la presencia continua y permanente en el servicio. para garantizar la oferta de servicios esenciales de carácter emergente, suplementando la actividad ordinaria del mismo durante el horario en las que se dan concurrentemente y comple- mentándola fuera de ese horario, dentro de la unidad asistencial cumplida por aquellos profesio- nales con título universitario de grado reconocido oficialmente por cl Ministerio de Educación de la Nación que desempeñen funciones propias de su profesión con asistencia directa a pacientes en Servicios de Emergencia (actividad asistencial externa) de instituciones hospitalarias y de la Direc- ción General de Atención de la Emergencia. La afectación al servicio podrá darse por turnos de veinticuatro (24) horas y/o doce (12) horas, debiendo el agente acreditar la realización efectiva de un total de ciento cuarenta y cuatro (144) horas mensuales mínimas para percibir dicho adicional compensatorio, las cuales deberán ser realizadas en los servicios mencionados con carácter restrictivo, siendo responsabilidad ele las Direcciones Generales de los sistemas de emergencias quienes certifiquen el cumplimiento de la condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan. El Ministerio de Salud emitirá la Re- solución que autorice la liquidación del adicional. Los trabajadores percibirán en forma mensual un adicional compensatorio remunerativo y no bonificable de PESOS CUATROCIENTOS MIL (400.00). Artículo 9° - El personal comprendido en el presente régimen percibirá en concepto de adicional por antigüedad por cada año de especialidad o mayor de SEIS (6) meses computada al 31 de di- ciembre inmediato anterior la suma equivalente al VEINTE POR MIL (20 0/00) de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluidos adicionales particulares, que corres- ponda a la categoría de revista. El Ministerio de Salud, a través de las Direcciones de Fiscalización Sanitaria de la zona que corresponda, verificará la condición de especialista reconocido para la percepción del concepto y su concesión será facultativa, siendo el Ministro de Salud la autoridad competente para definir su aplicación en el marco de las condiciones establecidas para el presente artículo y por las disposiciones que se determinen. Artículo 10. - Sin reglamentar. Artículo 11.- La percepción del adicional alcanzará a profesionales de la salud de la administración central. Se entiende por profesional de la salud a aquellos profesionales en los términos de la Ley Nacional N° 24521 y en los términos de la presente Ley, matriculados por el Ministerio de Salud de la Provincia de acuerdo a lo establecido por Res. MS. 1097/21 o la que en el futuro la reemplace con idéntico objeto, que cumplan funciones dentro de la Administración Central en cualquier esca- lafón, de acuerdo al alcance establecido en la Ley que se reglamenta, y con única limitación esta- blecida a la pertinencia de la postulación a la que se aplica. Queda excluido el personal contratado y aquellos beneficiarios de becas provinciales con idéntico objeto. Los aspirantes al beneficio deberán presentar una solicitud ante la Dirección General de Adminis- tración de Políticas en Recursos Humanos del Ministerio de Salud, o la dependencia que la reem- place en el futuro con idéntico objeto, que evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente reglamentación y aquellos otros que establezca la autoridad de aplicación, a los fines del otorgamiento del adicional. Para calcular el monto del adicional que corresponde abonar en cada caso, se utilizará como base de cálculo el monto total percibido por un agente correspon- diente a la categoría 21 del escalafón húmedo en vigencia al momento de la liquidación, en forma habitual, personal e intransferible, según la siguiente escala: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 254 ~ • Curso dictado por institución académica reconocida en la materia: 50% del monto total percibido por un agente correspondiente a la categoría 22 del escalafón húmedo en vigencia al momento de la liquidación. • Especialización Universitaria o Diploma Superior Universitario: 75% del monto total percibido por un agente correspondiente a la categoría 22 del escalafón húmedo en vigencia al momento de la liquidación. • Maestría o Doctorado: 100% del monto total percibido por un agente correspondiente a la cate- goría 22 del escalafón húmedo en vigencia al momento de la liquidación. La autoridad de aplicación solicitará el reintegro de dicho beneficio de no cumplirse con el requi- sito exigible de prestar no menos de dos (2) años de servicios en el sistema de salud pública, de acuerdo al instrumento emitido por la autoridad de aplicación. Artículo 12. - Las vacantes producidas por profesionales de la salud dependientes del Salud serán cubiertas de acuerdo a las necesidades de ese Ministerio, a fin de garantizar la prestación del ser- vicio de salud y no podrán ser reasignadas a otro organismo, salvo que dicho Ministerio autorice su cesión. Articulo 13.- Sin reglamentar. Resolución N° 190/2025 Boletín Oficial N° 5786 - 25/02/2025 – Pág. 22 Link a publicación USHUAIA, 25/02/2025 VISTO el expediente 13696/25, la Ley Provincial N° 1555 y su Decreto Reglamentario N° 2865/2024 del registro de esta Gobernación; y, CONSIDERANDO: Que la Ley Provincial N°1555 creó el Régimen Provincial de Iniciativa Privada en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objetivo de estimular, promover y canalizar la presentación de proyectos de Iniciativa Privada, de distinta índole y carac- terísticas según el caso, pero siempre orientados a representar una contribución desde el sector privado a la más directa e inmediata satisfacción del interés público. Que el Régimen Provincial de Iniciativa Privada forma parte del proceso de modernización de la normativa que viene llevando a cabo la Provincia para posibilitar la ejecución de acciones en beneficio de la comunidad, teniendo en consideración el contexto económico y político actual y convirtiendo los desafíos en oportunidades para el desarrollo de la matriz productiva provincial. Que, a su vez, la presente norma se asienta en los principios establecidos por la Constitución Pro- vincial para la organización de la economía y el aprovechamiento integral de las riquezas provincia- les, fomentando la sinergia público-privada, orientada al bienestar general y dentro de un sistema económico subordinado a los derechos de la comunidad, al desarrollo provincial y al progreso social. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 255 ~ Que, dentro del marco normativo referido, se impone como Órgano Rector del régimen al Ministe- rio de Economía facultándolo para la elaboración de las políticas, normas, procedimientos, la admi- nistración de la información, y la designación de la Autoridad de Aplicación para la interpretación y aplicación de las disposiciones del régimen. Que, conforme el artículo 2 del Decreto Provincial N° 2865/2024 reglamentario de la Ley Provincial N° 1555 se estableció a la Autoridad de Aplicación del Régimen de Iniciativa Privada a la Oficina Provincial de Inversiones, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, y a partir del artículo 3 se estableció que las iniciativas privadas serán presentadas, en todos los casos, ante la Oficina Provincial de Inversiones. Que, en ese marco, deviene imprescindible dictar normas que establezcan un procedimiento de presentación y gestión administrativa de las iniciativas privadas presentadas que garanticen la ce- leridad, la transparencia y equidad durante todo el proceso de tramitación, determinando requisi- tos y plazos en cada etapa, conforme la complejidad de la iniciativa privada que fuera presentada. Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el presente acto administrati- vo, aprobando el procedimiento para la presentación y posterior trámite de las iniciativas privadas recibidas por la Oficina Provincial de Inversiones. Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Provincial N° 1555. Por ello: EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE: ARTÍCULO 1°.-Aprobar el “Procedimiento para la presentación y posterior trámite de las iniciativas privadas recibidas por la Oficina Provincial de Inversiones, en el marco de la Ley Provincial 1.555 y el Decreto Reglamentario N° 2865/24”, como Anexo I de la presente. Ello, por los motivos expues- tos en los considerandos. ARTÍCULO 2°. - Establecer que el presente procedimiento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. ARTÍCULO 3°. - Comunicar al Boletín Oficial de la Provincia, y a la Oficina Provincial de Inversiones, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía. Francisco Reynaldo Devita ANEXO I - “Procedimiento para la presentación y posterior trámite de las iniciativas privadas recibidas por la Oficina Provincial de Inversiones, en el marco de la Ley Provincial 1.555 y el Decreto Reglamentario N° 2865/24” – RESOLUCIÓN ME N° 190/2025 1. CONSIDERACIONES GENERALES. Las iniciativas privadas serán presentadas por los particulares o convocadas por la autoridad su- perior de la jurisdicción o entidad competente debido a la materia, tendrán el mismo tratamiento y se les aplicarán las mismas reglas que por esta resolución se aprueba. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 256 ~ Se deberá tener especialmente en cuenta que el Régimen de Iniciativa Privada establece una herramienta atractiva y apta para captar las propuestas en el cumplimiento de los cometidos pú- blicos, motivo por el cual, el procedimiento deber ser dinámico y ágil con plazos máximos y am- biciosos para cada intervención, los cuales a través de la presente se propician reducir, debiendo evitarse intervenciones inoficiosas o aquellas que dilaten innecesariamente el procedimiento. Además, el procedimiento implica una herramienta moderna y transparente, y para ello, la Oficina Provincial de Inversiones instrumentará y administrará el Registro de Iniciativas Privadas donde se- rán inscriptas las propuestas, así como también un espacio web específico público y gratuito donde se canalizarán las consultas y donde se difundirán las distintas etapas de la iniciativa, garantizando la confidencialidad de la información de índole industrial o comercial. 2. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA. Las iniciativas privadas, en todos los casos, serán presentadas en la Oficina Provincial de Inversio- nes como Autoridad de Aplicación o la que en el futuro la reemplace. A los fines de su presentación, el sitio web de la Oficina Provincial de Inversiones contará con un listado de áreas estratégicas de inversión prioritaria y un formulario electrónico con los lineamien- tos generales para la presentación de la propuesta y los requisitos mínimos de admisibilidad que podrá ser descargado por el promotor a los fines de la confección de su propuesta. La presentación de la iniciativa será realizada por correo electrónico a la casilla creada a tales efectos por la Oficina Provincial de Inversiones y difundida en su sitio web. 3. REGISTRO, ANÁLISIS PRELIMINAR, ELEVACIÓN O DESESTIMACIÓN Y DIFUSIÓN. Presentada la iniciativa, la Oficina Provincial de Inversiones, la inscribirá en el Registro de Iniciati- vas Privadas, con constancia de fecha y hora de presentación, clasificación según el objeto y/o la materia, y demás datos relevantes del proyecto, le asignará un número de registro correlativo y generará un expediente electrónico con todo el contenido y documentación presentada, notifican- do al promotor al correo electrónico constituido el número de registro otorgado a su propuesta. A partir de ese momento, se consideran válidas todas las notificaciones cursadas al promotor a su correo electrónico constituido, siendo su obligación mantener actualizada la casilla de correo o notificar cualquier cambio. Presentada y registrada la propuesta, la Oficina Provincial de Inversiones realizará un análisis preli- minar de la iniciativa, evaluando el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 de la Ley Provincial N° 1555 y el artículo 4 del Decreto Reglamentario N° 2865/2024, en cuyo marco podrá solicitar información adicional o aclaraciones al promotor. La Oficina Provincial de Inversiones dispondrá de un plazo máximo de CINCO (05) días hábiles des- de la presentación de la propuesta o de obtenida la última información adicional para determinar si la iniciativa cuenta con los requisitos mínimos de admisibilidad para ser elevado a la instancia siguiente de evaluación o, por el contrario, declarar la desestimación de la iniciativa. En este último caso, la decisión deberá ser emitida mediante acto administrativo fundado y no- tificado al promotor a su correo electrónico, dejando expresamente establecido que la presente decisión no podrá ser recurrida, ni generará derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos incurridos. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 257 ~ En el caso de que la iniciativa cumpla con los requisitos mínimos de admisibilidad, resulte facti- ble desde el punto de vista jurídico y económico, y de su descripción surgiera una contribución orientada a fomentar el bienestar general, al desarrollo provincial y/o al progreso social de la co- munidad, la Oficina Provincial de Inversiones, decidirá a través de un acto administrativo fundado elevar la iniciativa privada a consideración de la instancia siguiente de evaluación de acuerdo a las características y complejidad de la propuesta, conforme lo establecido en el artículo 5 del Decreto Reglamentario N° 2865/2024. El acto decisorio será notificado al promotor de la propuesta. En tal sentido, será la Oficina Provincial de Inversiones, quien del análisis practicado decida y de- termine en razón de la materia y el tipo de iniciativa si la elevación corresponde ser recibida por: el Ministro/a pertinente como autoridad superior de una jurisdicción, o por la máxima autoridad del ente, agencia, organismo descentralizado, sociedad del Estado con participación estatal mayorita- ria, o si bien corresponde se constituya “ad hoc” la Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas. La Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas estará conformada por dos (2) miembros per- manentes, un integrante designado por la Secretaría Legal de Gobierno y otro por el Ministerio de Economía, y un (1) miembro no permanente que será convocado en razón de la materia técnica y específica de la propuesta. Todos los miembros serán designados conforme su idoneidad profesio- nal y/o trayectoria, y no podrán tener ningún vínculo o parentesco con el promotor de la iniciativa. A los fines de la intervención de la Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas, la Oficina Pro- vincial de Inversiones la designará en el acto administrativo de elevación de la iniciativa para que se constituya dentro del plazo de TRES (3) días hábiles desde el día de su emisión. En el caso de no resultar posible la conformación de la Comisión en el plazo establecido, a los fines de no dilatar innecesariamente la tramitación de las actuaciones, la Oficina Provincial de Inver- siones emitirá un nuevo acto administrativo elevando las actuaciones en razón de la materia y el tipo de iniciativa al Ministro/a pertinente como autoridad superior de la jurisdicción, o a la máxima autoridad del ente, agencia, organismo descentralizado, sociedad del Estado con participación estatal mayoritaria. Las iniciativas privadas que cumplan con los requisitos mínimos de admisibilidad serán notificadas al promotor, y publicadas en el sitio web de la Oficina Provincial de Inversiones donde se difundirán las distintas etapas de la iniciativa, garantizando la confidencialidad de la información de índole industrial o comercial. 4.- RECEPCION Y EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA. Cumplida la etapa del apartado anterior y giradas las actuaciones a la instancia de evaluación de- signada, la iniciativa será recibida para proceder a su análisis y evaluación. A tales fines, podrá ser requerida información o documentación adicional, así como también podrá ser solicitada con carácter de prioridad la asistencia de las jurisdicciones u organismos que consi- dere necesario, la intervención de asesores técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas con conocimientos específicos. Los plazos máximos para recibir la asistencia y/o información requerida no podrá superar los CIN- CO (5) días hábiles desde su solicitud, pudiendo excepcionalmente otorgar una prórroga por igual plazo en el caso de que la materia novedosa de la iniciativa o su complejidad la requieran. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 258 ~ En el caso de no obtener respuesta en los plazos establecidos, y siempre que se considere técnica, económica y jurídicamente admisible la propuesta, se podrá continuar adelante con su evaluación. Evaluada la iniciativa y determinada que la misma carece de interés público, que no es posible llevarla a cabo por razones de mérito, que no cumple con alguno de los requisitos necesarios de admisibilidad mínimos exigidos, o cualquier otro factor que se considere pertinente, la instancia de evaluación designada dictará, dentro del plazo de DIEZ (10) días desde recibida la designación de la Oficina Provincial de Inversiones o desde la recepción de la última información requerida, un acto administrativo fundando desestimando la iniciativa, dejando expresamente establecido que la presente decisión no podrá ser recurrida, ni generará derecho a percibir ningún tipo de compen- sación por gastos, honorarios u otros conceptos incurridos. El acto administrativo será notificado a la Oficina Provincial de Inversiones a los fines de incorporarlo al Registro de Iniciativas Privadas, notificarlo al promotor y difundirlo en el sitio web. Por el contrario, si de la evaluación se determinara que el proyecto es susceptible de ser declarado de interés público, se elaborará un informe circunstanciado no vinculante con los fundamentos pertinentes recomendando la declaración de interés público y la elegibilidad de la propuesta, contemplando la viabilidad técnica, económica y financiera, y recomendando el procedimiento de selección aplicable de acuerdo con las características del proyecto y conforme el Título I, Capítulo II, de la Ley Provincial N° 1015. El informe deberá ser confeccionado y elevado al Gobernador, como máxima autoridad de la jurisdicción provincial, en el plazo máximo de DIEZ (10) días desde recibida la designación de la Oficina Provincial de Inversiones o desde la recepción de la última in- formación requerida. El informe será notificado a la Oficina Provincial de Inversiones a los fines de incorporarlo al Registro de Iniciativas Privadas, notificarlo al promotor y difundirlo en el sitio web. 5. DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO. Elevado el informe del apartado anterior con las recomendaciones realizadas, el señor Goberna- dor, como máxima autoridad de la jurisdicción provincial, dictará un acto administrativo fundado desestimando la iniciativa -con las indicaciones de los apartados anteriores- o declarando de in- terés público la iniciativa, reconociendo al proponente como autor de la misma y estableciendo el procedimiento de selección aplicable de acuerdo con las características del proyecto y el tipo contractual propuesto, conforme el Título I, Capítulo II, de la Ley Provincial N° 1015. El decreto del Poder Ejecutivo Provincial instruirá a la Oficina Provincial de Inversiones, como au- toridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada, para que en el plazo de TREINTA (30) días hábiles convoque a la licitación pública o al procedimiento de selección que se hubiera determinado conforme con el marco legal aplicable al tipo de trámite elegido. El decreto será comunicado al Boletín Oficial para su publicación y notificado a la Oficina Provincial de Inversiones a los fines de incorporarlo al Registro de Iniciativas Privadas, notificarlo al promotor y difundirlo en el sitio web. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 DIRECCIÓN EDITORIAL Dirección Nacional del Registro Oficial - Secretaría Legal y Técnica - Presidencia de la Nación. COORDINACIONES REGIONALES REGIÓN NOROESTE: Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de Catamarca. REGIÓN NORESTE: Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes. REGIÓN PAMPEANA: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. REGIÓN DE CUYO: Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja. REGIÓN PATAGONIA: Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro. CONSEJO EDITORIAL (Integrantes del FOBORA) Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de Catamarca. Boletín Oficial de la Provincia del Chaco. Boletín Oficial de la Provincia del Chubut. Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes. Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos. Boletín Oficial de la Provincia de Formosa. Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy. Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa. Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. Boletín Oficial de la Provincia de Misiones.