Lanzamiento del Boletín Federal de la República Argentina · Córdoba

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Ley N° 11031 Boletín Oficial N° 4 - 07/01/2025 – Pág. 1 Link a publicación La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con fuerza de Ley: Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 49 bis a la Ley N° 9571 -Código Electoral Provincial-, el siguiente: “Artículo 49 bis.- Inhabilitación para cargos electivos. Sin perjuicio de las inhabilidades establecidas en otras leyes y de las previsiones específicas dispuestas en los ordenamientos municipales y co- munales vigentes, no pueden ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales o comunales, ni a cargos partidarios, las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria, por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, por Tribunales Nacionales, Federales o de otras provincias. En este último supuesto se requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria, de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación. Para el caso de sentencias dictadas por el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, no resulta equiparable a la sentencia del párrafo anterior la resolución dictada en virtud del artículo 455 de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. La inhabilitación prevista en esta norma se extiende desde el dictado de la sentencia confirmatoria a que refiere el segundo párrafo del presente artículo y hasta que la misma sea revocada o, en su defecto, hasta el cumplimiento total de la pena correspondiente.” Artículo 2°.- Incorpórase como artículo 49 ter a la Ley N° 9571 -Código Electoral Provincial-, el siguiente: “Artículo 49 ter.- Certificado. Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 bis de la presente Ley, deben acompañar una decla- ración jurada suscripta por todos los candidatos, titulares y suplentes, que integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial, municipal o comunal, donde manifiesten que no se encuentran comprendidos en la inhabilitación dispuesta por dicho artículo, junto con la presentación de las listas. Asimismo, el Juzgado Electoral, previo a la oficialización de las listas, debe acreditar el contenido de la declaración jurada requiriendo al Registro Nacional de Reincidencia el Certificado de Ante- cedentes Penales (CAP) y a la Policía de la provincia de Córdoba el Certificado de Antecedentes.” Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 131 ~ Artículo 3°.- Incorpórase como artículo 11 bis a la Ley N° 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos-, el siguiente: “Artículo 11 bis.- Candidatos. Inhabilitación. Para las postulaciones de candidatos a cargos públi- cos electivos a nivel provincial, municipal y comunal, rigen las disposiciones contempladas en los artículos 49 bis y 49 ter de la Ley N° 9571 -Código Electoral Provincial-. Dichas disposiciones son extensivas a los candidatos a cargos partidarios.”. Artículo 4°.- Para la designación de los funcionarios mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 8198 -T.O. DEC. N° 970/99- deben respetarse las disposiciones contempladas en los artículos 49 bis y 49 ter de la Ley N° 9571 -Código Electoral Provincial-. El Poder Ejecutivo Provincial determi- nará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la que deberá establecer el modo y oportunidad de cumplimiento de este requisito. Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. Myrian Beatriz Prunotto - Guillermo Carlos Arias Ley N° 11034 Boletín Oficial N° 59 - 25/03/2025 – Pág. 1 Link a publicación La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con fuerza de Ley Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.- Interés superior. A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico integralmente considerado, y los que en el futuro pudieran reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar: a) Su condición de sujeto activo y portador de derechos; b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que su opinión sea tenida en cuenta; c) El pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y autonomía progresiva; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, y las exigencias del bien común, y Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 132 ~ f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida de la niña, niño y el adolescente a la residencia o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de responsabilidad parental, pautas a las que se ajustará el ejercicio de la misma, filiación, restitución de la niña, el niño o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos, procedimientos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 5°.- Políticas públicas integrales y participación comunitaria. El Estado Provincial adoptará las medidas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos por esta Ley, adecuando sus políti- cas públicas a los efectos de garantizar los principios y normas aquí contenidas. Los miembros de la comunidad, en ejercicio de la democracia participativa, tienen el derecho y la responsabilidad de promover y participar activamente en la vigencia plena y efectiva de los dere- chos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.” Artículo 3°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 7°.- Implementación de las políticas públicas. La Autoridad de Aplicación será la encar- gada de la implementación y aplicación de las políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en coordinación con los demás Ministerios y Secretarías de Estado, y las mismas comprenderán: a) El fortalecimiento de la familia como ámbito natural de cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aplicándose el concepto de “familia ampliada”, es decir, el de todo ámbito familiar por consanguinidad, por afinidad o de otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, o ámbitos familiares considerados como de convivencia alternativa; b) La gestión asociada entre los distintos organismos de gobierno -nacional, provincial, municipal o comunal- y la sociedad civil que se realicen en marcos adecuados de capacitación, fiscalización y promoción para el cumplimiento de los derechos establecidos; c) La efectivización de redes locales articulando espacios públicos y privados de promoción y pro- tección de derechos; d) La coordinación con municipios y comunas para proceder a la creación de organismos locales de promoción, prevención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adoles- centes a los efectos de la presente Ley; e) La coordinación con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal; f) La articulación transversal de las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas entre Ministerios y Secretarías del Gobierno provincial mediante la Comisión Interministerial, y g) La promoción de la participación activa de las niñas, niños y adolescentes. Para ello se deberá garantizar el funcionamiento permanente del Consejo Provincial de Adolescentes, de conformidad a las disposiciones que emita la Autoridad de Aplicación.” Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 133 ~ Artículo 4°.- Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 9944, Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 8°.- Responsabilidad gubernamental. Los organismos del Estado -provincial, municipal o comunal- tienen la responsabilidad indelegable de establecer, crear, ejecutar, controlar y garanti- zar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y familia. Para ello podrán suscribir convenios entre sí, con organismos públicos, universidades, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales con el objeto de fortalecer y consolidar su participación en el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación es prioritario para los organis- mos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas amparadas por esta Ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen. A tales fines se en- cuentran facultados a crear planes, proyectos y programas tendientes a fomentar la capacitación, respaldo, apoyo y acompañamiento de los ciudadanos en la ejecución de las políticas de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar, con absoluta prioridad, el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La prioridad absoluta implica preferencia en: a) La protección y auxilio en cualquier circunstancia; b) La exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos o de las personas jurídicas -privadas o públicas-; c) La atención, formulación y ejecución de las políticas públicas, y d) La atención en los servicios esenciales.” Artículo 5°.- Modifícase el artículo 15 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 15.- Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus progenitores, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia. Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información de los progenitores u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes, facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus progenitores biológicos y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus proge- nitores, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.” Artículo 6°.- Modifícase el artículo 16 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 134 ~ “Artículo 16.- Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y progenitores indocu- mentados tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad de conformidad con la normativa vigente.” Artículo 7°.- Modifícase el artículo 22 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 22.- Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende: a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según su autonomía progresiva, el desarro- llo de sus facultades con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico, y ejercerlo bajo la orientación de sus progenitores, tutores, representantes legales o encargados de los mismos; b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comu- nidad y la escuela, y c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos. Las personas sujetos de esta Ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitra- riamente. La privación de libertad personal y ambulatoria, entendida como ubicación de la niña, niño o ado- lescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformi- dad con la normativa vigente.” Artículo 8°.- Modifícase el artículo 25 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 25.- Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respe- tados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones, documentos o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta Ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus progenitores, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.” Artículo 9°.- Modifícase el artículo 26 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 26.- Derecho a la libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende especialmente la posibilidad de: a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 135 ~ b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley, y c) Participar activamente en el Consejo Provincial de Adolescentes.” Artículo 10.- Modifícase el artículo 30 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 30.- Garantía estatal de identificación e inscripción en el respectivo Registro. Los orga- nismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién naci- dos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, conforme a la normativa vigente. Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que alguno de los progenitores del niño por nacer carece de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento debe informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente. Si la indocumentación de alguno de los progenitores continuara al momento del parto, debe con- signarse nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos en el certificado de constatación de parto que expida la unidad sanitaria pertinente. A los fines de esta garantía, el Estado Provincial debe habilitar oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en todos los establecimientos públicos que atienden nacimientos.” Artículo 11.- Modifícase el artículo 31 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 31.- Garantías mínimas de procedimiento - Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos dere- chos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente, de manera directa o por medio de sus progenitores o tutores cuando por su madurez y desarro- llo no lo pudiere hacer por sí mismo, y con la intervención del Ministerio Público de la Defensa o representante complementario cuando corresponda, según las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia, personalmente o en sus pro- genitores o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público de la Defensa o representante complementario cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos el Estado debe asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o por sus representantes, siem- pre que no existan intereses contrapuestos, y Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 136 ~ e) A oponerse o a recurrir ante el superior frente a cualquier resolución que lo afecte.” Artículo 12.- Modifícase el artículo 37 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 37.- Funciones. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tiene competencia en todo lo inherente a la elaboración, impulso, creación y ejecución de planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la familia y, en particular, desarro- llará las siguientes funciones: a) Determinar los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia; b) Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Provincial; c) Implementar políticas y programas integrales con eje fundamental en la garantía de derechos, la promoción, la prevención, la dignidad, la inclusión social, la participación de la comunidad y el desarrollo local y regional; d) Fortalecer el entramado social al diseñar y proponer políticas públicas integrales capaces de dar respuestas efectivas y viables a las necesidades y problemáticas que atraviesan las niñas, niños, adolescentes y las familias; e) Crear espacios de planificación y acción en diferentes áreas específicas; f) Impulsar y crear programas y planes relacionados con el accionar de la Secretaría que garanti- cen el efectivo cumplimiento de los derechos y las necesidades específicas de las diversas pobla- ciones objetivo; g) Elaborar políticas que faciliten formas y espacios de participación concertada entre los diferen- tes niveles y con los diversos actores sociales involucrados en la implementación de las acciones y políticas públicas de infancia; h) Promover la transversalidad en las políticas públicas a partir de actividades y programas con- juntos con todos los niveles y órganos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las familias y la comunidad; i) Promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en sociedad; j) Implementar las acciones de capacitación, difusión y sensibilización que aporten al desarrollo de políticas públicas de promoción, protección y restitución de derechos y prevención de todo tipo de violencia a niñas, niños y adolescentes; k) Planificar y ejecutar estrategias de atención, orientación, capacitación, asistencia económica y fortalecimiento a familias en riesgo, familias ampliadas, extensas, comunitarias y de acogimiento provisorio; l) Fortalecer el reconocimiento de la sociedad a las niñas, niños y adolescentes como sujetos acti- vos de derechos, incluyendo a la familia; m) Atender al fortalecimiento, promoción y atención de las políticas relacionadas con las niñas, niños, adolescentes, su núcleo familiar a través del desarrollo de tareas preventivas y asistenciales; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 137 ~ n) Coordinar, impulsar, controlar y celebrar convenios con organizaciones no gubernamentales, universidades, colegios profesionales y otros organismos públicos o privados, con el objeto de fortalecer y consolidar el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las políticas de reintegración familiar y social de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal; ñ) Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los mecanis- mos familiares, comunitarios e institucionales de control, protección, acompañamiento, contención y asistencia a las niñas, niños y adolescentes en procura de su desarrollo integral; o) Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño -tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitu- ción de la Provincia de Córdoba- a través de la Ley Nacional N° 26061 y sus modificatorias; p) Promover la reinserción escolar de las niñas, niños y adolescentes que por distintas causas ha- yan dejado de concurrir a la escuela; q) Disponer los recursos necesarios para la capacitación permanente de la ciudadanía, las organi- zaciones no gubernamentales, el personal administrativo, técnico y profesional que esté afectado a los distintos programas y servicios de atención y acompañamiento a las niñas, niños, adolescentes y sus familias; r) Realizar estudios e investigaciones especializadas en la temática específica, así como el dictado de cursos de formación abiertos a todos los integrantes de la comunidad y organismos del Estado en todos sus niveles; s) Promover y fortalecer relaciones interinstitucionales con organismos gubernamentales, no gu- bernamentales, educativos y con especialistas vinculados a las áreas específicas; t) Generar acciones conjuntas destinadas a la difusión y promoción de las problemáticas específi- cas de la Secretaría en los medios de comunicación masivos, locales y nacionales; u) Brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes a través de modalidades alternativas de cuidado, como los dispositivos de acogimiento familiar, comunitario y/o residencial, así como también coordinar, dirigir, gestionar y garantizar el funcionamiento de los distintos espacios, cen- tros socioeducativos y dispositivos destinados al alojamiento de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando para todos los casos la provisión de los recursos adecuados a fin de satisfacer las necesidades de las niñas, niños y adolescentes; v) Elaborar planes, programas y proyectos que tiendan al fortalecimiento familiar; w) Brindar asistencia con apoyos técnicos y económicos para el fortalecimiento familiar a través de planes, programas y proyectos que tiendan a fomentar el cuidado familiar y la autonomía progre- siva de las niñas, niños y adolescentes; x) Promover la articulación con los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que al efecto implementen los municipios y comunas; y) Ejecutar de manera descentralizada políticas de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y z) Garantizar el funcionamiento permanente de un espacio de escucha, información, orientación, contención y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, sus familias y la comunidad, a través de una línea telefónica y demás herramientas digitales que brinden un servicio gratuito y confiden- cial de atención personalizada las 24 horas.” Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 138 ~ Artículo 13.- Modifícase el artículo 48 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redac- tado de la siguiente manera: “Artículo 48.- Medidas excepcionales. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo su- perior interés exija que no permanezcan en ese medio. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias, y sólo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para su situación particular. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado de- bidamente las medidas dispuestas en los artículos 41, 42 y siguientes de la presente Ley. Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa días, debiendo ser revisadas periódicamente, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen, con el corres- pondiente control de legalidad. Cumplido un año y medio desde la adopción de la medida, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con el servicio regional correspondiente, debe resolver definitivamente la misma. La Autoridad de Aplicación, las dependencias que ésta autorice y las Unidades de Desarrollo Re- gional (UDER) son los organismos facultados para adoptar medidas excepcionales, las que deben ser informadas a la Dirección de Asuntos Legales de la Autoridad de Aplicación para que ésta, a través de su dependencia jurídica específica, proceda a elevar dentro del término de veinti- cuatro horas a la autoridad judicial competente, el respectivo informe para el debido control de legalidad, debiendo en todos los casos adjuntar los informes técnicos que den fundamento a la medida adoptada. Los equipos técnicos de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos o las or- ganizaciones de la sociedad civil -en su caso-, y las dependencias de la Autoridad de Aplicación procederán a cumplimentar las medidas excepcionales que hubieren sido adoptadas por los organismos facultados para hacerlo. La Autoridad de Aplicación, a través de sus dependencias autorizadas al efecto, será la única facultada para disponer los egresos de las niñas, niños y adolescentes que hubieren sido priva- dos de su centro de vida, cualquiera fuere el ámbito en que se encontraren albergados, como así también de las innovaciones a la medida excepcional que oportunamente hubiere dispuesto. Cuando la imposibilidad de que la niña, niño o adolescente permanezca en su centro de vida, en virtud de una medida adoptada por un Juez Penal Juvenil, será dicha autoridad judicial quien deberá realizar el control y seguimiento de la misma, sin perjuicio de que la Autoridad de Aplica- ción pueda evaluar la adopción de una medida excepcional de protección.” Artículo 14.- Modifícase el artículo 57 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redac- tado de la siguiente manera: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 139 ~ “Artículo 57.- Resolución. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente noti- ficará a la autoridad que solicitó el control de legalidad. Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe notificar a la respectiva auto- ridad administrativa que solicitó el control de legalidad, en cuyo caso la niña, niño o adolescente será reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas excepcionales. La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su letrado si hubiera in- tervenido, los representantes legales, familiares o responsables y sus letrados, al Ministerio Público de la Defensa o representante complementario y demás partes en el proceso. En contra de la resolución del Tribunal o Juez competente procederá el recurso de apelación, el que deberá ser fundado e interpuesto en el término de cinco (5) días de notificado. En ningún caso el recurso interpuesto suspenderá la medida adoptada por la administración hasta tanto exista sentencia dictada por la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. La Autoridad de Aplicación podrá, sin embargo, insistir en la medida excepcional antes dispues- ta conforme nuevos informes y fundamentos que así lo exijan. En tal caso, el Tribunal o Juez lo evaluará y dispondrá -previa audiencia de los interesados- en un plazo no mayor a cinco (5) días. Cuando las circunstancias lo requieran, adoptará las medidas urgentes indispensables hasta su resolución que será recurrible para los interesados.” Artículo 15.- Modifícase el artículo 63 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 63.- Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. La Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil es competente para conocer y resolver en: a) Juicios de instancia única sobre delitos atribuidos a adolescentes que sean punibles conforme a lo dispuesto por la legislación vigente, a cuyo fin puede disponer sobre las medidas de coerción indispensables en la etapa de su intervención; b) La imposición de penas o medidas socioeducativas o correctivas a las niñas, niños y adolescen- tes cuando la declaración de responsabilidad haya correspondido a otro Tribunal; c) Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los jueces en materia de ni- ñez, adolescencia, violencia familiar y de género, y de los jueces en materia penal juvenil en todo el territorio de la provincia; d) Las quejas por retardo de justicia y denegación de recursos de los Juzgados de Niñez, Adoles- cencia, Violencia Familiar y de Género, y de los Juzgados Penales Juveniles; e) Las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales jerárquicamente inferiores, y f) En la recusación e inhibición de sus miembros y de los Jueces de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y de los Jueces Penales Juveniles. En cualquiera de los asuntos de su competencia la Cámara puede conocer y resolver en Sala Uni- personal, excepto en la recusación e inhibición de sus miembros. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 140 ~ Los miembros de la Cámara sólo pueden ser recusados con causa.” Artículo 16.- Modifícase el artículo 64 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 64.- Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. Los Jueces de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género son competentes para conocer y resolver en: a) El control de legalidad de las medidas excepcionales adoptadas respecto a las niñas, niños y adolescentes por el órgano administrativo competente y en caso de oposición del niño o su familia o representante legal en la adopción de dicha medida; b) El conocimiento y resolución de casos de violencia familiar conforme a la Ley N° 9283; c) Las medidas de coerción indispensables, a requerimiento del órgano administrativo de protec- ción, para hacer efectivas las medidas excepcionales que hubiere dispuesto; d) Las actuaciones sumarias indispensables para el otorgamiento de guardas judiciales, cuando así lo requieran las prestatarias de servicios de la seguridad social, para garantizar a niñas, niños y adoles- centes los beneficios sociales y asistenciales conforme lo requiera la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, adjuntando constancia emitida por la prestataria del servicio certificando tales extremos; e) Las recusaciones e inhibiciones de los Defensores y Secretarios, cuando se tratare de causas sustanciadas ante él; f) En el otorgamiento de guardas pre-adoptivas, cuyo trámite será sumario, y g) Por denuncias o requerimientos de actuación ante la grave vulneración de los derechos, en los términos del artículo 33 de la presente Ley. El Tribunal Superior de Justicia podrá asignar o reasignar la competencia para los actuales jueces a fin de mejorar el servicio de administración de justicia.” Artículo 17.- Modifícase el artículo 67 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 67.- Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. Corresponde al Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil: a) Ejercer la representación complementaria de las niñas, niños y adolescentes en los casos a que se refiere la presente Ley y de conformidad a lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación para procurar objetivamente la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos; b) Asesorar, patrocinar o representar a niñas, niños o adolescentes ante los Jueces de Niñez, Ado- lescencia, Violencia Familiar y de Género cuando el mismo lo requiera, y c) Cumplir todas las funciones que en especial le asignen las leyes.” Artículo 18.- Modifícase el artículo 68 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 141 ~ “Artículo 68.- Competencia subsidiaria. En todos los lugares de la provincia de Córdoba en que no hubiere Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género con competencia exclusi- va, es competente el Juez de Control con excepción de los casos previstos en el artículo 64 inciso b) -violencia familiar- de la presente Ley, que está a cargo del Juez en lo Civil o de Familia en turno. En ausencia de Juez de Control será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil. Si no hubiere Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, la compe- tencia asignada a ésta será ejercida por la Cámara en lo Civil, de acuerdo a la materia en cuestión.” Artículo 19.- Modifícase el artículo 69 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 69.- Personal. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba establecerá la dotación y distribución del personal jerárquico y auxiliar de los fueros de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. Los Secretarios tendrán a su cargo el trámite de los asuntos respectivos, los actos y procedimientos que les encargare el Tribunal y las relaciones con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.” Artículo 20.- Modifícase el artículo 72 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 72.- Equipo técnico judicial. Sin perjuicio de la intervención que compete a la Autoridad de Aplicación, los Tribunales de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil pueden disponer del auxilio de un cuerpo técnico judicial especializado cuyos informes no tendrán efectos vinculantes y su actuación debe limitarse a las cuestiones que sean de competencia del ámbito judicial conforme a la presente Ley. En las circunscripciones judiciales en que no se hubieren organizado los equipos técnicos judiciales, los Tribunales pueden recurrir a profesionales pertenecientes a entidades privadas de bien público de reconocida trayectoria.” Artículo 21.- Modifícase el artículo 73 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 73.- Fines. La actuación del Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género tiene por objeto proveer a la competencia asignada conforme el artículo 64 de la presente Ley. Dicha actuación se cumplirá de conformidad al procedimiento regulado en esta norma legal y sub- sidiariamente a las de la Ley N° 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdo- ba- en cuanto fueren pertinentes.” Artículo 22.- Modifícase el artículo 74 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 74.- Actuación del Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. El Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juve- nil conocerá de las situaciones mencionadas en los artículos 67 y 73 de la presente Ley. Podrá en su caso convocar a los interesados y luego de oírlos emitir las consideraciones y recomendaciones que estimare adecuadas”. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 142 ~ Artículo 23.- Modifícase el artículo 76 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 76.- Exclusión provisoria del hogar. Cuando se produjese una situación de violencia fa- miliar conforme lo previsto por la Ley N° 9283 y resultase víctima de tal violencia una niña, niño o adolescente, el Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género en virtud de las competencias que le son inherentes conforme la citada Ley, o a requerimiento de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, debe excluir provisoriamente del hogar al adulto supuesto respon- sable para proteger el derecho de aquél a permanecer en su medio familiar, debiendo poner en conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en relación a los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes.” Artículo 24.- Modifícase el artículo 77 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 77.- Asistencia y representación. En todas las actuaciones en las que tuviere competencia y actuare de acuerdo a la presente Ley, el Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género debe contar con la intervención del Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, bajo pena de nulidad.” Artículo 25.- Modifícase el artículo 78 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 78.- Actuación gratuita. Las actuaciones ante el fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género son gratuitas, a excepción de los honorarios que genere la actuación de pro- fesionales requeridos en forma particular.” Artículo 26.- Modifícase el artículo 79 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 79.- Carácter de las actuaciones. Las actuaciones en que intervenga la autoridad judicial, conforme a la competencia acordada por la presente Ley, serán reservadas, salvo para la inter- vención del Representante Complementario y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuando así corresponda según las previsiones establecidas en esta Ley. Cuando fueren requeridos por otros tribunales en causas conexas se remitirán constancias de las mismas. Las partes legitimadas pueden acceder al conocimiento de dichas actuaciones cuando así lo solicitaran.” Artículo 27.- Modifícase el artículo 80 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 80.- Publicidad. Prohibición. Está prohibida toda publicidad respecto a las actuaciones en el fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género, salvo expresa autorización de los magistrados.” Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 143 ~ Artículo 28.- Modifícase el artículo 81 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 81.- Diligencias. Cuando se tratare de niñas, niños y adolescentes que se encontraren en las situaciones mencionadas en el artículo 64 de la presente Ley, el Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género puede practicar todas las diligencias útiles al efecto. Las partes pueden proponer todas las pruebas que hicieren a su interés.” Artículo 29.- Modifícase el artículo 112 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 112.- Leyes supletorias. En toda norma procedimental que la presente Ley no haya regu- lado expresamente se aplicarán en forma supletoria la Ley N° 5350, de Procedimiento Administra- tivo -Texto Ordenado por Ley N° 6658- y la Ley N° 8465, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.” Artículo 30.- Modifícase el artículo 122 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 122.- Continuidad. Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violen- cia Familiar, Género y Penal Juvenil en la Primera Circunscripción Judicial, así como los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género con competencia exclusiva en el interior pro- vincial -con excepción de la Primera Circunscripción Judicial-, las funciones que a aquella le asigna el artículo 63 y la competencia en materia de violencia familiar a los demás juzgados conforme a la presente Ley, continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de esta Ley.” Artículo 31.- Derogación. Deróganse los artículos 65, 66, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 86 ter, 86 cuáter, 87, 88, 89, 90, 90 bis, 91, 91 bis, 91 ter, 91 cuáter, 91 quinquies, 91 sexies, 92, 93, 94, 94 bis, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 de la Ley N° 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba. Artículo 32.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta días posteriores a su pu- blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Artículo 33.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. Myrian Beatriz Prunotto - Guillermo Carlos Arias Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 144 ~ Ley N° 11035 Boletín Oficial N° 59 - 25/03/2025 – Pág. 7 Link a publicación La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con fuerza de Ley: PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I Objeto. Garantías. Principios Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley regula el proceso penal juvenil para niñas, niños y adolescen- tes que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad. En caso de duda se presume que es menor de edad hasta que se acredite fehacientemente la misma. Artículo 2°.- Participación. En todo caso se procederá a establecer la existencia del hecho delictivo y la participación de la niña, niño o adolescente en el mismo. Artículo 3°.- Supletoriedad. En todo lo que no se encuentre especialmente establecido en la pre- sente Ley, se aplica supletoriamente la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Artículo 4°.- Garantías. En todo el procedimiento penal juvenil se deben observar los principios, derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Cons- titución Provincial. Artículo 5°.- Principios de actuación. El procedimiento penal juvenil se rige por los siguientes prin- cipios: a) Debido proceso: implica garantizar la defensa en juicio, oralidad, contradicción, concentración, inmediatez, simplificación, celeridad; medidas sujetas a plazos y control. Asimismo, las actuacio- nes, su significado y alcance, deben ser explicadas en lenguaje claro y sencillo, tomando en consi- deración a su vez la edad y el grado de madurez de la niña, niño o adolescente; b) Especialidad y especificidad: en todas las actuaciones que se lleven adelante se respetará el principio de especialidad establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; c) Reintegración social: la formación plena de la niña, niño o adolescente, la reintegración en su ámbito familiar y comunitario, la restauración de la paz social y la reparación del daño ocasionado, son objetivos primordiales. Se debe recurrir a prácticas restaurativas que en todas sus variantes favorezcan el diálogo, la mediación y la conciliación, tendientes a que la niña, niño o adolescente asuma una actitud constructiva, responsable y respetuosa de los derechos humanos; la partici- pación de la víctima; la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto, y que se constituyan como alternativas al proceso penal; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 145 ~ d) Proporcionalidad y mínima intervención: se deberá optar en cada caso por reglas y medidas que aseguren la mínima intervención y subsidiariedad, garantizando que la respuesta sea idónea, indispensable y proporcionada, tomando en cuenta el principio de interés superior del niño. De- berán observarse estrictamente pautas de gradualidad y estricta necesariedad en la adopción de medidas de mayor incidencia en la vida de la niña, niño y adolescente, y e) Confidencialidad y reserva: las actuaciones y las audiencias son reservadas y sólo se permitirá la participación o acceso a las mismas a las partes procesales, sus representantes, los auxiliares designados en la causa y el Organismo Administrativo, debiendo garantizarse en todo el proceso y en las intervenciones que se deriven lo preceptuado en el artículo 16 de la Convención Internacio- nal de los Derechos del Niño. Está prohibida toda publicidad respecto a las actuaciones y audien- cias que se tramiten, salvo expresa autorización de los magistrados. El Tribunal debe entregar las copias de las actuaciones que solicite la defensa y/o el Órgano Administrativo en el ejercicio de las funciones conferidas. Capítulo II Competencias Artículo 6°.- Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Cór- doba conocerá en los recursos extraordinarios que resulten procedentes, según la materia de que se trate. Artículo 7°.- Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. La Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil es competente en los asuntos establecidos en el artículo 63 de la Ley N° 9944 y todos aquellos que se establecen en la presente Ley. Artículo 8°.- Juez Penal Juvenil. El Juez Penal Juvenil es competente para: a) Disponer las medidas socioeducativas, de resguardo provisional y de coerción que dicte por sí o que le sean requeridas respecto de adolescentes punibles y no punibles conforme lo regulado en la presente Ley; b) Resolver las oposiciones e instancias de sobreseimiento que se susciten durante la investigación penal preparatoria que practican los fiscales en lo penal juvenil; c) Declarar la extinción de la acción por aplicación de las reglas de disponibilidad; d) Resolver en la suspensión del juicio a prueba con arreglo a las disposiciones de la presente Ley y de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba-, e intervenir en sus con- secuencias, aun en su eventual revocación cuando corresponda; e) Resolver respecto a la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad, de con- formidad a lo dispuesto en la presente Ley; f) Entender en el control de la ejecución y cumplimiento de medidas socioeducativas no privativas y privativas de libertad que hayan sido ordenadas hasta el cese de las mismas o la finalización del proceso; g) Juzgar en juicio abreviado al imputado de delito cometido cuando era menor de 18 años de edad, cuando verifique que el caso reúne los requisitos previstos en los artículos 356 y 415 de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- y demás normas que resulten de aplicación al proceso, con arreglo a esta Ley y al precitado Código; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 146 ~ h) Actuar como Juez de Control en la investigación preparatoria practicada por el Fiscal Penal Juve- nil y como Juez de Ejecución Penal en las penas impuestas por la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, e i) Resolver las recusaciones e inhibiciones de los fiscales en lo penal juvenil, defensores públicos y secretarios en las causas que se susciten ante ellos. Artículo 9°.- Fiscal Penal Juvenil. El Fiscal Penal Juvenil es competente para: a) Promover y ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigir la Policía Judicial y practicar la investigación preparatoria en los delitos de acción pública que se imputen a menores de 18 años de edad; b) Requerir las medidas socioeducativas, de resguardo provisional y de coerción al Juez Penal Ju- venil pudiendo disponer las urgentes en caso de flagrancia; c) Intervenir en los delitos atribuidos a adolescentes que no sean punibles por su edad, conforme a las previsiones de los artículos 43 y siguientes de la presente Ley; d) Declinar el ejercicio de la acción penal conforme a lo previsto en la presente Ley y por aplicación de las reglas de disponibilidad previstas en la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-; e) Proponer la suspensión del juicio a prueba; f) Solicitar las medidas de coerción urgentes que sean indispensables para asegurar el proceso y requerir la privación cautelar de libertad del imputado, conforme a las reglas establecidas en la presente Ley; g) Ejercer la acción penal pública en juicios ante los Jueces Penal Juvenil y la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil e intervenir en la ejecución de las penas impuestas por la mencionada Cámara; h) Velar en general por el cumplimiento de las leyes, decretos y ordenanzas, que protejan los de- rechos de niñas, niños y adolescentes, accionando en consecuencia, e i) Intervenir en las cuestiones de jurisdicción y competencia concernientes a los Juzgados Penales Juveniles. Artículo 10.- Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. El Defensor Público de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil es competente para: a) Ejercer la representación complementaria de las niñas, niños y adolescentes en los casos a que se refiere la presente Ley y de conformidad a lo previsto por el artículo 103 del Código Civil y Co- mercial de la Nación para procurar objetivamente la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos; b) Asesorar y patrocinar a niñas, niños o adolescentes ante el Juez Penal Juvenil, cuando el mismo lo requiera, y ejercer la defensa técnica de la niña, niño o adolescente a quien se le atribuye la comisión de un delito cuando no proponga defensor particular o cuando el designado no acepte el cargo; c) Ejercer la defensa técnica unificada, en aquellos casos de conexidad de causas entre adolescen- tes y mayores, y Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 147 ~ d) Cumplir todas las funciones que en especial le asignen las leyes. Artículo 11.- Equipo técnico judicial. Los Jueces Penales Juveniles pueden disponer del auxilio de un cuerpo técnico judicial especializado cuyos informes no tendrán efectos vinculantes y su actuación debe limitarse a las cuestiones que sean de competencia del ámbito judicial conforme a la presen- te Ley. En las circunscripciones judiciales en que no se hubieran organizado los equipos técnicos judiciales, los tribunales pueden recurrir a profesionales pertenecientes a entidades privadas de bien público de trayectoria reconocida. Artículo 12.- Juez de Paz. El Juez de Paz es competente para: a) Colaborar en planes de convivencia y acuerdos, en los núcleos familiares o vecinales de las dis- tintas comunidades, que el juez indique con la finalidad de lograr mayor eficiencia en las medidas socioeducativas contempladas en la presente Ley; b) Asistir y colaborar en la implementación de las medidas socioeducativas, tanto con el niño, niña o adolescente y su entorno, como con la autoridad judicial y el órgano administrativo, y c) Coordinar por sí o por orden del Organismo Administrativo, con municipios y comunas, y sus equipos interdisciplinarios, mesas de trabajo y fortalecimiento familiar y comunitario. Artículo 13.- Competencia subsidiaria. En todos los lugares de la provincia de Córdoba en que no hubiere Juzgados Penales Juveniles con competencia exclusiva, es competente el Juez de Control. En ausencia de Juez de Control será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil. Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, la competencia asignada en el artículo 63 de la Ley N° 9944, continuará siendo ejercida por los órganos jurisdiccionales que la desempeñen al momento de la sanción de la presente Ley. Capítulo III Organismo Administrativo Artículo 14.- Competencia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministe- rio de Desarrollo Humano, o el organismo que la reemplace es competente para: a) Fortalecer a la familia como núcleo fundamental de protección de derechos, incluyendo la familia ampliada y otros espacios de convivencia alternativa, respetando el interés superior del niño; b) Promover el diseño, ejecución e implementación de los planes, programas y dispositivos para la aplicación y cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Ley, así como el desarrollo y ejecución de prácticas de justicia restaurativa y medidas socioeducativas no privativas de la liber- tad que esta norma promueve; c) Coordinar, dirigir, gestionar y garantizar el funcionamiento de los distintos espacios, centros so- cioeducativos y dispositivos destinados al alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, de conformidad a las disposiciones de la presente Ley; d) Coordinar junto a municipios y comunas la creación y fortalecimiento de organismos locales para la protección de los derechos alineándose con los objetivos de la presente Ley; e) Promover la creación de redes de articulación entre el sector público y privado, integrando a la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas de promoción y protección de derechos; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 148 ~ f) Fortalecer la articulación intersectorial, interjurisdiccional e interministerial para el diseño y eje- cución de políticas públicas integrales, que garanticen un pronto acceso a los derechos, y favorezca la descentralización y el trabajo en el ámbito local y territorial; g) Fomentar la participación activa de niñas, niños y adolescentes, así como de las comunidades, en el desarrollo de políticas y programas que los involucren directamente; h) Impulsar en articulación con organismos de salud pública y privada y otras instituciones perti- nentes, acciones, planes y programas específicos que permitan brindar respuestas integrales a la problemática de consumo de niñas, niños y adolescentes, e i) Suscribir convenios con organismos públicos y privados, universidades, organizaciones no guber- namentales y colegios profesionales, con el objeto de fortalecer y consolidar políticas públicas inte- grales de reintegración familiar y social de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. TÍTULO II PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL Capítulo I Reglas generales Artículo 15.- Recusación e inhibición. Los magistrados y funcionarios deben inhibirse y podrán ser recusados por las causales y procedimientos que contempla la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Artículo 16.- Conocimiento de la niña, niño o adolescente. Avocado el Juez Penal Juvenil, deberá conocer y oír en forma directa y personal a la niña, niño o adolescente y a sus representantes legales en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, salvo lo dispuesto por el artículo 30 de la presente Ley, debiendo en todas las etapas del proceso comunicar las resoluciones que dicte con un lenguaje claro y sencillo. Artículo 17.- Casos de conexión. Las causas serán conexas en los supuestos previstos por la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Cuando se substanciaren causas conexas ante los Jueces Penales Juveniles los procesos se acumularán y serán competentes: a) El Tribunal competente para juzgar será el que corresponda por la comisión del primer hecho; b) Si los hechos fueran simultáneos o no constara debidamente cuál se cometió primero, el que hubiera prevenido, y c) En último caso, el que designare la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. Artículo 18.- Excepciones. La acumulación de las actuaciones no será dispuesta cuando ello oca- sione un grave retardo del trámite para alguna de ellas, aunque en todas debe intervenir el mismo Tribunal de acuerdo con las normas precedentes. Cuando hubieran intervenido en el hecho niñas, niños o adolescentes sometidos a proceso penal y niñas, niños o adolescentes no punibles, la acumulación sólo procede con relación a los primeros, con la excepción prevista en el párrafo anterior. Si resultara que una niña, niño o adolescente no punible se encuentra a disposición conjunta de dos o más Tribunales, las medidas provisorias serán ordenadas por el Juez que interviniera en la causa que corresponda por la comisión del primer hecho, aun cuando se hubiere dispuesto el ar- chivo provisorio. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 149 ~ Capítulo II Medidas socioeducativas no privativas de la libertad Artículo 19.- Concepto. Las medidas socioeducativas no privativas de la libertad son aquellas que buscan promover la reintegración social de la niña, niño y adolescente, en un contexto sociofami- liar y comunitario adecuado que le permita sostener una convivencia pacífica en su medio comu- nitario y ejercer una ciudadanía responsable, promoviendo en el mismo el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, conforme lo establecen los artículos 29 y 40 de la Conven- ción Internacional de los Derechos del Niño. Artículo 20.- Criterios comunes de aplicación. Las medidas socioeducativas no privativas de la liber- tad deben ser aplicadas de manera sucesiva y conforme a los siguientes criterios: a) Enfoque de derechos, interés superior de la niña, niño y adolescente, género y diversidad, to- mando especialmente en cuenta la autonomía y capacidad progresiva; b) Ser proporcional con el tipo y la gravedad del delito, las circunstancias, necesidades del/la ado- lescente, contexto sociofamiliar y comunitario; c) Responder al principio de mínima intervención; por ello será aplicada de manera excepcional, por un plazo que no puede superar los seis (6) meses, pudiendo ser prorrogable por única vez y de manera excepcional por igual periodo de tiempo, o cesadas, atendiendo informes profesionales del Organismo Administrativo que así lo recomienden; d) Las medidas que se ordenen no pueden ser de imposición simultánea; e) Para su determinación se deben establecer objetivos y condiciones específicas y concretas, tomando en cuenta los intereses y opinión de la niña, niño o adolescente, y su consentimiento quedará plasmado en un acta compromiso; f) El cumplimiento de la medida será supervisado por el Organismo Administrativo durante el plazo por el cual haya sido establecida, debiendo evaluarse el cumplimiento de los objetivos de la misma, y g) Frente a delitos de integridad sexual y/o violencia familiar, se puede disponer la realización de cursos de capacitación obligatoria en temas específicos de violencia de género y educación sexual integral (ESI). Artículo 21.- Diversidad de medidas. El Juez Penal Juvenil puede establecer medidas socioeduca- tivas no privativas de la libertad, conforme a lo dispuesto en los artículos subsiguientes. Dichas medidas tienen carácter enunciativo y podrán aplicarse de manera sucesiva, pero no simultánea. Artículo 22.- Acompañamiento comunitario y atención temprana. El Juez Penal Juvenil puede dis- poner el acompañamiento comunitario y la atención temprana que tiene como objetivo prevenir posibles nuevas infracciones, restituyendo derechos que se encuentren vulnerados y fortaleciendo a la familia de niña, niño o adolescente a través del acompañamiento de operadores territoriales. Artículo 23.- Supervisión en territorio. El Juez Penal Juvenil puede disponer la supervisión en terri- torio que tiene como objetivo lograr el reconocimiento y fortalecimiento de las habilidades y com- petencias personales de las niñas, niños o adolescentes y sus familias, favoreciendo el desarrollo de acciones concretas. La supervisión en territorio puede comprender las siguientes condiciones: a) Residir en el domicilio junto con su familia, referentes afectivos o familia comunitaria, que hu- bieran asumido el compromiso fehaciente de formar parte del proceso; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 150 ~ b) Desarrollar actividades educativas, recreativas, de capacitación para el empleo, laborales con- forme a su edad y aquellas que aporten en beneficio de su comunidad; c) Asistir a todas las citaciones que sean formuladas por el Juzgado interviniente, responsable del control de la medida dispuesta; d) Asistir y realizar los abordajes necesarios, a los fines de atender posible consumo problemático; e) No cometer nuevos delitos, y f) Prohibición de acercamiento y de comunicación por sí o interpósita persona, o a través de me- dios electrónicos o redes sociales, con víctimas o testigos de la causa. Artículo 24.- Justicia restaurativa. El Juez Penal Juvenil puede disponer prácticas de justicia res- taurativa cuyo objetivo será promover la responsabilización y reparación del daño causado. Estas prácticas se desarrollarán mediante la articulación entre operadores judiciales, el organismo ad- ministrativo de protección de derechos, el área local, actores sociales y comunitarios, fomentando instancias de diálogo, mediación y acuerdos que permitan fortalecer los vínculos de la niña, niño o adolescente con la comunidad. Artículo 25.- Mediación penal juvenil. El Juez Penal Juvenil, a solicitud del Fiscal, la víctima, el Defensor o el Organismo Administrativo, con el consentimiento expreso de la niña, niño o adoles- cente, de sus progenitores o referente socioafectivo y el del representante complementario, y con el dictamen de los profesionales que los asisten al respecto, previo oír en su caso a la víctima del delito o sus herederos forzosos, puede derivar el proceso a mediación en cualquiera de sus etapas. El Centro de Mediación iniciará el proceso pertinente cuando todos los interesados hubieran pres- tado su conformidad, debiéndose labrar un acta de compromiso. El mediador puede contar con el acompañamiento de los cuerpos técnicos del Poder Judicial, con el fin de facilitar el enfoque interdisciplinario, si considerase adecuada esta cooperación. Iniciado el proceso de mediación se suspenden las actuaciones y los plazos de la prescripción, cuyo efecto subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediendo al desarchivo del proceso y a la continuación de su trámite. Si no hubiere conformidad de todas las partes, pero el mediador entendiere que será igualmente beneficiosa su actuación en mérito al interés social en juego, puede llevarlo adelante, quedando facultado para invitar a participar en el mismo a alguna institución que pudiere representar, en alguna medida, los intereses de la víctima. En caso de haberse llegado a un compromiso o una alternativa composicional o restaurativa, el mediador supervisará su cumplimiento por el plazo de seis (6) meses. Para el caso de no arribar a un acuerdo entre las partes, tal circunstancia se plasmará en la causa, lo cual no constituirá ante- cedente alguno para la niña, niño o adolescente. Si durante el proceso de mediación el adolescente quebrantara el compromiso contraído, el Centro de Mediación lo comunicará de manera inmediata y fehaciente al Tribunal interviniente. Si vencido el plazo de seguimiento, el Centro de Mediación estimare exitosa su intervención y dis- pusiera darla por finalizada, debe comunicarlo al Tribunal. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 151 ~ Artículo 26.- Libertad asistida. El Juez Penal Juvenil, al momento de decidir el paulatino proceso de reintegración sociofamiliar de un adolescente que se encuentra privado de su libertad, puede im- plementar la libertad asistida con el propósito que el Organismo Administrativo asigne un operador territorial que acompañe al adolescente a dar cumplimiento de las pautas impuestas durante los permisos otorgados, pudiendo ser interrumpida, prorrogada o revocada en cualquier tiempo como así también sustituida por otra medida de intervención acorde a la evolución presentada. Artículo 27.- Dispositivos electrónicos. El Juez Penal Juvenil puede disponer la supervisión del/ la adolescente mediante un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física como una herramienta de control exhaustiva. La misma es utilizada en casos excepcionales, por un plazo que no podrá exceder los tres (3) meses, pudiendo prorrogarse por tres (3) meses más, mediante resolución fundada, si las circunstancias de la causa e informes profesionales así lo aconsejaran. Una vez dispuesta la medida, el equipo técnico interviniente, deberá confeccionar un plan de abordaje integral tendiente a dar continuidad al proceso de reintegración sociofamiliar del o la adolescente. Artículo 28.- Extinción de la acción penal. Cumplimentados los objetivos de cualquiera de las me- didas no privativas de la libertad, el Juez Penal Juvenil, mediante resolución fundada, declarará extinta la acción penal. Capítulo III Medidas socioeducativas privativas de la libertad Artículo 29.- Medida de resguardo. En el caso de que el Juez Penal Juvenil dispusiera una medida socioeducativa privativa de libertad, la misma será de manera excepcional, en un establecimiento idóneo dependiente del Organismo Administrativo, el cual contará con todas las medidas de res- guardo necesarias y adecuadas para su cumplimiento, de conformidad a los derechos consagrados en la normativa vigente. Artículo 30.- Contacto directo. El Juez Penal Juvenil tomará contacto directo y personal con el/la adolescente dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles subsiguientes a la privación de libertad. Artículo 31.- Trámite de medida urgente. El Juez Penal Juvenil solicitará al Organismo Administrati- vo un informe que dé cuenta de su condición de personalidad y contexto sociofamiliar, el cual debe presentarse en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles de notificada dicha solicitud. Si fueran necesarios estudios complementarios el Organismo Administrativo podrá solicitar extensión del plazo de manera fundada. El Juez, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días corridos, resolverá las medidas que crea pertinente conforme lo prescripto en la presente Ley. Artículo 32.- Medidas socioeducativas de privación de libertad. La medida que impida la externa- ción del/la adolescente por su propia voluntad es de aplicación restrictiva, de último recurso y se aplica en casos de extrema gravedad y hechos graves que no incluya la medida de coerción pre- vista en el artículo 33 de la presente Ley. Debe ser implementada por un tiempo breve, el cual no puede exceder los seis (6) meses, prorro- gable, bajo resolución fundada, por única vez, por un periodo de tiempo no superior a los tres (3) meses, previa autorización de la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, dando cumplimiento a la finalidad tuitiva perseguida. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 152 ~ Artículo 33.- Medidas cautelares de coerción. El Juez Penal Juvenil a solicitud del Fiscal Penal Juvenil o del Fiscal de Instrucción, puede ordenar como último recurso y de manera excepcional la priva- ción cautelar de la libertad del/la adolescente, cuando no hubiera otros medios fehacientes para ga- rantizar el resguardo del proceso; en este sentido tendrán aplicación las previsiones de los artículos 281, 281 bis, 281 ter y 336 de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Esta medida tiene un plazo inicial de tres (3) meses, y puede ser prorrogada, por igual periodo, por el Juez Penal Juvenil mediante resolución fundada, siempre que se trate de delitos en los que no resulten de aplicación las reglas de disponibilidad de la acción y subsistan las causas que la motivaran. En caso de ser apelada, el recurso no tendrá efecto suspensivo. La medida cesa en los casos en que la investigación demuestre que no hay elementos de convicción suficientes o cuando desaparezca la necesidad de asegurar los fines del proceso. Artículo 34.- Innovación. El Juez Penal Juvenil no puede efectuar la innovación de las medidas provisorias, sin previa vista a las partes, salvo en los casos de suma urgencia, en los que de- berá notificar lo resuelto de forma inmediata a todas las partes, a los fines pertinentes. Artículo 35.- Notificación. Todas las medidas ya sean de resguardo o coerción, deben ser noti- ficadas con lenguaje sencillo y claro al adolescente. Será realizada por el Tribunal interviniente, con acompañamiento de quien ejerza la defensa técnica, a los fines de garantizar el debido proceso. Mientras se encuentren vigentes estas medidas el Organismo Administrativo informará al Tri- bunal interviniente, de manera periódica y continuada, los abordajes interdisciplinarios y trans- disciplinarios. Artículo 36.- Detención domiciliaria. La detención domiciliaria puede ser dispuesta de manera excepcional cuando por razones debidamente acreditadas mediante informes médicos oficiales, el o la adolescente no pueda permanecer en un contexto de encierro debido a una condición de salud física o psíquica; o cuando se trate de adolescentes que ejerzan cuidados parentales. En ambos casos, la medida estará sujeta a supervisión periódica y a las condiciones que se determinen para asegurar su correcta implementación, con revisión judicial cada treinta (30) días corridos para evaluar su necesidad y proporcionalidad. Artículo 37.- Conexidad de causas en las cuales participen adolescentes con mayores de edad. Cuando en un hecho infractor a la ley penal, participen adolescentes y un mayor de 18 años de edad, la investigación la realizará el Fiscal de Instrucción que por turno corresponda. El mismo debe dar intervención inmediata al Juez Penal Juvenil y éste al Fiscal Penal Juvenil, en los casos que no se haya requerido su privación cautelar de la libertad, para que requiera el resguardo y vigilancia del/la adolescente conforme las medidas previstas en la legislación vigente, remitiéndose copias de las resoluciones recaídas en la causa y los requerimientos que crea pertinente. El Fiscal de Instrucción y las Cámaras del Crimen y Correccional deben otorgarle prioridad de juzgamiento cuando existan estas causas con conexidad de mayores y adolescentes, en caso de no ser factible la realización del juicio en los plazos previstos en el artículo 38 de la presente Ley, el Tribunal de Juicio interviniente puede solicitarle al Fiscal de Cámara la evaluación del cese de las medidas socioeducativas de coerción o de resguardo que impliquen privación de Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 153 ~ libertad o su sustitución por una menos gravosa, o en su defecto desglosar las actuaciones con respecto al adolescente y remitir al Juez Penal Juvenil para que resuelva su situación legal. En caso de que sea solicitada la realización de juicio abreviado inicial, abreviado o suspensión del juicio a prueba, el Tribunal de juicio ordinario se expedirá sobre la situación de todas las personas que han intervenido, incluyendo las personas menores de edad. En este caso la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil sólo se limitará a declarar la responsabilidad del/la adolescente o su participación activa, debiendo remitir inmediatamente la copia de la sentencia recaída al Juez Penal Juvenil interviniente. Artículo 38.- Duración máxima del proceso. Mayoría de edad. Cuando estuviere vigente alguna medi- da provisoria de coerción o de resguardo que implique la privación de libertad, el proceso penal ju- venil tendrá una duración máxima dieciocho (18) meses contados desde el inicio de la medida. No se computará en este plazo el tiempo necesario para resolver recursos ordinarios y extraordinarios. Este plazo es fatal e improrrogable con los efectos previstos en la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Transcurrido el mismo, el Tribunal de la causa debe disponer su archivo o sobreseimiento, según corresponda. El magistrado interviniente en la investigación o el juicio, según la etapa en que estuviere la causa, es el responsable del control de este plazo, y su incumplimiento puede ser considerado morosidad judicial y lo hará pasible de las sanciones legales correspondientes. Cuando el/la adolescente hubiera cumplido los 18 años de edad, el Juez Penal Juvenil debe resol- ver fundadamente en un plazo de noventa (90) días fatales e improrrogables, previo informe del Organismo Administrativo, sobre su condición de libertad y alojamiento. Artículo 39.- Reglas aplicables. En el juzgamiento la Cámara de Niñez, Adolescencia, Violencia Fa- miliar, Género y Penal Juvenil procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio común por la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, salvo las normas específicas estable- cidas en el presente Capítulo. El Tribunal, en ningún caso, se integrará con jurados. Para el ejercicio de su competencia puede dividirse en Salas Unipersonales con sujeción a los artículos 34 bis y 361 de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Si se solicitare la suspensión del juicio a prueba o que el juicio se abreviare, la Cámara remitirá la causa al Juez Penal Juvenil a sus efectos. Si no se hiciere lugar a lo solicitado o se revocare la suspensión del proceso, la Cámara juzgará según lo previsto en las normas siguientes. Artículo 40.- Debate. Además de las propias del juicio común, durante el debate se observarán las siguientes normas: a) El debate se realiza a puerta cerrada y a la audiencia sólo podrán asistir las partes, los progeni- tores o referente socioafectivo del/la adolescente y las personas que tuvieren legítimo interés en presenciarlo, y b) Antes de la discusión final se leerán los estudios y peritaciones relativas del/la adolescente, sus condiciones familiares y ambientales, y se oirá a los progenitores o referente socioafectivo del/la adolescente y a la autoridad responsable de la ejecución de las medidas provisorias ordenadas. En caso de ausencia de estos últimos, sus declaraciones pueden ser suplidas con la lectura de los informes expedidos. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 154 ~ Artículo 41.- Declaración de responsabilidad del/la adolescente. En la audiencia de debate se de- clara la responsabilidad penal del/la adolescente y la calificación legal del hecho de acuerdo a la legislación vigente. El Juez Penal Juvenil determina la duración y modalidad del periodo de prueba sociocomportamental. Cumplimentado el plazo o los objetivos establecidos, el Juez Penal Juvenil debe correr vista a las partes a los fines de fijar, conforme lo crean conveniente, la audiencia de eventual imposición de pena, la misma deberá realizarse inmediatamente cumplido el plazo o los objetivos, lo que ocurra primero, y los jueces resolverán conforme a la legislación vigente. Artículo 42.- Recursos. En contra de la sentencia declarativa de responsabilidad, como la que dis- pone la pena o una medida socioeducativa, procederán los recursos extraordinarios previstos en la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. TÍTULO III REGLAS APLICABLES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO PUNIBLES Capítulo I Generalidades. Delitos graves. Audiencia Artículo 43.- Reglas generales. Cuando a una niña, niño o adolescente, que no haya alcanzado la edad para ser declarado penalmente responsable, se le atribuya la comisión de un delito, siempre que exista una base objetiva mínima respecto de la verosimilitud sobre la existencia del hecho y participación de la niña, niño o adolescente en el mismo, el Juez Penal Juvenil, con sujeción a las normas constitucionales y legales en la materia, atendiendo a las circunstancias del caso, en concordancia a los principios contenidos en la presente Ley y el interés superior de la niña, niño o adolescente, puede: a) Archivar las actuaciones basado en la condición de su edad; b) Disponer las medidas socioeducativas contenidas en el Capítulo II del Título II, a excepción de la prevista en el artículo 26 de la presente Ley debiendo continuar en su control el Juez Penal Juvenil que la dicta hasta su cese, o c) Remitir, si considera conveniente, a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 9944, la que tendrá la competencia exclusiva para determinar las medidas tendientes a restituir los derechos vulnerados, en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes. Artículo 44.- Delitos graves. Cuando a un adolescente se le atribuyera la participación en un hecho tipificado como: Homicidio simple y agravado (artículos 79 y 80 del Código Penal); abuso sexual agravado (artículo 119, 4° párrafo incisos a), b), c), d) y f) del Código Penal); robo agravado por el uso de arma operativa (artículo 166 inciso 2, 1er párrafo del Código Penal), lesiones graves y graví- simas (artículos 90 y 91 del Código Penal), el Juez Penal Juvenil debe dar intervención al Fiscal Penal Juvenil para que proceda a comprobar la existencia del hecho y la participación del/la adolescente. Artículo 45.- Medidas socioeducativas de resguardo institucional. En los casos previstos en el artículo 44 de la presente Ley, o cuando se desprenda de los informes técnicos que no resultan adecuadas otras medidas para llevar adelante el proceso socioeducativo de reintegración social del/la adolescente, el Juez Penal Juvenil, previa vista al Fiscal Penal Juvenil, puede dictar de mane- ra excepcional una medida de resguardo institucional que implique que el/la adolescente no podrá externarse por su propia voluntad, con el propósito de preservar su integridad conforme el interés superior del niño o de terceros. La misma debe ser dictada por auto fundado, por un plazo no su- perior a tres (3) meses, pudiendo ser prorrogada, por única vez, por otros tres (3) meses, debiendo ser alojado en un espacio asignado especialmente para adolescentes no punibles. Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 155 ~ La medida de resguardo institucional puede ser apelada conforme lo establecido en la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-. Artículo 46.- Audiencia. En los casos estipulados en los artículos 44 y 45 de la presente Ley y an- tes del vencimiento del plazo allí previsto, contado desde el dictado de la medida socioeducativa de resguardo institucional, el Juez Penal Juvenil debe convocar a una audiencia para valorar el cumplimiento de los objetivos de las medidas dispuestas. Deben tomar parte en la audiencia el Fiscal Penal Juvenil, quien ejerza la defensa técnica, el/la adolescente en cuestión, sus progenitores o referente socioafectivo y el equipo técnico intervinien- te. En la audiencia, el Juez Penal Juvenil escucha a todas las partes que haya convocado, incluido el/ la adolescente y puede resolver: a) La continuidad de la medida socioeducativa de resguardo institucional según los plazos estable- cidos en el artículo 45 de la presente Ley; b) El alojamiento en un dispositivo excepcional, no coercitivo, por el plazo de tres (3) meses, pro- rrogable por única vez, por otros tres (3) meses durante el cual el Organismo Administrativo debe continuar con un plan de trabajo de reintegración familiar y social, del cual debe informar mensual- mente al juzgado interviniente; c) Aplicar alguna de las medidas dispuestas en el Capítulo II del Título II, a excepción de la prevista en el artículo 26 de la presente Ley, o d) El archivo basado en la condición de la edad. TÍTULO IV CORRESPONSABILIDAD Capítulo I Programas transversales Artículo 47.- Fortalecimiento familiar y de cuidado. En todas las medidas establecidas en la presen- te Ley se requerirá de manera obligatoria la participación activa de los referentes socioafectivos con el objetivo de profundizar, reparar, orientar y facilitar la apropiación de herramientas que les permitan a las familias y a las niñas, niños y adolescentes avanzar un proceso reflexivo de sus propias vivencias que podrían haber influido en la situación actual que atraviesa. Artículo 48.- Organizaciones de la sociedad civil. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano o el organismo que la reemplace, coordinará con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a niñas, niños y adolescentes acciones y programas con el fin de articular y potenciar los recursos existentes para llevar adelante medidas de reintegración social. El funcionamiento de estas organizaciones estará suscripto a la normativa prevista en la Ley N° 9944. Artículo 49.- Mesa de coordinación y seguimiento. Integrantes. Créase la mesa de coordinación y seguimiento de las políticas públicas en materia penal juvenil, en adelante “Mesa de Coordinación y Seguimiento”, la que será convocada por el Organismo Administrativo para su conformación y funcionamiento. Estará integrada por nueve (9) miembros titulares e idéntica cantidad de suplen- tes, quienes ejercerán sus funciones “ad honorem” y por el término de dos (2) años, renovable por idéntico período de la siguiente manera: a) Uno (1) a propuesta del Poder Ejecutivo; b) Uno (1) a propuesta del Poder Judicial; Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 156 ~ c) Tres (3) a propuesta del Poder Legislativo; d) Uno (1) a propuesta de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes; e) Dos (2) a propuesta de las universidades con sede en nuestra provincia, y f) Uno (1) a propuesta de organizaciones de la sociedad civil referentes en la materia. La Mesa de Coordinación y Seguimiento debe constituirse en un plazo de treinta (30) días poste- riores a la reglamentación de la presente Ley. Artículo 50.- Funciones. La Mesa de Coordinación y Seguimiento tiene las siguientes funciones: a) Monitorear y promover políticas públicas en consonancia con lo prescripto en la presente Ley; b) Requerir informes a la Autoridad de Aplicación; c) Realizar visitas periódicas a los lugares dispuestos para el alojamiento de adolescentes en con- flicto con la ley penal; d) Elaborar informes para ser elevados a las autoridades pertinentes, y e) Recomendar las medidas que crea pertinentes para el cumplimiento de lo prescripto en la pre- sente Ley. TÍTULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Capítulo I Derogación. Vigencia Artículo 51.- Derogación. Derógase toda disposición que se oponga a la presente Ley o en su caso que establezca un estándar de tutela inferior a los trazados en esta Ley. Artículo 52.- Presupuesto. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones pre- supuestarias que fueren necesarias para la implementación de las disposiciones de la presente Ley. Artículo 53.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba. Artículo 54.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba. Artículo 55.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. Myrian Beatriz Prunotto - Guillermo Carlos Arias Edición número 1 BOLETÍN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Noviembre de 2025 ~ 157 ~